El Estado en Laos

La Constitución es la ley fundamental de Laos. Se revisó en 2025 y entra en vigor jurídicamente mediante un decreto presidencial de promulgación; todas las leyes deben ajustarse a ella. El original en lao es la versión auténtica, mientras que las traducciones extranjeras son informativas. El Boletín Oficial es la fuente autorizada de la legislación general a nivel nacional, provincial y de la capital. Las normas distritales y de aldea pueden difundirse por otros medios locales accesibles. Por lo general, los proyectos de ley se someten a comentarios públicos durante 60 días, con excepciones. La promulgación presidencial suele tardar hasta 30 días; si hay reconsideración, se prevé un período adicional de hasta 15 días. La Asamblea Nacional es el máximo órgano del poder estatal. Aprueba leyes, impuestos, endeudamiento público y el presupuesto nacional; nombra a funcionarios clave y ejerce supervisión. La décima legislatura, en 2026, cuenta con 175 miembros, tiene un mandato de cinco años y normalmente celebra dos períodos ordinarios de sesiones al año. Su Comité Permanente actúa entre períodos. Las Asambleas Populares locales ejercen la autoridad estatal local mediante resoluciones, presupuestos y supervisión. Thongloun Sisoulith es presidente de Laos, Xaysomphone Phomvihane es presidente de la Asamblea Nacional y Sonexay Siphandone es primer ministro. El Gobierno proporciona una administración estatal unificada e integral. Rinde cuentas ante la Asamblea Nacional y el presidente. El primer ministro dirige el Gobierno y las administraciones locales. En 2026, la estructura central cuenta con 13 ministerios y dos organismos equivalentes a ministerios, entre ellos el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Planificación e Inversiones, el Banco de Laos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa Nacional. El modelo constitucional de 2025 comprende niveles provincial, distrital y subdistrital. Laos tiene actualmente 18 provincias y la capital, además de 148 distritos. La reforma de 2026 ha puesto en funcionamiento 379 subdistritos en 110 distritos, y prevé 621 en total. Los Comités Administrativos Subdistritales y, donde se hayan establecido, las asambleas locales se ocupan de los servicios locales, los planes, los presupuestos, los recursos naturales, la seguridad y las peticiones. Un subdistrito suele llamarse Ta Saeng. Una provincia es un khoueng, un distrito es un mueang y una aldea es un ban. Algunos subdistritos cuentan con centros de atención pública integral. La distancia de viaje, el personal, las instalaciones, los presupuestos y los trámites en lao pueden hacer más lento el acceso en zonas remotas. Los ciudadanos pueden presentar peticiones a los organismos públicos, formular quejas y acudir a la justicia. Los extranjeros y las personas apátridas reciben protección jurídica y tienen derecho a presentar peticiones conforme al marco constitucional. Los Tribunales Populares son las autoridades judiciales e incluyen el Tribunal Supremo, los tribunales locales y los tribunales militares, con instancias de primera instancia, apelación y casación. La Fiscalía Popular opera a nivel supremo, local y militar. Las audiencias son públicas salvo que la ley establezca una excepción. El acusado tiene derecho a recibir información, defenderse y contar con asistencia letrada. Laos no dispone de un baremo nacional único de costas judiciales ni de duración de los procesos. El Ministerio de Finanzas gestiona las finanzas públicas; el Banco de Laos es la autoridad monetaria; y el Ministerio de Planificación e Inversiones coordina la planificación, las estadísticas, la asistencia oficial para el desarrollo y las inversiones. El Ministerio de Finanzas publica el presupuesto preliminar de 2026 y los informes de ejecución del primer y segundo trimestre. La deuda pública y con garantía pública oficial de 2024 ascendía a unos 14.070 millones de USD, equivalentes a aproximadamente el 94 % del PIB, y cerca del 76 % era externa. En 2026, el FMI evaluó que Laos se encontraba en situación de sobreendeudamiento externo y global y describió la deuda como insostenible. El servicio de la deuda, los pasivos de las empresas estatales, la recaudación de ingresos, el gasto de capital y la transparencia de las finanzas públicas afectan, por tanto, a la capacidad del Estado para prestar servicios. Se esperaba que la política fiscal se flexibilizara en 2026. La Autoridad Estatal de Inspección supervisa el cumplimiento de las políticas, las leyes, los derechos y las obligaciones; se ocupa de la lucha contra la corrupción y las quejas; revisa las declaraciones de bienes e ingresos y puede exigir medidas correctivas. La Organización Estatal de Auditoría realiza auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño mediante estructuras centrales y regionales. Las auditorías pueden ser planificadas, solicitadas o espontáneas; el aviso ordinario suele ser de 15 días, mientras que las auditorías espontáneas son una excepción. Los resultados de las auditorías sobre ejecución presupuestaria se comunican a la Asamblea Nacional y al primer ministro. La divulgación requiere autorización del órgano estatal competente conforme a la Ley de Auditoría. La Constitución protege formalmente la libertad de expresión, escritura, reunión, asociación, manifestación pacífica, religión y circulación, con sujeción a las restricciones legales. El Frente Lao para la Construcción Nacional y las organizaciones de masas apoyan la movilización, protegen los derechos de sus miembros y supervisan las asambleas. La política de medios asigna a estos una misión estatal vinculada con la protección y el desarrollo nacionales, y prohíbe los contenidos que se consideren perjudiciales para los intereses nacionales. Por ello, el marco formal de derechos coexiste con medios de comunicación y canales cívicos gestionados por el Estado; las evaluaciones de la ACNUDH han informado de restricciones que afectan a la expresión, la reunión, la asociación y la independencia de los medios. El presidente preside el Comité Nacional de Defensa y Seguridad y ejerce de comandante en jefe. La defensa y la seguridad son funciones estatales e incluyen deberes ciudadanos como el servicio militar y el mantenimiento del orden público. El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública y las estructuras locales de seguridad son responsables de la soberanía, la integridad territorial, la estabilidad, la gestión de crisis y la respuesta a desastres. En 2026 se estableció un Comité Nacional de Gestión de Internet bajo el Ministerio de Seguridad Pública. El acceso administrativo, las publicaciones, las tarifas y los plazos de tramitación dependen del procedimiento; para cada asunto concreto, conviene comprobar cuál es la autoridad responsable y cuál es el trámite local en lao.