Derecho civil en Kiribati

La Constitución es la máxima autoridad jurídica en Kiribati. Las leyes, ordenanzas y reglamentos se sitúan por debajo de ella. Conforme a la Ley de Kiribati de 1989, el derecho consuetudinario local prevalece sobre el derecho común y la equidad cuando la costumbre es compatible con la Constitución y la legislación y se ajusta a las circunstancias locales. El derecho común consiste principalmente en normas jurídicas desarrolladas por los tribunales; la equidad aporta principios de justicia y recursos adicionales. El derecho común inglés y la equidad siguen aplicándose cuando no han sido sustituidos y continúan siendo adecuados para Kiribati. El país no tiene un Código Civil integral, por lo que la norma aplicable puede derivarse de una ley, una decisión judicial, el derecho consuetudinario o una combinación de estas fuentes. Las disputas civiles pueden tramitarse ante tribunales formales, en circuitos judiciales de las islas periféricas o mediante procesos consuetudinarios o comunitarios de resolución de conflictos. El poder judicial incluye tribunales de magistrados, el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación. Los tribunales de magistrados conocen reclamaciones civiles locales dentro de su jurisdicción económica aplicable, incluidos los litigios personales de contratos y responsabilidad civil extracontractual inferiores a 3.000 dólares conforme a la lista consultada del capítulo 52. Una orden del presidente del Tribunal Supremo puede ampliar esa jurisdicción. El Tribunal Superior conoce asuntos civiles en primera instancia y supervisa o revisa asuntos de tribunales inferiores. El Tribunal de Apelación conoce los recursos. Las disputas de tierras suelen comenzar ante un tribunal de tierras especial compuesto por cinco miembros dentro del sistema de tribunales de magistrados y pueden llegar al Tribunal Superior mediante recurso. Se espera que los tribunales de magistrados promuevan la reconciliación y los acuerdos amistosos. Un acuerdo alcanzado mediante un proceso comunitario puede resolver una disputa práctica, pero su efecto jurídico depende de las circunstancias y de cualquier trámite judicial o legal requerido. Las audiencias suelen celebrarse en kiribatiano, con intérprete cuando sea necesario. La legislación judicial consultada establece que debe haber sesiones ordinarias al menos una vez por año natural. El poder judicial organiza circuitos en las islas periféricas porque la población se distribuye en 21 islas habitadas; el lugar y la fecha de una sesión pueden influir en el acceso a una reclamación. Los contratos se evalúan generalmente conforme a los principios locales de derecho común y equidad sobre oferta, aceptación, incumplimiento y reparación, junto con legislación especial. Entre las leyes pertinentes figuran la Ley de Venta de Bienes 3/1992, la Ley de Prestamistas, la legislación de seguros y la Ley de Sociedades Incorporadas. En AUSPACIFIC Construction contra el Fiscal General, el tribunal consideró que la firma formal expresa era una condición suspensiva: las partes no habían formado un acuerdo vinculante antes de la firma requerida. Por ello, hay que comprobar si un contrato escrito establece la firma, una autorización u otro acontecimiento como condición para que surta efecto. Según los hechos, un tribunal puede conceder daños y perjuicios, dictar una orden judicial o exigir el cumplimiento específico. Un contrato con el Estado también puede implicar al Fiscal General y requisitos legales adicionales. La tierra es un aspecto central y muy especializado del derecho civil de Kiribati. Las tierras nativas se rigen por la Ordenanza de Tierras Nativas, el Código de Tierras y los procedimientos conexos. Las tierras estatales siguen un marco distinto conforme a la Ley de Tierras Estatales de 2001; ambos sistemas no deben tratarse como intercambiables. El registro de tierras nativas suele considerarse concluyente, con sujeción a las correcciones legales. Una transferencia realizada al margen del procedimiento legal autorizado puede ser nula. En general, las tierras nativas no pueden transferirse a una persona no nativa, salvo ciertas operaciones con el Gobierno, un consejo, la Corporación de Vivienda, una cooperativa o el Consejo Nacional de Préstamos. Un arrendamiento o subarrendamiento de tierra nativa requiere inspección judicial, aprobación ministerial e inscripción para ser válido. El arrendador debe conservar tierra suficiente para sí y sus dependientes. La División de Gestión de Tierras, el Director Jefe de Tierras y el Registro de Tierras Nativas desempeñan funciones administrativas y registrales clave. Un tribunal puede resolver sobre posesión, alquiler y daños en una disputa de tierras. La información del Gobierno indica una tasa de 5,60 dólares por un registro o búsqueda de titularidad y de 1 dólar por página para una lista de tierras; hay que confirmar los costes vigentes con la oficina responsable. La revisión de los alquileres se realiza cada tres años conforme al marco pertinente. Los asuntos familiares combinan leyes formales y prácticas consuetudinarias. La Ordenanza del Matrimonio y la Ley de Enmienda del Matrimonio de 2002 regulan el registro formal de matrimonios. La enmienda excluye los matrimonios de menores de 18 años; por lo general, una persona menor de 21 años necesita el consentimiento de sus progenitores o tutores, salvo que el Registrador General lo dispense tras una investigación. El registro matrimonial y los certificados civiles se gestionan a través del Registrador General y las oficinas públicas pertinentes. La información gubernamental sobre servicios indica que el certificado cuesta 5 dólares; hay que confirmar localmente la disponibilidad y los trámites fuera de Bairiki. El divorcio nativo sigue la legislación de divorcio nativo e incluye requisitos de residencia y domicilio. Quien presenta la petición debe cumplir el requisito de