Derecho civil en Laos

El Código Civil contiene 630 artículos y sustituyó gran parte de la regulación anterior, que trataba por separado contratos, responsabilidad extracontractual, asuntos familiares, propiedad, sucesiones y garantías reales. El texto en lao es jurídicamente vinculante; las traducciones al inglés pueden servir de apoyo para la investigación, pero no sustituyen la versión oficial lao. El Código se publica en la Gaceta Oficial, y los tratados internacionales prevalecen cuando entran en conflicto con la legislación nacional. La libertad contractual, la igualdad, la buena fe, la honestidad y el cumplimiento de la ley orientan las relaciones civiles. Las prácticas consuetudinarias solo pueden colmar una laguna si no entran en conflicto con la Constitución o la legislación. La ley reconoce a las personas físicas y jurídicas. La capacidad jurídica comienza al nacer, mientras que un menor o una persona con capacidad restringida o perdida puede necesitar representación o tutela. La identidad, el domicilio y el estado civil suelen acreditarse mediante registros familiares, documentos de identidad y pruebas de residencia. El registro familiar comprende nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. En general, un centro sanitario debe expedir un certificado de nacimiento en un plazo de 7 días; un nacimiento en el hogar se notifica a través de la administración de la aldea en un plazo de 15 días y se registra dentro de los 30 días siguientes al certificado. La notificación y el registro de defunciones tienen plazos distintos, incluido un plazo general de 5 días laborables para notificar a la aldea y de 15 días para registrar. La oficina responsable depende del lugar y del tipo de registro y puede ser una unidad de la aldea, el distrito, la provincia, la capital o una misión en el extranjero. Un contrato es un acuerdo reconocido legalmente que crea obligaciones entre un acreedor y un deudor. El consentimiento debe ser voluntario, las partes deben tener la capacidad requerida y el objeto debe ajustarse a la ley. El Código Civil permite formas escritas, verbales u otras cuando el Código o una ley especial lo autoricen. Entre los tipos regulados figuran compraventa, permuta, compraventa a plazos, donación, préstamo, arrendamiento, prestación de servicios, construcción, transporte, seguro, sociedad y mandato. Para ciertos documentos, transacciones sobre tierras, garantías reales y testamentos, la forma escrita, la notarización o el registro pueden ser obligatorios o decisivos en la práctica. Si la otra parte no cumple o presta un servicio defectuoso, se puede solicitar el cumplimiento, una indemnización por daños, la suspensión, la compensación de obligaciones o la terminación. El derecho de propiedad abarca la posesión, la titularidad, el uso, el usufructo, la disposición, la copropiedad, las servidumbres y el derecho de superficie. La tierra está sujeta a un régimen especial en virtud de la Ley de Tierras: es un bien nacional administrado por el Estado, por lo que las partes privadas suelen tener derechos de uso de la tierra en lugar de la propiedad plena del terreno. Estos derechos pueden incluir protección, uso, usufructo, transferencia y herencia. El título y el registro son pruebas fundamentales. El uso consuetudinario de la tierra por ciudadanos lao puede reconocerse cuando la posesión, el desarrollo o el uso regular se han mantenido durante al menos 20 años y se completan las confirmaciones exigidas de la aldea y de los usuarios colindantes, así como los trámites de registro. Los extranjeros, las personas apátridas y las organizaciones extranjeras no acceden a la vía ordinaria de derechos de uso de la tierra reservada a los ciudadanos lao. Pueden recurrir a arrendamientos estatales, concesiones, modalidades estatales de uso de la tierra por tiempo limitado o arrendamientos admisibles de ciudadanos lao o entidades lao. Puede existir la propiedad de una unidad de condominio mientras el terreno subyacente siga siendo propiedad estatal o esté sujeto a derechos de uso compartidos. El derecho de familia dentro del Código Civil regula el matrimonio, los bienes matrimoniales, el divorcio, la filiación, la adopción, la tutela, el cuidado de los hijos y la pensión alimenticia. En general, ambos contrayentes deben tener al menos 18 años, dar su consentimiento y registrar el matrimonio; se aplica la monogamia. Los cónyuges tienen los mismos derechos en las decisiones familiares. Se distinguen los bienes prematrimoniales, heredados y recibidos específicamente como donación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Un divorcio sin disputas sobre hijos, bienes