El Estado en Maldivas

La Constitución es la ley suprema. Establece la soberanía ciudadana, el islam como religión del Estado, el dhivehi como lengua nacional y Malé como capital. Protege la igualdad, la vida, la libertad de expresión, los medios de comunicación, la reunión, la asociación, la circulación, la actuación administrativa justa y el acceso a un recurso judicial. Entre los deberes constitucionales figuran respetar la Constitución, el Estado de derecho, los derechos ajenos, el islam, la lengua dhivehi, el patrimonio nacional y el medioambiente. Las cuestiones sobre el acceso de las personas no musulmanas a determinados derechos o cargos públicos pueden depender de la Constitución y de leyes concretas. Maldivas cuenta con instituciones nacionales, judiciales y locales. El presidente es jefe del poder ejecutivo y comandante en jefe, y nombra al Gabinete y a los ministerios conforme a la Constitución. En 2026, el presidente Dr. Mohamed Muizzu cuenta con la asistencia del vicepresidente Uz Hussain Mohamed Latheef. Las responsabilidades del Gabinete abarcan defensa y servicio nacional; asuntos exteriores; seguridad interior, trabajo y tecnología; finanzas y empresas públicas; educación, educación superior y desarrollo de competencias; salud, familia y bienestar; desarrollo económico, transporte y comercio; pesca, agricultura y recursos oceánicos; asuntos islámicos y fundaciones; turismo y aviación civil; empoderamiento juvenil, deportes y actividad física; artes, cultura y patrimonio; infraestructura, vivienda y desarrollo urbano; cambio climático, medioambiente y energía; y el Fiscal General. La Asamblea Popular, o People's Majlis, es el parlamento unicameral del país. Aprueba leyes y reformas constitucionales, impuestos y gasto público; adopta el presupuesto anual, interpela a ministros, convoca a funcionarios y supervisa tratados y asuntos de seguridad. También dispone de mecanismos de censura. Se publican las sesiones y actas públicas, y las leyes aparecen en el Boletín Oficial del Gobierno. El vigésimo Parlamento está en funciones en 2026. Los tribunales son constitucionalmente independientes. El Tribunal Supremo es el más alto, seguido del Tribunal Superior y de los tribunales inferiores y especializados. La Comisión del Servicio Judicial nombra y sanciona a jueces y ejerce la supervisión administrativa judicial conforme a la ley. Normalmente, una persona inicia un asunto jurídico en el tribunal competente; los recursos, las cuestiones constitucionales, la representación y las tasas de presentación dependen del caso y del tribunal. El gobierno local refleja la dispersión de las islas del país. Los consejos municipales e insulares prestan servicios locales y se ocupan de la infraestructura, la regulación local y los presupuestos locales. La Autoridad de Gobierno Local, o LGA, regula y apoya el gobierno local. Los residentes suelen acceder a los servicios de los consejos a través de la secretaría del consejo correspondiente. Los límites se fijan mediante decretos presidenciales y el Boletín Oficial. Una isla con menos de 2.000 residentes tiene tres concejales, incluida una mujer; una con 2.000 residentes o más tiene cinco, incluidas dos mujeres. El Consejo Municipal de Malé tiene un alcalde y representantes en proporción a la representación en la Asamblea Popular. El Consejo Municipal de Fuvahmulah tiene un alcalde y ocho representantes de distrito. Los comités de desarrollo de la mujer incluyen una presidenta elegida a tiempo completo. La 17.ª enmienda a la Ley de Descentralización prevé abolir los Consejos de Atolón en las próximas elecciones de consejos locales; la transición operativa se fijó para el 17 de mayo de 2026. En 2026, Addu Hulhudhoo y Addu Meedhoo tienen consejos separados. La Comisión del Servicio Civil, o CSC, es un organismo independiente e imparcial responsable de contratar, nombrar, ascender, trasladar y despedir a funcionarios públicos, y de mantener normas uniformes de personal. El 30 de junio de 2026 había 31.878 empleados del servicio civil: 10.157 hombres y 21.721 mujeres. El Servicio Digital de Maldivas, o MDS, se creó el 15 de enero de 2026 tras abolirse NCIT. Dirige la política y las normas digitales y desarrolla los fundamentos de eFaas, intercambio de datos, nube soberana e identidad digital. oneGov es el portal central de servicios públicos y la Hoja de Ruta Maldivas 2.0 para 2025–2028 marca la dirección de la reforma centrada en lo digital. El acceso sigue dependiendo del servicio, con canales en línea y presenciales. El Ministerio de Finanzas y Empresas Públicas gestiona la política fiscal y de deuda, el presupuesto anual, la tesorería, las cuentas públicas y la supervisión de empresas estatales. La Ley de Finanzas Públicas 3/2006 y la Ley de Responsabilidad Fiscal 30/2024 constituyen el marco principal de las finanzas públicas. La Asamblea Popular aprobó el presupuesto de 2026. La Autoridad Tributaria de Maldivas, o MIRA, administra los impuestos, y los estados financieros gubernamentales utilizan la contabilidad IPSAS con base de caja. Las tasas, la elegibilidad, los documentos y los plazos varían según el servicio, impuesto, permiso, trámite judicial o norma del consejo; no existe una tarifa ni un plazo nacional único para todos los servicios públicos. Varios organismos supervisan el ejercicio de la autoridad pública. La Oficina del Auditor General audita instituciones gubernamentales, cuentas públicas, organismos comerciales estatales, empresas estatales y empresas conjuntas, y presenta informes al presidente, a la Asamblea Popular y al público. La Comisión Anticorrupción recibe e investiga denuncias de corrupción, realiza tareas de prevención y puede recomendar procesamientos. La Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, o HRCM, tramita quejas sobre derechos humanos, supervisa la detención y actúa como mecanismo nacional de prevención en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. La Oficina del Comisionado de Información, o ICOM, supervisa el acceso a la información y los recursos correspondientes. Se puede solicitar información pública a la institución pertinente o mediante el procedimiento de ICOM, sujeto a las excepciones legales. La información pública está disponible en el Boletín Oficial del Gobierno, la Asamblea Popular, los portales ministeriales, oneGov y los procedimientos de acceso a la información. Public Service Media, o PSM, proporciona medios públicos estatales. La Comisión de Medios y Radiodifusión de Maldivas, o MMBC, se creó en virtud de la Ley 16/2025 y sustituyó el marco anterior para los medios y la radiodifusión. Los derechos de expresión, medios y reunión se ejercen dentro de los límites constitucionales y las restricciones legales, incluidas las relacionadas con el islam. Las funciones de seguridad se reparten entre instituciones civiles y militares. El Ministerio de Defensa y Servicio Nacional supervisa la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas, el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, el Mando de Seguridad Aérea y el Servicio Hidrográfico de Maldivas. El Servicio de Policía de Maldivas aplica la ley civil y vela por la seguridad comunitaria; es independiente de las fuerzas armadas. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres se ocupa de la preparación, mitigación, alerta temprana, socorro, respuesta ante desastres y una base pública de datos sobre desastres. En una emergencia, el presidente puede efectuar una declaración inicial de hasta 30 días, debe publicarla en el Boletín Oficial en un plazo de tres días y presentarla a la Asamblea Popular dentro de 48 horas. Cada prórroga puede durar hasta 30 días. La Asamblea Popular y el ministro responsable supervisan los servicios de seguridad. La geografía insular del país, la concentración de servicios en Malé, la transición de descentralización, la presión fiscal, la implantación de la administración digital y la exposición a riesgos climáticos y marítimos condicionan el funcionamiento práctico de la autoridad pública.