Convivencia en Mauritania

Mauritania reconoce el árabe como lengua oficial y el pulaar, el soninké y el wolof como lenguas nacionales; el francés sigue utilizándose ampliamente en la administración. El islam es la religión del Estado. Estas condiciones lingüísticas, religiosas y sociales influyen en la comunicación y la cooperación local, pero el marco jurídico protege la igualdad ante la ley sin distinción de origen, raza, género o condición social. Las personas extranjeras que residen regularmente también reciben protección legal, aunque sus derechos políticos no son automáticamente iguales a los de la ciudadanía. La propaganda racista o de carácter étnico partidista está penada. Las personas deben respetar la ley, los deberes colectivos y la propiedad pública y privada. Los espacios públicos pueden utilizarse libremente solo dentro de los límites legales. El Ministerio del Interior, la Descentralización y el Desarrollo Local, la administración de la wilaya, la administración de la moughataa y la comuna tienen responsabilidades distintas. Una wilaya es una región administrativa dirigida por un wali, mientras que una moughataa es una división administrativa local dirigida por un hakem. La comuna y su consejo municipal conectan la administración local con las preocupaciones de la comunidad. Mauritania no cuenta con un sistema único de consejos vecinales para todo el país ni con un procedimiento uniforme de convivencia vecinal establecido en las fuentes consultadas. En las zonas urbanas, los residentes suelen coordinarse a través de las comunas, los representantes locales electos y las organizaciones comunitarias. En las zonas rurales, los comités de aldea suelen apoyar la prevención de conflictos, la resiliencia y la cooperación local. Las autoridades tradicionales y religiosas también pueden ayudar a resolver desacuerdos, especialmente cuando la confianza local y las prácticas consuetudinarias influyen en la solución. Los conflictos pueden tratarse de manera informal o formal. Los jefes de aldea, los líderes tradicionales, las autoridades religiosas, como un cadí, y los mediadores locales pueden buscar una solución amistosa. Estas vías suelen ser económicas o casi gratuitas y contar con aceptación social, pero su documentación y exigibilidad legal pueden ser limitadas. La mediación judicial formal se rige por el Code de procédure civile, commerciale et administrative. En los casos que cumplen los requisitos, el juez debe proponer la mediación, salvo en asuntos como el estado civil, el empleo y las cuestiones de orden público. El mediador debe ser independiente, imparcial y estar acreditado. La mediación puede durar hasta tres meses y prorrogarse una vez por otros tres meses; el tribunal sigue siendo responsable del proceso judicial. Los casos de violencia grave, fallecimiento, intervención de actores externos o controversias que requieran una acción judicial exigible deben llevarse ante el sistema formal de justicia. Los conflictos agropastorales relacionados con el cultivo, el pastoreo o los recursos hídricos se rigen por el código pastoral: las partes primero buscan una solución amistosa y luego pueden recurrir al arbitraje o a los tribunales. Quienes no puedan pagar asistencia jurídica pueden solicitar ayuda en una oficina regional de asistencia jurídica. La solicitud puede presentarse verbalmente en la secretaría del tribunal o por escrito y normalmente requiere identificación, comprobante de residencia, prueba de pobreza o un registro en el Registro Social, y un resumen del caso con pruebas de respaldo. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo pueden necesitar documentos de protección o residencia. El servicio es gratuito y el plazo de tramitación establecido es de 15 días, prorrogable hasta un máximo de un mes. La participación cívica puede adoptar varias formas. La Constitución protege la libertad de asociación y la Ley 2021-004 establece un sistema de declaración, en lugar de autorización previa, para las asociaciones. Una asociación nacional o amicale suele presentar su expediente al Ministerio del Interior a través del Service des Libertés Publiques. Entre los documentos habituales figuran los estatutos, el reglamento interno, el acta fundacional, las listas de miembros, domicilios y firmas, documentos legalizados, certificados de nacimiento, certificados de antecedentes penales, fotografías, documentos nacionales de identidad y un depósito notarial. El plazo de tramitación indicado es de 59 días y la información consultada no especifica una tasa oficial. Las alianzas y la formación de la sociedad civil pueden tramitarse con el Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile; la vía consultada indica un servicio de 48 horas sin coste, que concluye con un recibo final y un comprobante del local. Los consejos municipales y las organizaciones comunitarias pueden conectar a los residentes con la planificación participativa de carreteras, parques, plazas públicas, alumbrado, servicios de residuos y acceso al agua. El enfoque Moudoun combina planificación participativa, capacidad local e infraestructura. La oficina responsable y el procedimiento práctico pueden variar entre comunas y wilayas. La ocupación ilegal de terrenos públicos puede abordarse a través de la Direction de contrôle Urbaine. La vía consultada contempla una solicitud sin tasa ni plazo de tramitación indicados y la presentación de una queja ante el gabinete de esa dirección. Los mecanismos de cohesión social y paz incluyen a mujeres, jóvenes, personas refugiadas y comunidades de acogida. La cooperación entre personas refugiadas y comunidades de acogida es especialmente pertinente en Hodh Chargui y M’bera, así como en Nuakchot y Nuadibú. Su integración en los sistemas nacionales continúa, mientras persisten problemas de documentación y acceso. Mauritania aún presenta una carencia de normas nacionales sobre el derecho de asilo, por lo que el acceso práctico puede depender de la situación y de la documentación disponible. La convivencia digital tiene una base jurídica formal en la Ley 2017-020 sobre protección de datos personales, la Ley 2016-007 sobre ciberdelincuencia, la Ley 2018-022 sobre intercambios electrónicos y la Ley 2021-014 sobre servicios de pago electrónico. Las fuentes oficiales consultadas no establecen una vía nacional específica de denuncia o mediación para los conflictos en línea. La investigación no documenta un equivalente nacional directo a la vivienda compartida; la cooperación doméstica, la privacidad y los límites relativos a la propiedad o a la paz en el hogar solo corresponden aquí cuando se relacionan con la convivencia, mientras que el derecho de vivienda y arrendamiento pertenece al tema de vivienda.