Vivienda en Libia

Las personas en Libia encuentran vivienda a través de propietarios privados, agencias inmobiliarias privadas (مكاتب عقارية), familiares y redes de acogida, proyectos de vivienda pública y acuerdos informales o colectivos. No se ha constatado que exista un portal nacional de alquileres fiable, una plataforma de asignación unificada o un registro nacional de alquileres. La disponibilidad, documentación, servicios y aplicación de las normas pueden diferir considerablemente entre Trípoli, Bengasi, Misrata y otros municipios. Para comprar o adquirir otro derecho sobre una propiedad, la Autoridad de Registro Inmobiliario, conocida como RERIL (مصلحة التسجيل العقاري), se ocupa de la propiedad, el usufructo y derechos relacionados. Una comprobación formal debe incluir el título o expediente de la propiedad, datos catastrales, objeciones, decisiones judiciales y la autoridad del vendedor. Los registros pueden estar en papel, desactualizados o afectados por bloqueos registrales, propiedad poco clara, ocupación secundaria, apropiación ilegal o disputas. También hay que consultar a la Autoridad Nacional de Planificación Urbana (UPA) y al municipio pertinente sobre el plan aprobado, la situación del edificio o su uso y las ampliaciones informales. La declaración del vendedor no demuestra por sí sola que la propiedad sea segura. El alquiler se rige como marco de referencia por la Ley n.º 28/1976, aunque en la práctica el mercado está ampliamente desregulado. Un contrato escrito más sólido suele identificar a las partes, la propiedad, el plazo, el alquiler, los pagos y el uso permitido. Los trámites formales pueden implicar al notario público de la jurisdicción de la propiedad, firmas certificadas y timbres, certificado de propiedad del arrendador, certificado de ausencia de disputas, documentos de identidad e inscripción ante la Autoridad Tributaria. Las orientaciones mencionan un impuesto de timbre del 1 %, pero hay que verificar localmente la práctica vigente y las oficinas disponibles. Se calcula que aproximadamente dos de cada tres hogares carecen de contrato escrito, por lo que un acuerdo verbal puede dejar al inquilino con menor seguridad de tenencia; los justificantes de pago, mensajes y testigos pueden ayudar a probar el acuerdo. Según las normas formales de alquiler, el arrendador debe entregar la vivienda en condiciones habitables y hacerse cargo del mantenimiento y las reparaciones necesarias. El inquilino debe usarla según lo acordado, cuidarla razonablemente y obtener autorización escrita antes de subarrendar, ceder el contrato, hacer modificaciones o realizar mejoras. El depósito máximo indicado es de dos meses de alquiler; formalmente no se permiten alquileres por adelantado ni tarifas contractuales adicionales. La aplicación de estas normas es desigual, por lo que el contrato escrito y los comprobantes de pago siguen siendo importantes en la práctica. Entre los motivos formales para terminar un arrendamiento figuran los atrasos de alquiler tras un aviso de 30 días; el subarrendamiento o la cesión no autorizados; el uso perjudicial o contrario a lo acordado; más de 90 días sin ocupar la vivienda si el inquilino tiene otra residencia; la terminación de un contrato de servicios vinculado; una estructura insegura; demolición o reconstrucción; y la ocupación por el propietario o su hijo. Para la ocupación por el propietario, el plazo de aviso indicado es de seis meses o el periodo restante del arrendamiento, si es más largo, y requiere actuaciones judiciales. Se han documentado desahucios privados o forzosos; no debe suponerse que un desalojo por cuenta propia sea legal o seguro. Sin contrato formal, quizá sea necesario demostrar la relación y sus condiciones mediante otras pruebas. La inspección de una vivienda debe abarcar seguridad estructural, agua, electricidad, aguas residuales, acceso, documentos y autoridad del arrendador para alquilar o vender. La continuidad de los servicios depende de la región y el lugar; las ampliaciones informales o periurbanas pueden tener servicios más deficientes. Según el estado comunicado de la ley de 1960, la propiedad inmobiliaria extranjera está generalmente prohibida, salvo excepciones o autorización, por lo que los inversores no libios suelen tener que estudiar opciones de arrendamiento. Las orientaciones de ACNUR indican que para alquilar una vivienda se necesita un permiso de residencia válido; las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes sin situación regular pueden tener un acceso formal inseguro y exponerse a explotación y desalojo. La nacionalidad y la situación de residencia deben comprobarse caso por caso. El Ministerio de Vivienda y Construcción y el Programa Nacional de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario son pertinentes para la vivienda pública. La Decisión 92/2025 del Consejo de Ministros estableció el programa, con sede en Trípoli y personalidad jurídica y financiera independiente. Su objetivo es abordar la escasez de viviendas, reactivar o finalizar proyectos públicos anteriores, proporcionar terrenos, trabajar con promotores y facilitar el acceso de los ciudadanos. Es una vía de política pública, no prueba de un derecho universal a la vivienda ni de que exista un sistema nacional de solicitudes abierto. Las convocatorias, criterios de elegibilidad y plazos deben consultarse con el municipio o entidad del proyecto responsable. Las condiciones de vivienda son especialmente importantes para los hogares desplazados y quienes regresan a viviendas dañadas o disputadas. En su evaluación de diciembre de 2025, la OIM registró 106.371 desplazados internos en Libia, incluidos 51.106 en el este y 18.425 relacionados con la tormenta Daniel; 80.951 personas estaban en vías de encontrar soluciones. Persistían problemas como viviendas dañadas, ocupación secundaria, falta de documentos de vivienda, tierra y propiedad, y carencias de servicios. Para regresar puede ser necesario demostrar un derecho, evaluar la seguridad, reparar o rehabilitar la vivienda y negociar o recibir ayuda para el retorno. Los refugios temporales, artículos no alimentarios, ayuda para el alquiler, reparaciones menores y la estancia con familiares o familias anfitrionas pueden ofrecer apoyo a corto plazo, pero no crean una tenencia estable. El indicador de ACNUR de 2024 registró viviendas habitables y asequibles para el 38,61 % de las personas desplazadas internamente y el 13,91 % de las personas refugiadas y solicitantes de asilo; la asistencia de alojamiento alcanzó a 11.582 personas desplazadas internamente. Los costes de vivienda varían según el lugar y la propiedad; no se dispone de una serie nacional actual de alquileres fiable. Los datos de campo de ONU-Hábitat de 2023 indicaban que las viviendas eran ampliamente inasequibles: el 76 % de los encuestados urbanos y el 68 % de los rurales consideraban que los precios eran inasequibles; comprar una casa podía representar entre 7 y 50 años de ingresos del hogar. Estas cifras no son cotizaciones actuales del mercado. Las tarifas publicadas por RERIL en 2023 indicaban 20 LYD por una solicitud de verificación de propiedad o usufructo, 20 LYD por una objeción, 50 LYD por una apelación y 20 LYD más 5 por mil del valor de la propiedad por un certificado de propiedad o usufructo. La inscripción de un arrendamiento de más de nueve años figuraba a 20 LYD más 5 por mil del valor del alquiler o beneficio. Antes de pagar, confirme con la sucursal la vigencia y aplicación de cada tarifa.