Derecho penal en Israel

El derecho penal israelí distingue entre investigación, acusación, juicio y determinación de la pena. Una sospecha policial no equivale a una condena, y la fiscalía debe demostrar el cargo penal ante el tribunal. La policía puede recoger declaraciones, documentos, grabaciones, pruebas físicas y otras pruebas obtenidas legalmente. Una persona puede ser interrogada como testigo o, tras una advertencia, como sospechosa, y la diferencia es importante. Una persona sospechosa tiene derechos durante una investigación, incluido el acceso a asesoramiento jurídico en las circunstancias apropiadas y la protección frente a la autoincriminación forzada. Siempre que sea posible, la respuesta concreta debe tratarse con un abogado penalista antes del interrogatorio. El arresto y la detención están sujetos a controles legales y a la supervisión judicial. Los tribunales consideran los fundamentos legales de la detención y si unas condiciones menos restrictivas pueden responder a la preocupación existente. Los fiscales deciden si las pruebas respaldan una acusación formal. Según el asunto, la acusación puede estar a cargo de fiscales policiales o de la Fiscalía del Estado (State Attorney’s Office). Por lo general, los casos penales se tramitan ante tribunales de magistrados o tribunales de distrito según su naturaleza y gravedad. Los recursos son examinados por el tribunal superior competente. Se presume que el acusado es inocente mientras no sea condenado. La defensa puede impugnar las pruebas de la acusación, presentar pruebas, formular argumentos jurídicos y utilizar los procedimientos de revisión disponibles. Los resultados pueden incluir el cierre de un expediente, el retiro o la modificación de los cargos, la absolución, la condena, una resolución acordada o la imposición de una pena. Un antecedente penal o incluso un caso abierto pueden tener efectos prácticos más allá de la sala del tribunal.