Derecho civil en Mauritania

La capacidad jurídica privada suele comenzar con el nacimiento con vida y terminar con la muerte. La plena capacidad jurídica comienza a los 18 años para quien tiene capacidad mental y no está sujeto a interdiction, restricción ordenada por un tribunal. Los menores y adultos bajo protección jurídica pueden estar sujetos a tutelle, curatelle o representación legal. El état civil, sistema de registro del estado civil, registra nacimientos y defunciones o proporciona prueba legalmente aceptada de estos hechos. Los contratos y obligaciones se rigen principalmente por el Code des Obligations et des Contrats, conforme a la Ordonnance 89-126 de 14 de septiembre de 1989. Un contrato suele formarse cuando las partes acuerdan sus condiciones esenciales. En una compraventa, la propiedad suele transmitirse mediante ese acuerdo. El incumplimiento o la demora pueden dar lugar al cumplimiento forzoso, la resolución judicial del contrato o daños y perjuicios. Estos pueden cubrir la pérdida directa y el lucro cesante. El plazo general de prescripción de obligaciones puede llegar a 15 años; una demanda, requerimiento formal o acto cautelar o de ejecución puede interrumpirlo. En asuntos transfronterizos, el estado personal y la nacionalidad, la residencia común o el lugar de contratación y el lugar del acto dañoso pueden influir en la ley aplicable. La propiedad del suelo se rige por la Ordonnance 83-127 de 5 de junio de 1983. Se reconoce la propiedad privada; los terrenos estatales suelen requerir una concesión previa y su desarrollo antes de que pueda transmitirse la propiedad definitiva. Construir o cultivar en terreno estatal sin concesión no crea por sí mismo un derecho de propiedad; el Estado puede retirar la ocupación o regularizarla. El sistema formal incluye Permis d’Occuper, cesión definitiva, titre foncier, immatriculation, mutation, morcellement e inscripción de hipotecas. La Direction des Domaines, la Conservation Foncière y la administración financiera intervienen en etapas distintas. Por lo general, una impugnación territorial tiene un plazo de un mes desde la notificación formal, seguido de dos meses para aportar pruebas; el procedimiento indicado no prevé apelación y el recurso de casación no suspende la ejecución. La expropiación por interés público requiere compensación. Una hipoteca tarda aproximadamente 10 días e implica un timbre de MRU 50, el 3,2 % del importe hipotecado y MRU 16 por bordereau. Un Permis d’Occuper también tarda aproximadamente 10 días y tiene un timbre de MRU 50; la duración de la cesión definitiva varía y su timbre es de MRU 20. Los asuntos familiares se rigen principalmente por el Code du Statut Personnel, conforme a la Loi 2001-052. El matrimonio es un contrato oficial que requiere dos cónyuges, consentimiento, un wali —tutor musulmán varón reconocido legalmente según el orden aplicable—, dos testigos aptos y un SADAQ, don matrimonial acordado. La capacidad matrimonial comienza a los 18 años. Se requiere el consentimiento propio de una mujer adulta. El acta matrimonial se formaliza ante un officier o agente d’état civil y debería inscribirse en tres meses. Un matrimonio registrado fuera de plazo o de manera irregular puede requerir una sentencia como prueba. El contrato matrimonial puede incluir condiciones sobre otro matrimonio, ausencia excesiva o restricciones de estudio o trabajo; su incumplimiento puede respaldar la disolución judicial y una indemnización mout3a. El divorcio es judicial. El marido puede iniciar la repudiación unilateral ante un juez o Mouslih acreditado tras citar a la esposa e intentar reconciliarse. La esposa puede solicitar el divorcio por daño, ausencia, falta de manutención u otras causas reconocidas. La manutención, el periodo de espera tras el divorcio y el cuidado de hijos son consecuencias separadas. La adopción no tiene efectos jurídicos en este marco; la filiación legalmente establecida afecta a manutención, herencia e impedimentos matrimoniales. La herencia se rige por el Libro IV del Code du Statut Personnel mediante testamentos y sucesión legal. Los métodos principales son FARDH, cuotas fijas; TA3SIB, sucesión del remanente; o una combinación. Las porciones dependen de los grupos familiares definidos legalmente y de la posición codificada de herederas y herederos. A efectos patrimoniales, una persona desaparecida sigue viva jurídicamente hasta que un tribunal declare su muerte. En una desaparición excepcional, la declaración de fallecimiento puede emitirse un año después de que terminen las investigaciones; otros casos siguen un plazo judicial. La sucesión permanece bajo control judicial. El tribunal puede ordenar sellar o depositar bienes y nombrar a un liquidateur para preparar el inventario, verificar reclamaciones y deudas y gestionar transacciones