o responsabilidad puede tramitarse mediante orientación en la aldea y en el registro familiar del distrito; los casos disputados o basados en motivos legales se presentan ante un Tribunal Popular. El período de orientación o reconciliación puede durar hasta 3 meses. La sucesión se abre cuando una persona fallece o se declara definitivamente su muerte. El patrimonio puede incluir bienes, derechos y obligaciones, con arreglo a la ley y los contratos. La sucesión puede regirse por la ley o por un testamento. Los hijos, hijos adoptados, hijastros, el cónyuge superviviente, los ascendientes, los hermanos y otros parientes pueden tener derechos según el orden y las condiciones del Código Civil. Los bienes matrimoniales se separan de los bienes originales de la persona fallecida. Un testamento puede ser escrito u oral; por lo general, el testamento escrito requiere una firma o huella dactilar, y puede necesitar testigos si quien lo redacta no es el propietario. La inscripción notarial o en la aldea puede proteger las pruebas del testamento. El Código limita la parte de libre disposición cuando hay hijos protegidos: hasta la mitad si hay un hijo, un tercio si hay dos y un cuarto si hay tres o más. La responsabilidad civil abarca el incumplimiento contractual y los actos ilícitos que causan daños. Una reclamación puede referirse a bienes, salud, vida, reputación o sufrimiento emocional y solicitar dinero, bienes, reparación, cumplimiento u otra reparación civil. Por lo general, las reclamaciones extracontractuales requieren un acto ilícito, un daño y una relación causal. Pueden aplicarse reglas especiales a empleadores, padres o tutores, propietarios de animales o edificios, contratistas, productos, objetos peligrosos, daños ambientales, enriquecimiento injustificado y gestión de negocios ajenos sin encargo. Los asuntos laborales, de tráfico, penales y de consumo pueden requerir una clasificación jurídica distinta aunque también tengan consecuencias o reclamaciones civiles. La Ley de Procedimiento Civil n.º 67/NA vigente entró en vigor el 30 de enero de 2025. Los litigios civiles, comerciales, familiares, juveniles, laborales y otros admisibles pueden presentarse ante los Tribunales Populares; las normas de acceso también incluyen a extranjeros y personas apátridas. El sistema judicial cuenta con instancias de primera instancia, apelación y casación. Los tribunales de primera instancia y de apelación examinan los hechos, las pruebas y el derecho, mientras que la casación se centra en cuestiones jurídicas. Por lo general, las partes deben aportar las pruebas y la base jurídica de sus reclamaciones. El lao es el idioma de los tribunales y existe derecho a intérprete. La mediación puede tener lugar en cualquier etapa, y las audiencias suelen ser públicas salvo excepciones, como asuntos familiares o juveniles y cuestiones que impliquen secretos de Estado o sociales. Una sentencia firme u otro título legalmente ejecutable puede presentarse para su ejecución con arreglo a la Ley de Ejecución de Sentencias n.º 12/NA, de 17 de noviembre de 2021, en su versión revisada. Normalmente, el organismo ejecutor notifica a las partes dentro de los 5 días laborables posteriores a recibir una sentencia firme. Si no se cumple voluntariamente, las medidas legales pueden incluir localizar bienes, embargarlos o incautarlos, venderlos o realizarlos, y coordinar la consulta de información bancaria o registral sobre tierras. El Ministerio de Justicia, su estructura de gestión de ejecución de sentencias, las divisiones provinciales o de la capital y las oficinas distritales o municipales desempeñan funciones de ejecución, cuya legalidad supervisa la Fiscalía Popular. Las sentencias extranjeras requieren una evaluación específica conforme a las normas procesales civiles vigentes, los tratados, los requisitos de traducción y las condiciones de jurisdicción; no debe darse por supuesto su reconocimiento y ejecución automáticos. El acceso formal varía según la provincia, el distrito y el municipio. Los originales certificados, las firmas o huellas dactilares, las actas notariales, la confirmación de la aldea, los libros familiares, los títulos de tierra y los registros pueden determinar si se acepta una reclamación o transacción. Las tasas y los plazos dependen del documento, el proceso judicial, el registro, la traducción, los peritajes y las circunstancias de ejecución; no existe una tarifa nacional fija ni una duración media fiable. El asesoramiento jurídico resulta especialmente útil en asuntos de condición de extranjero, tierras, conflictos familiares, sucesiones, contratos complejos y ejecución.