Etapas de la vida en Madagascar

Las principales categorías prácticas son la infancia, la adolescencia y juventud, la edad adulta y la vida laboral, las responsabilidades familiares, la vejez, la discapacidad o dependencia para recibir cuidados, las grandes transiciones y las crisis. Se superponen: un joven puede dejar los estudios para trabajar, una persona adulta puede pasar al trabajo por cuenta propia, un hogar puede necesitar apoyo tras un ciclón y una persona mayor puede depender principalmente de cuidados familiares o comunitarios. Los menores de 18 años reciben protección de sus padres y la familia extensa; las autoridades públicas intervienen cuando falla el cuidado familiar o un menor afronta violencia, explotación o abandono. El nacimiento se inscribe en la comuna donde ocurrió. La inscripción y el primer certificado de nacimiento son gratuitos si se completan dentro de los 12 meses; las copias posteriores pueden tener tarifas locales. El certificado suele ser necesario para acceder a la escuela y realizar otros trámites administrativos. Un menor puede acudir a un Juge des Enfants (juez de menores) y es obligatorio denunciar los abusos. Una acogida temporal ordenada por un tribunal suele durar tres meses, puede prorrogarse y llegar a un máximo de dos años. El acceso a la educación y la transición juvenil varían entre regiones. La trayectoria escolar suele ir del preescolar a la primaria, el collège y el lycée, con alternativas técnicas o profesionales. La Ley de Orientación Educativa de 2023 establece la escolaridad obligatoria desde el preescolar hasta el primer ciclo de secundaria. Según los datos nacionales citados, la participación en preescolar era de alrededor del 15 %, la finalización de primaria de cerca del 56 % y el ingreso a secundaria inferior de aproximadamente el 27 %. Los programas juveniles pueden ofrecer formación continua, aprendizajes cualificantes, diplomas o cualificaciones, validación de la experiencia adquirida (VAE), apoyo al trabajo por cuenta propia o al emprendimiento. YouthConnekt facilita información digital sobre empleo, formación, estudios y apoyo, mientras que los servicios regionales del Ministerio de Juventud y Deportes trabajan en la reintegración socioeconómica. Los límites de edad, los lugares y las convocatorias vigentes determinan el acceso; ningún programa garantiza automáticamente formación o empleo. La edad mínima para trabajar es 15 años. Aun así, se informó que trabajaba alrededor del 47 % de los niños de 5 a 17 años, incluido aproximadamente el 32 % en trabajos peligrosos. La interrupción escolar, el trabajo temprano, las uniones o la maternidad y paternidad tempranas, las distancias y la escasez regional pueden dificultar el paso de los estudios al trabajo. Las personas adultas pueden trabajar como empleadas, agricultoras, autónomas o empresarias. La formación técnica, las cualificaciones profesionales, la VAE y los programas de reintegración pueden apoyar un cambio de ocupación, pero el acceso formal y la protección social varían según la situación y el historial de cotización. La CNaPS es la institución de seguridad social que cubre a trabajadores elegibles del sector privado mediante la afiliación del empleador. Los empleadores tienen obligaciones de declaración y cotización respecto de los trabajadores cubiertos. Por tanto, las prestaciones de la CNaPS no proporcionan protección universal de ingresos a todas las personas adultas. La baja de maternidad dura 14 semanas para el empleo cubierto, y puede aplicarse una pausa de lactancia de una hora diaria hasta que el niño tenga 15 meses. Las prestaciones familiares de la CNaPS se tramitan en 15 días laborables y las solicitudes de jubilación en 90 días laborables si el expediente está completo; el servicio no tiene coste. El matrimonio es una transición regulada por ley. La edad legal para casarse es de 18 años para todos los géneros. Casarse antes de los 18 requiere una razón seria, autorización judicial y consentimiento de los padres y del menor. El matrimonio debe inscribirse. La maternidad y paternidad conllevan autoridad parental y deberes de cuidado; puede haber intervención pública si un menor está en peligro. Los certificados de inscripción y los cargos administrativos locales pueden influir en la realización práctica de estas transiciones. El apoyo a las personas mayores está fragmentado. Por lo general, una pensión de vejez de la CNaPS requiere cumplir 60 años, dejar de trabajar, tener al menos 15 años de afiliación y 28 trimestres cotizados durante los últimos 10 años. Puede corresponder una pensión proporcional tras 60 trimestres de carrera. Estas reglas se refieren al sistema contributivo y no establecen una pensión universal no contributiva. Por ello, las familias y comunidades siguen siendo fundamentales cuando no hay cobertura formal, con diferencias sociales y regionales importantes. Los cuidados por discapacidad o dependencia los proporcionan principalmente las familias y comunidades, con apoyo público y programático fragmentado. La Ley 97-044 reconoce derechos a la igualdad, la no discriminación y medidas especiales, pero las fuentes citadas no documentan un sistema nacional consolidado de evaluación normalizada de necesidades, asistencia individual, cuidados de larga duración universales o prestación universal de cuidados. El derecho a transferencias monetarias y otras ayudas depende del programa, el grupo destinatario y la región. En 2015, alrededor del 77 % de las personas evaluó los servicios e infraestructuras comunitarios como no accesibles, y según los datos citados del INSTAT y UNICEF, el sistema escolar llegaba a solo uno de cada diez niños con discapacidad. Las crisis pueden interrumpir al mismo tiempo documentos, educación, trabajo, ingresos y cuidados. Madagascar afronta ciclones, inundaciones, sequías y crisis sanitarias o económicas. La BNGRC coordina la gestión del riesgo de desastres y la respuesta de emergencia bajo el Ministerio del Interior, mientras que el FID y el ministerio responsable de la protección social implementan redes de protección productiva, transferencias para el desarrollo humano, respuesta a crisis y rehabilitación de infraestructuras. Programas como Vatsin’Ankohonana, Fiavota y Asa Avotra Mirindra utilizan criterios de selección por hogar, región o crisis. No existe un derecho general a recibir una transferencia por crisis; la inscripción local o en el programa puede determinar el acceso. Según los datos citados, la cobertura nacional de protección social era de alrededor del 6 % de la población total y del 10 % de las personas en situación de pobreza, con capacidad limitada para responder rápidamente a las crisis. Una evaluación práctica empieza por la edad, la situación jurídica, la familia y los cuidados, el lugar de residencia, los documentos de estado civil, el historial escolar o laboral, la discapacidad o dependencia y la exposición a una crisis. La institución responsable —comuna, servicio escolar, tribunal, institución laboral o de protección social— puede variar; un servicio nacional que cubra todas las etapas de la vida no sustituye estas vías separadas.