Etapas de la vida en Mali

Mali no cuenta con un único sistema público que organice todas las etapas de la vida. Las transiciones prácticas se gestionan mediante sistemas separados de estado civil, educación, política juvenil, empleo, elecciones y protección social. Las redes familiares y comunitarias cubren muchas carencias, sobre todo en lo relativo a las personas mayores, las necesidades de cuidado y las crisis. El quinto censo general de población y vivienda de 2022 registró 22.395.489 habitantes. Los niños de 0 a 17 años representaban el 53,6 % de la población; las personas menores de 15 años, el 47,2 %; y las de 15 a 24 años, el 19,2 %. Las personas de 15 a 34 años representaban el 32 %, mientras que los adultos de 18 años o más, el 46 %. Había 983.047 personas de 60 años o más, equivalentes al 4,6 % de la población, y el 2,9 % tenía 65 años o más. La edad mediana era de 16,1 años y la edad promedio, de 21,4 años. Los hogares tenían un promedio de 9,3 integrantes: 7,8 en zonas urbanas y 10,2 en zonas rurales. La inscripción del nacimiento es la primera transición formal. Los padres, familiares, un médico, una partera o el jefe de la aldea pueden notificar el nacimiento en una mairie o un centro de estado civil. La inscripción debe hacerse dentro de los 30 días. El acte de naissance resultante sirve para acreditar la identidad y es necesario para la admisión escolar, el voto, las herencias y los viajes. La inscripción dentro del plazo es oficialmente gratuita. Por lo general, una inscripción tardía requiere un jugement supplétif, un procedimiento judicial que puede generar gastos judiciales y administrativos. Una antigua fuente de UNICEF sobre el terreno informó de un coste de tramitación de unos 100 CFA, y UNICEF indicó que cerca del 13 % de los niños carecía de inscripción en 2018; la proporción llegaba aproximadamente al 16 % en las zonas rurales. Conviene consultar la práctica vigente en el centro de estado civil correspondiente. La Constitución reconoce el derecho a la educación, y la educación básica suele ser obligatoria entre los 6 y los 15 años aproximadamente. La educación formal se imparte en escuelas; las opciones no formales incluyen aprendizaje acelerado, educación comunitaria, programas de reintegración y espaces temporaires d'apprentissage. En 2023, el 18,3 % de los niños no asistía a la escuela. La finalización del primer ciclo de secundaria fue del 32,6 % entre las niñas y del 33,2 % entre los niños. El coste de los materiales y las ayudas de acceso depende del programa y la región, no de una tarifa nacional única. En 2025, el Programme pluriannuel de résilience apoyó a 204.496 niños de 3 a 18 años en Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taoudénit y Tombuctú. La política juvenil abarca la transición de la escuela a la formación, el trabajo y la participación ciudadana. Las fuentes nacionales no ofrecen una definición legal única y plenamente coherente de la edad juvenil; las estadísticas suelen usar los grupos de 15 a 24 años o de 15 a 34, mientras que la ONU define la juventud entre los 15 y los 24 años y la adolescencia entre los 10 y los 19. El Ministère de la Jeunesse et des Sports, el CNJ, el SNJ, el CNPV, los programas de voluntariado, las brigadas ciudadanas, las iniciativas de emprendimiento juvenil y los espacios seguros ofrecen distintos tipos de apoyo. El acceso depende del programa, la convocatoria y la región. La participación no está garantizada a nivel nacional, y las oportunidades varían mucho según se trate de zonas urbanas o rurales, el género y las condiciones de crisis. La transición al trabajo está sujeta a reglas de edad específicas. La edad mínima para trabajar es de 15 años. El trabajo ligero estacional o doméstico puede comenzar a los 12 años si no interfiere con la escuela; normalmente, quienes tienen de 12 a 14 años necesitan el acuerdo de sus padres o tutores. El aprendizaje profesional suele comenzar a los 14 años, con una excepción que permite iniciarlo después de los 13 si se ha completado el primer ciclo educativo. Las personas menores de 18 años no pueden realizar trabajos peligrosos; un decreto identifica 22 categorías y 55 actividades