residencia aplicable y ambos cónyuges deben estar domiciliados en las islas Gilbert. El proceso incluye un decreto provisional y una revisión posterior antes de que el decreto sea definitivo; el derecho de apelación puede afectar los plazos. En los casos de custodia, el bienestar del menor es la consideración primordial. La persona o unidad familiar que tenga la custodia puede ser responsable de su manutención. Los procedimientos de paternidad pueden implicar una investigación judicial, normas consuetudinarias y órdenes de pago de dinero, alimentos u otra manutención. La adopción nativa requiere inscripción judicial, que puede afectar a la sucesión de tierras. La violencia familiar y los asuntos penales siguen marcos distintos y no se convierten en reclamaciones civiles ordinarias solo por existir una relación familiar. Las reglas de herencia están mejor establecidas para las tierras y los patrimonios nativos. Un testamento nativo es una instrucción escrita sobre la distribución de un patrimonio nativo. Debe estar atestiguado por dos personas que no sean familiares ni beneficiarias y luego depositarse o inscribirse conforme al procedimiento pertinente. El tribunal de magistrados actúa como tribunal sucesorio para los testamentos nativos, mientras que el Registro de Tierras Nativas, el Director Jefe de Tierras y la División de Gestión de Tierras se ocupan de los registros de tierras y sucesión. Si no hay testamento, los parientes más próximos pueden llegar a un acuerdo que necesita aprobación judicial. Sin un acuerdo aprobado, la distribución puede seguir reglas específicas de cada isla conforme al Código de Tierras y el derecho consuetudinario. Las participaciones pueden variar según el parentesco, incluida la posición del cónyuge, hijos, hijos varones o mujeres, o el primogénito. Un hijo adoptado puede heredar como un hijo biológico si la adopción cuenta con la inscripción requerida. Tras el fallecimiento del propietario, una minuta u otra notificación equivalente a la División de Gestión de Tierras ayuda a registrar los datos del fallecido en los registros y la base de datos. Las fuentes consultadas no establecieron un régimen sucesorio general completo para patrimonios no nativos y bienes personales; por tanto, no se debe suponer que existe un único procedimiento para esos activos. La responsabilidad se basa principalmente en principios locales de derecho común y responsabilidad civil extracontractual. Un ilícito civil es una conducta que puede dar lugar a una reclamación por pérdida o lesión, como la negligencia en un caso apropiado. Por lo general, quien reclama debe probar los hechos pertinentes según el criterio de mayor probabilidad. Según la reclamación, el tribunal puede conceder daños, dictar una orden judicial u otorgar otra reparación adecuada. La negligencia y el incumplimiento contractual pueden generar responsabilidad, pero el resultado depende de los hechos, las pruebas y las leyes aplicables. Las reclamaciones contra la República se rigen por la Ley de Responsabilidad del Gobierno 9/2010 y la Ordenanza de Procedimientos Judiciales contra la República. Por ello, las reclamaciones contra un organismo público deben comprobarse conforme al procedimiento legal específico y no tratarse como una reclamación privada ordinaria. En Fiscal General contra Tio, el tribunal tuvo en cuenta la política local y el contexto consuetudinario, en lugar de aplicar automáticamente las inmunidades gubernamentales inglesas. Esto muestra que un caso inglés o un manual de ese país puede no ofrecer una respuesta completa para una disputa en Kiribati. Después de una sentencia, la ejecución puede implicar al alguacil, agentes judiciales, agentes de policía autorizados, tribunales de magistrados o la Secretaría del Tribunal Superior. Una sentencia de un tribunal de magistrados superior a 40 dólares puede transferirse al Tribunal Superior cuando el deudor no tenga bienes muebles disponibles para su ejecución. El incumplimiento de un arrendamiento de tierra nativa puede dar lugar a incautación o venta dentro de los límites legales, incluida la disposición del capítulo 52 que se refiere al cobro de hasta 250 dólares, y un tribunal puede dictar una orden de posesión. Los atrasos de paternidad o manutención de menores pueden tratarse como deuda civil. Un recurso no suspende automáticamente la ejecución. El tribunal puede suspenderla si se cumplen los requisitos legales. La Ley de Ejecución Recíproca establece un marco para algunas sentencias extranjeras, pero hay que confirmar los países con reciprocidad actualmente aplicable y el procedimiento práctico antes de confiar en una sentencia extranjera en Kiribati. Las tasas judiciales y los requisitos de presentación se establecen en las normas aplicables; hay que confirmar las listas y tarifas vigentes con la Secretaría, pues el material consultado no establece todos los importes y plazos actuales. Un magistrado puede aprobar la exención de tasas cuando se demuestre pobreza u otra causa suficiente. La Oficina de Servicios Jurídicos Públicos puede ofrecer asesoramiento, representación y mediación a personas necesitadas o en desventaja, de acuerdo con sus reglas de elegibilidad y disponibilidad operativa. En disputas de tierras, matrimonio, herencia, organismos gubernamentales o islas periféricas, hay que confirmar con la institución pertinente la oficina responsable, la competencia del tribunal, los documentos necesarios, la tarifa vigente y las sesiones disponibles. Conviene conservar contratos, certificados, registros de tierras, pruebas de pago, correspondencia e información de testigos en un expediente ordenado. En las fuentes consultadas no quedó suficientemente documentada la consolidación vigente de leyes y normas judiciales, los trámites concretos de presentación desde las islas periféricas, la duración media de los casos, las listas detalladas de tasas ni la sucesión de bienes no nativos.