Derecho penal en México

El derecho penal en México se basa en la Constitución, el Código Penal aplicable al caso y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunos delitos son competencia de autoridades estatales y otros de las federales. El Ministerio Público, generalmente por medio de una Fiscalía, dirige la investigación de los presuntos delitos. La policía puede recibir denuncias, proteger los lugares de los hechos, recabar información y actuar bajo la dirección legal de la autoridad investigadora. El proceso puede comenzar con una denuncia o, para algunos delitos, con una querella. La autoridad puede integrar una carpeta de investigación, que reúne declaraciones, registros, peritajes y otras pruebas. Por lo general, el proceso penal mexicano es acusatorio y oral. Un juez revisa las decisiones importantes, protege los derechos procesales y decide cuestiones como los cargos, las medidas cautelares, el juicio y la responsabilidad. Se presume que una persona acusada es inocente hasta que se determine su responsabilidad conforme a la ley. Tiene derecho a guardar silencio, conocer la acusación, contar con un abogado defensor y recibir el debido proceso. Las víctimas pueden denunciar el delito, recibir información, solicitar protección, participar por los medios legales y reclamar la reparación del daño. A menudo, pueden contar con un asesor jurídico para víctimas. Entre los posibles resultados están el sobreseimiento, un acuerdo cuando la ley lo permite, un procedimiento abreviado o un juicio completo. La vía adecuada depende del delito, las pruebas, la etapa procesal y las decisiones de las autoridades y los tribunales. Nadie debería investigar por su cuenta asuntos peligrosos ni alterar pruebas. Antes de tomar decisiones importantes, un abogado penalista debería revisar citatorios, declaraciones, cateos, detenciones y acuerdos propuestos.