peligrosas. El plan de acción nacional PANETEM II abarca de 2023 a 2027, pero la supervisión y el cumplimiento locales siguen siendo limitados. La mayoría de edad política comienza a los 18 años para los ciudadanos malienses que conservan sus derechos civiles y políticos, cumplen los requisitos de residencia y cuentan con una identificación biométrica NINA. La inscripción electoral está a cargo de la DGE o de una comisión administrativa. La mayoría de los medios de vida de los adultos son informales o autónomos: según los datos del censo, aproximadamente el 66,9 % de las personas empleadas de 15 años o más trabajaba por cuenta propia. El seguro social formal varía según la situación. El INPS cubre a empleados y también a trabajadores independientes y profesionales liberales, artesanales, comerciales e industriales, mientras que la CMSS cubre a funcionarios, militares y parlamentarios. Las prestaciones de vejez, discapacidad y supervivencia dependen de la situación aplicable, las cotizaciones y los registros. El panorama de la OIT indica una edad de jubilación de 58 años, pero el acceso no es universal y está sujeto a las condiciones correspondientes. El matrimonio es una transición con relevancia jurídica, aunque corresponde principalmente al tema de la familia. Según el Code des personnes et de la famille de 2011, la edad mínima es de 18 años para los hombres y 16 para las mujeres. El RGPH5 y el UNFPA informaron en 2025 de que el 54 % de las mujeres de 20 a 24 años se había casado antes de cumplir los 18 y el 16 % antes de los 15. Estas cifras muestran cómo pueden relacionarse la edad, los documentos de identidad, la educación y los servicios de protección, sin convertir este resumen en una guía de derecho de familia. Las personas mayores forman un grupo poblacional pequeño, pero creciente. Los datos del censo registraron que el 70 % de las personas mayores que encabezaban un hogar eran propietarias de su vivienda; entre ellas, el 51 % no tenía título de propiedad sobre el terreno y el 20,2 % sí lo tenía. Otro 15,2 % alquilaba su vivienda. El Ministère de la Santé et du Développement Social, la DNDS y el RSU apoyan programas relacionados con la pobreza, la exclusión y la asistencia social. El INPS y la CMSS pueden brindar protección cuando existe una situación de seguro o empleo que da derecho a ella. Para muchas personas mayores, la familia y la comunidad siguen siendo el principal apoyo práctico. Mali no cuenta con un sistema público nacional de cuidados de larga duración equivalente a servicios estandarizados de atención domiciliaria, residencial o diurna. Tampoco existe una prestación legal por permiso para cuidar a un familiar ni una obligación jurídica general que exija a las familias cuidar a sus parientes mayores. Las familias, las comunidades, la DNDS, los servicios de acción social y las ONG locales pueden prestar apoyo para las actividades cotidianas, pero el acceso, el coste y el alcance dependen de las necesidades, la pobreza, las condiciones de crisis y la ubicación. Los servicios de salud y RAMED se relacionan con el acceso a la atención sanitaria, pero no deben confundirse con un sistema nacional de cuidados de larga duración. Los conflictos, los desplazamientos y las inundaciones crean riesgos adicionales, especialmente para los niños y jóvenes. El cierre de escuelas y la inseguridad pueden provocar separación familiar, violencia, explotación, trabajo infantil, matrimonio infantil, reclutamiento y pérdida de aprendizaje. En 2025, 2.006 escuelas no estaban funcionando, lo que afectaba a unos 601.800 niños y 12.036 docentes. Las cifras de UNICEF para mediados de 2026 indicaban unos 415.000 desplazados internos, el 58 % de ellos niños; las evaluaciones humanitarias identificaron a 5,1 millones de personas necesitadas en 2026, más de la mitad niños. Las respuestas disponibles pueden incluir DRDS, comités locales de protección, servicios CTO, familias de acogida, apoyo psicosocial, espacios temporales de aprendizaje y programas de reintegración. La disponibilidad varía según la seguridad, la financiación y el acceso físico, sobre todo en las regiones del norte y centro y en los corredores de inundación.