La familia en Kiribati

Las relaciones familiares en Kiribati suelen incluir parentesco extenso y hogares multigeneracionales. El censo de 2020 registra en los hogares a cónyuges, hijos, padres, hermanos, otros parientes y yernos o nueras. Los niños pueden trasladarse desde las islas periféricas a South Tarawa para estudiar o trabajar y vivir con parientes. Un estudio de referencia de 2008 constató que el 25 % de los adultos tenía un hijo biológico que vivía fuera de su hogar; la migración por motivos climáticos y laborales puede aumentar la separación y las responsabilidades de cuidado. El Ministerio de Justicia y el Registro General se ocupan de inscribir los matrimonios, y el principal servicio está en Bairiki. La Ordenanza Matrimonial y la Ley de Modificación de la Ordenanza Matrimonial de 2002 fijan en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Por lo general, las personas menores de 21 años que no hayan enviudado necesitan el consentimiento escrito de ambos progenitores o de un tutor; el Registro General solo puede sustituir ese consentimiento en circunstancias muy concretas. Los matrimonios consuetudinarios y religiosos, así como la convivencia, pueden reconocerse como relaciones domésticas a efectos de protección familiar aunque su inscripción civil se tramite por separado. Los progenitores y familiares tienen la responsabilidad principal de proteger y velar por el bienestar de los niños. Sus obligaciones incluyen proporcionarles alimento, vivienda, ropa, vacunas, atención médica y apoyo para su desarrollo. Un progenitor, un niño o un joven puede pedir ayuda a un trabajador de bienestar social. Las familias, las comunidades, los organismos públicos, las ONG, las iglesias, las organizaciones religiosas y los líderes comunitarios pueden prestar servicios de prevención, apoyo e intervención temprana. Las preocupaciones sobre la seguridad de un niño pueden comunicarse al director, a un trabajador de bienestar social o al Servicio de Policía de Kiribati. El aviso puede ser anónimo y la ley protege a quienes comunican una preocupación. La policía debe garantizar la seguridad inmediata e informar a la autoridad de bienestar social pertinente. Los trabajadores sociales y la policía pueden poner a un niño en un lugar seguro si existe peligro inmediato, y un tribunal puede dictar una orden de protección y cuidado. Puede haber una pensión provisional de manutención. El Abogado del Pueblo puede facilitar representación independiente para un niño, en función del acceso y la capacidad disponibles. La Ley Te Rau N Te Mwenga, también denominada Ley de Paz Familiar, abarca relaciones domésticas como el matrimonio legal, consuetudinario y religioso; la convivencia; la paternidad o maternidad compartida; las relaciones de adopción; el noviazgo o cortejo; la residencia compartida; y la dependencia de cuidados continuados dentro del mismo hogar. Se aplica a la violencia física, sexual, verbal, emocional, psicológica y económica, ya sea un acto aislado o un patrón de conducta. El Tribunal de Magistrados presta servicio en todo el país para tramitar solicitudes de protección. Puede dictarse una orden de protección de emergencia el mismo día, con una duración de hasta 28 días; una orden de protección temporal puede durar hasta 90 días. Una orden policial de seguridad puede exigir la entrega de armas y que alguien salga de la vivienda. La policía debe iniciar una causa cuando hay pruebas suficientes y no debe derivar a la persona denunciante a un proceso de reconciliación. Puede haber información, refugio, atención médica y asesoramiento mediante SafeNet, el Centro de Apoyo a Mujeres y Niños de Kiribati y otros servicios. Las transiciones familiares pueden requerir acuerdos temporales de custodia, visitas o protección. La Ley de Bienestar de Niños, Jóvenes y Familias de 2013 permite que un niño vuelva con sus progenitores cuando existe un acuerdo suficiente, pero la investigación disponible no acredita un procedimiento actual completo de divorcio y manutención. No consta claramente que Kiribati tenga una ley indígena propia de adopción; se aplica la Ley de Adopción británica de 1958 adaptada, y las normas pertinentes permiten adoptar huérfanos de Kiribati únicamente a personas domiciliadas en Kiribati. El Tribunal Superior tiene competencia. El Abogado del Pueblo o el fiscal general pueden ser vías de acceso a asistencia, pero no se publican los organismos de adopción, los costes ni los plazos de tramitación. Las familias y comunidades siguen siendo las principales cuidadoras de los parientes dependientes. Las prestaciones formales para discapacidad y familia están fragmentadas. UNICEF informó de que el 21 % de la población total recibía al menos una prestación. Las cifras disponibles registraron que el 1 % de los niños recibía protección social; el 1 % de los niños u hogares recibía una prestación monetaria infantil; y el 16 % de las personas en situación de pobreza recibía una prestación monetaria de asistencia social. No había datos disponibles sobre prestaciones monetarias por nacimiento ni por discapacidad grave, así que no debe suponerse que exista una prestación familiar universal. El Ministerio de Justicia y el Registro General se ocupan de la inscripción civil de nacimientos, defunciones y matrimonios. Los certificados se tramitan en Bairiki y la tarifa registrada es de 5, aunque la investigación disponible no aclara bien la moneda ni si las gestiones son diferentes en las islas remotas. En 2021 se había inscrito el nacimiento del 92 % de los niños menores de cinco años. No hay constancia directa de una prestación nacional para funerales o duelo; por lo general, las familias recurren a parientes, comunidades, grupos religiosos y estructuras de bienestar social. Las necesidades familiares adquieren especial importancia cuando la violencia, la pobreza, la educación, la nutrición, los cuidados o la distancia entre islas generan presión. Según cifras de encuestas, en 2019 el 92 % de los niños de 1 a 14 años había sufrido disciplina violenta; en 2018 el 25 % de las mujeres y niñas de 15 años o más que habían tenido pareja había experimentado violencia de pareja; en 2019 el 18 % de las mujeres de 20 a 24 años se había casado antes de cumplir los 18; y en 2023–2024 el 24 % de los niños vivía en pobreza multidimensional. Las cifras corresponden a los años indicados y no deben considerarse tasas actuales de prevalencia. Los servicios oficiales están legalmente disponibles en todo el país, pero el transporte, la dotación de personal y el alcance de los servicios pueden retrasar su acceso en las islas periféricas.