Convivencia en Kiribati

Kiribati no cuenta con una única autoridad vecinal nacional ni con una oficina uniforme de mediación. El Ministerio de Cultura y Asuntos Internos apoya a 23 consejos locales, incluidos tres consejos urbanos y 20 consejos insulares. Los consejos trabajan con concejales elegidos, alcaldes y comunidades locales. Una maneaba es un lugar de reunión comunitaria donde se conversa y se consulta. Utu se refiere a las redes familiares o de parentesco, mientras que Botaki n Unimwane y Te Botaki ni Unimaane se refieren a reuniones o cuerpos de personas mayores respetadas. Estas estructuras pueden ayudar a resolver desacuerdos cotidianos, pero su función no sustituye a la policía ni a los tribunales cuando se ha infringido la ley o alguien corre peligro. Los consejos locales elaboran y hacen cumplir reglamentos sobre asuntos como higiene, residuos y excrementos, puntos de agua, contaminación, espacios públicos, alteraciones del orden, armas, incendios, venta ambulante, circulación de menores por la noche, carreteras, caminos, alumbrado, parques y zonas recreativas. Por lo general, un reglamento requiere una resolución del consejo, la firma del Tibi Kauntira, un aviso público y debate, y la aprobación del ministro responsable. Los reglamentos del consejo tienen fuerza legal local. Según la infracción, las sanciones pueden llegar a una multa de hasta $10,000 o a un máximo de dos años de prisión, con sanciones continuadas de hasta $2,000 por día. El reglamento concreto y la ley nacional pertinente determinan qué se aplica. Los reglamentos del consejo se pueden consultar públicamente sin coste, aunque las copias pueden tener un coste. La información disponible no establece una tasa ni un plazo de respuesta uniformes a nivel nacional para los casos de los consejos. La Constitución protege la vida, la libertad, la protección jurídica, la libertad de conciencia, expresión, reunión y asociación, así como la privacidad. También protege frente a la discriminación por raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo. La discapacidad no figura expresamente entre esos motivos constitucionales de discriminación. El Ministerio de la Mujer, la Juventud, el Deporte y los Asuntos Sociales apoya el desarrollo de las mujeres, el bienestar de jóvenes y niños y la inclusión de las personas con discapacidad. La División de Inclusión de la Discapacidad y las alianzas con organizaciones de personas con discapacidad y comunidades ofrecen vías prácticas para avanzar en la inclusión, pero el acceso y el trato pueden variar según la isla, la edad, el género, la discapacidad y el grado de urbanización. La participación se da mediante elecciones de los consejos, concejales, alcaldes, reuniones públicas de los consejos, debates en las maneaba, iglesias, organizaciones no gubernamentales y proyectos comunitarios. Para el mandato de los consejos insulares de 2025–2029 fueron elegidos 249 concejales, incluidas 25 mujeres, y tres de los 23 alcaldes eran mujeres. Esta representación muestra que existe participación formal, aunque no está distribuida de manera uniforme. El apoyo del Ministerio a los consejos incluye formación, asistencia en gobernanza, desarrollo institucional, actas y reglamentos. Las islas exteriores pueden tener distancias mayores, comunicaciones más débiles y servicios menos constantes, por lo que el consejo local y las estructuras de reunión locales suelen ser la vía más directa para abordar una cuestión práctica. Ante conflictos corrientes, las personas pueden buscar primero ayuda en la familia o en su utu, una maneaba, Botaki n Unimwane o el consejo. Una disputa sobre un reglamento del consejo puede dar lugar a medidas de aplicación, intervención del Servicio de Policía de Kiribati y actuaciones judiciales. Los casos de peligro inmediato deben comunicarse a la policía, en lugar de tratarse únicamente mediante mediación informal. El número de emergencias de la policía es 188. Los números no urgentes indicados para Kiribati son +686 75126188, +686 75126190 y +686 74026187. La violencia doméstica está tipificada como delito en la Ley de Paz Familiar de 2014 (Family Peace Act 2014), también conocida como Te Rau n Te Mwenga. El sistema formal de respuesta ofrece órdenes de protección y órdenes de seguridad policial. SafeNet, también conocida como Te Nete n Kamaiu, conecta servicios como el Centro de la Mujer, la policía, la salud, el bienestar social y los tribunales. Las derivaciones desde las islas exteriores pueden requerir coordinación adicional, y la información disponible no publica tarifas ni horarios de servicio uniformes a nivel nacional. Los consejos gestionan o apoyan la limpieza, los residuos, los puntos de agua, los cementerios, el orden público, las carreteras, los caminos, los puentes, los embarcaderos, el alumbrado, el tráfico, los transbordadores, los parques, los espacios abiertos y las actividades recreativas. Quienes ocupan propiedades privadas pueden tener la obligación de despejar los caminos o espacios públicos colindantes. El Proyecto de Saneamiento de South Tarawa y la Junta de Servicios Públicos (Public Utilities Board) se ocupan del alcantarillado, los baños comunitarios y los servicios de agua, saneamiento e higiene, con participación comunitaria y mecanismos de comentarios. En South Tarawa había unas 3,184 personas por kilómetro cuadrado según la referencia de 2015 utilizada para la planificación nacional, lo que genera presión sobre el agua, los residuos y el saneamiento. Los servicios en las islas exteriores pueden costar más y tardar más debido a las distancias y las limitaciones de transporte. Kiribati no tiene un sistema administrativo nacional independiente para la vivienda compartida. Los acuerdos familiares y de utu, las normas comunitarias y de las maneaba, los reglamentos de los consejos y la Ley de Paz Familiar pueden influir en la convivencia, pero las cuestiones de alquiler, tierras y derechos sobre la vivienda corresponden al tema de vivienda, no a este. La convivencia digital se rige por la Ley de Comunicaciones de 2013 (Communications Act 2013), la Ley de Delitos Informáticos de 2021 (Cybercrime Act 2021) y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2020 (National Cybersecurity Strategy 2020). Entre los principales riesgos están el fraude, la desinformación, los daños a menores en internet y los delitos informáticos. La estrategia contempla filtros técnicos para menores y la posibilidad de que madres, padres o tutores soliciten a un proveedor el servicio de notificación parental, aunque su disponibilidad actual y aplicación varían según el proveedor. Las personas usuarias deben proteger su propia privacidad, respetar la de los demás y evitar conductas prohibidas por la ley de delitos informáticos. El cambio climático, los desplazamientos internos y la urbanización vinculan la convivencia cotidiana con el agua, el saneamiento, los espacios públicos y la participación comunitaria. El Plan Conjunto de Implementación de Kiribati (Kiribati Joint Implementation Plan) da prioridad a los planes estratégicos de los consejos insulares, los baños comunitarios y escolares, las iniciativas para eliminar la defecación al aire libre y mejorar el agua, el saneamiento y la higiene, y la adaptación local. En este ámbito no hay indicios de una política nacional independiente sobre reubicación internacional o vivienda compartida.