autorizadas. En general, los herederos no pueden administrar la herencia, cobrar créditos ni pagar deudas antes de su liquidación. Los bienes pueden venderse en subasta pública o de común acuerdo con la autorización correspondiente. La responsabilidad contractual puede derivarse del incumplimiento o la demora incluso sin mala fe. La responsabilidad extracontractual puede aplicarse cuando alguien responde de una cosa bajo su vigilancia y esa cosa causa directamente daños. La persona puede quedar exenta en supuestos reconocidos, como accidente, fuerza mayor, culpa de la víctima o prueba de haber actuado con el cuidado exigido. El propietario o responsable del mantenimiento puede responder por el derrumbe de un edificio. La reclamación se presenta ante el Tribunal competente; son esenciales la prueba del daño y el nexo causal entre conducta y pérdida. El procedimiento civil se rige por el Code de procédure civile, commerciale et administrative, llamado habitualmente CPCC. La estructura judicial comprende la Cour suprême, Cours d’appel, Tribunaux de Wilaya y Tribunaux de Moughataa. Los casos civiles suelen comenzar ante un Tribunal de Moughataa o una sala civil de la capital de una Wilaya, con disposiciones especiales en Nouakchott. La Cour suprême revisa principalmente cuestiones jurídicas mediante casación. El caso se presenta en el greffe, registro judicial, con domicilio para notificaciones en el distrito del tribunal, documentos justificativos y relación de pruebas. El juge de la mise en état coordina notificaciones, plazos, cuestiones preliminares, pruebas e intentos de conciliación o mediación. En general, la apelación de una sentencia de primera instancia debe presentarse en el greffe en 15 días. Los procedimientos civiles ordinarios pueden implicar timbres, gastos de notificación jurídica, otros costes y, cuando se exija, un depósito; el portal de estado personal suele ser gratuito para el procedimiento en sí. Hay mediación judicial y convencional. El juge de la mise en état puede promover conciliación o mediación, y un Mouslih es un conciliador local acreditado. La Direction des Affaires Civiles et du Sceau se ocupa de la acreditación, que es gratuita, con actualización anual de listas y un plazo de revisión y aprobación. Un acuerdo extrajudicial puede ser homologado por un Tribunal. El Estado no cobra por aprobar, registrar o ejecutar un acuerdo de mediación. La mediación antes de presentar una demanda puede reducir los gastos en un 25 %; un acuerdo puede dar lugar al reembolso del 100 % de los gastos de primera instancia, 75 % de apelación o 50 % de casación. La asistencia judicial, assistance judiciaire, es gratuita para quien carece de medios y cuya reclamación parece tener fundamento prima facie. La solicitud se presenta ante el Bureau territorialmente competente y normalmente incluye identidad, residencia, prueba de pobreza o inscripción en el registro social, descripción de la disputa y documentos de apoyo. Refugiados y solicitantes de asilo pueden necesitar documentos adicionales de residencia o protección. El trámite tarda unos 15 días y como máximo un mes. El portal está limitado al solicitante y no cubre a la parte demandada. Conforme a la Loi 16/2020, se exige abogado ante la Cour d’appel, Cour suprême, tribunales comerciales, salas administrativas y determinados órganos de arbitraje o mediación. En otros tribunales civiles es posible representarse a uno mismo; un cónyuge o hijo puede representar a la parte mediante poder. Los notarios están autorizados por la Direction des Affaires Civiles et du Sceau; la autorización es gratuita y necesita aprobación de su presidente, sin plazo de tramitación fijo. La ejecución requiere título ejecutivo y una deuda vencida, líquida y cierta. Una sentencia firme se ejecuta a solicitud del presidente del tribunal que la dictó, acompañada de la grosse, copia certificada ejecutiva. Un huissier actúa dentro del distrito judicial pertinente; si no hay uno disponible, puede designarse ad hoc un greffier o agente administrativo. Las medidas incluyen saisie conservatoire, embargo preventivo; saisie-arrêt, retención de un crédito en manos de un tercero; y saisie-exécution sobre bienes muebles o inmuebles. Tras un requerimiento formal de pago, el deudor suele disponer de ocho días para pagar antes del embargo. Entre los bienes protegidos figuran herramientas profesionales necesarias, una cama, ropa y utensilios de cocina. En general, los organismos estatales están excluidos del embargo ordinario y las sentencias económicas se dirigen al Ministère des Finances. La contrainte par corps, prisión por deudas prevista en los artículos 421–439, fue abolida por la Loi 2020-032. Para ejecutar una sentencia extranjera primero se requiere exequatur, reconocimiento judicial por el presidente de un Tribunal de Wilaya.