Convivencia en Mali

En Mali no existe una sola autoridad responsable de la convivencia. Las responsabilidades se reparten entre el Estado, las colectividades territoriales (collectivités territoriales), los Consejos de aldea (Conseils de villages), las fracciones y los barrios (quartiers), las autoridades tradicionales y religiosas, las organizaciones comunitarias y los grupos de la sociedad civil. Un consejo de aldea, fracción o barrio es una entidad local que ayuda a organizar consultas, resolver problemas locales y atender asuntos comunitarios. Las comunas pueden recurrir a consultas, planes de desarrollo local, debates sobre presupuestos públicos y foros comunitarios. Estas fórmulas son formales en algunos contextos y principalmente informales en otros; no hay una tasa ni un plazo uniforme en todo el país para la participación vecinal ordinaria. La Constitución de 2023 protege la igualdad y prohíbe la discriminación por origen, región, lengua, grupo étnico, género, religión y opinión política. Protege la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión, expresión, asociación, reunión, manifestación y desfile. Las lenguas nacionales tienen carácter oficial, mientras que el francés sigue siendo la lengua de trabajo de la administración. En la vida diaria, las normas sociales, las personas mayores, los líderes religiosos y los acuerdos locales también influyen en la conducta, pero una norma jurídica formal prevalece si entra en conflicto con una práctica local. El ejercicio efectivo de las libertades cívicas aún puede depender de las condiciones de seguridad y de la situación política. Mali es un país multilingüe. En el censo RGPH5 de 2022, el bamanankan era la lengua principal del 57,83 % de la población, seguido del fulfulde, con un 6,24 %; el maninkakan, con un 5,91 %; el sarakolé, con un 5,34 %; y el dôgôssô, con un 4,56 %. El uso de las lenguas locales puede facilitar la participación, mientras que los trámites administrativos pueden requerir francés. Las mujeres, los jóvenes, las personas desplazadas internas, las personas refugiadas y las personas con discapacidad pueden necesitar medidas específicas para su inclusión. ACNUR informó que, al 30 de junio de 2025, había alrededor de 400.000 personas desplazadas internas y unas 138.500 personas refugiadas registradas procedentes de Níger y Burkina Faso, además de más de 89.000 personas que necesitaban ser registradas. Los conflictos comunitarios pueden estar relacionados con el acceso a tierras y recursos, el robo de ganado, las relaciones entre comunidades, el desplazamiento o la violencia. En la mediación local pueden intervenir una comisión de tierras (Commission foncière), las autoridades tradicionales, líderes religiosos o comunitarios y foros de diálogo. La policía, la gendarmería y los tribunales ofrecen vías formales. La mediación local puede ser más rápida o accesible en algunos lugares, pero el reconocimiento o la sentencia de un tribunal corresponden al sistema formal de justicia. PROSMED informó que sus intervenciones de 2024 llegaron a más de 106.000 personas, ayudaron a resolver pacíficamente 433 conflictos locales y dieron lugar a 81 actas de conciliación reconocidas por tribunales. El acceso depende de la ubicación, y las represalias, los grupos armados, las dificultades para desplazarse y la limitada presencia de la autoridad pública pueden generar riesgos. Los espacios públicos incluyen lugares, mercados, estadios, calles y barrios. Las comunas, la administración local, la policía, la gendarmería, los comités de seguridad y los actores comunitarios pueden organizar su uso mediante normas locales, reuniones públicas, campañas de tráfico o seguridad y canales para informar de problemas. La libertad de circulación, reunión y expresión está sujeta a la ley, pero las preocupaciones de seguridad pueden restringir el acceso o las reuniones públicas en determinados lugares. La investigación disponible no establece una tasa ni un plazo uniforme en todo el país para el uso de espacios públicos. La vivienda compartida en Mali suele organizarse principalmente mediante los hogares y el apoyo comunitario, en lugar de un modelo estandarizado de piso compartido. Las familias extensas, las familias de acogida y las comunidades de acogida pueden alojar a personas desplazadas o refugiadas. Los miembros del hogar acuerdan reglas prácticas sobre el agua, el saneamiento, la privacidad y los recursos compartidos, mientras que las comunas, los comités de protección, ACNUR y las organizaciones colaboradoras pueden apoyar la protección comunitaria. La legislación sobre vivienda y arrendamiento es una cuestión aparte; aquí el foco está en la convivencia, la protección y las reglas prácticas de la vida diaria compartida. La convivencia digital tiene una base jurídica formal, pero su aplicación sigue siendo desigual. El uso de Internet fue del 36,8 % en 2024 y las suscripciones a banda ancha móvil alcanzaron 61 por cada 100 personas. La autoridad maliense de protección de datos, APDP, atiende los derechos relativos a los datos personales, incluidos el acceso a información, la oposición y las reclamaciones; los datos sobre religión, etnia y política reciben una protección reforzada. El regulador de las comunicaciones, AMRTP, puede ser pertinente en disputas entre consumidores y operadores, mientras que las plataformas tienen sus propios canales para informar de problemas. El acceso a la red, las tarifas, las competencias digitales y las diferencias entre zonas urbanas y rurales afectan a las vías de recurso disponibles. No se documenta ningún servicio nacional de mediación comunitaria en línea.