Idioma en Moldova

El artículo 13 de la Constitución de Moldova establece el rumano como lengua estatal. La Ley LP52/2023 sustituyó la expresión legal «lengua moldava» por «lengua rumana»; posteriormente, la antigua ley lingüística de 1989 se consideró obsoleta y se derogó la legislación anterior que la había sustituido. Los derechos lingüísticos vigentes proceden de varias fuentes, entre ellas la Constitución, la ley sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, la legislación sobre educación y medios, las normas electorales y la ley de autonomía. El Estado protege el ruso y otras lenguas habladas en Moldova, pero estas no son lenguas oficiales nacionales con el mismo rango que el rumano en todos los sectores. El censo de población y vivienda de 2024 permitió declarar libremente la lengua. Entre quienes respondieron sobre su lengua materna, el 48,1% declaró el moldavo, el 31,8% el rumano, el 11,6% el ruso, el 3,6% el gagauzo, el 3,0% el ucraniano, el 1,2% el búlgaro y el 0,3% el romaní. Para la lengua hablada habitualmente, las cifras fueron del 45,0% para el moldavo, el 33,7% para el rumano, el 15,9% para el ruso, el 2,2% para el gagauzo, el 2,1% para el ucraniano, el 0,8% para el búlgaro y el 0,3% para el romaní. Estas cifras describen declaraciones personales y el uso cotidiano; no alteran la condición constitucional del rumano. El ruso también es una lengua de contacto muy usada en ciudades, lugares de trabajo y la vida diaria. El 68,2% afirmó conocerlo, frente al 87,5% que afirmó conocer moldavo o rumano y al 13,4% que afirmó conocer inglés. Los patrones regionales influyen en el acceso práctico. En zonas urbanas, el 37,7% declaró el rumano como lengua materna, mientras que en zonas rurales el 60,5% declaró el moldavo. El ruso era la lengua hablada habitualmente por el 26,9% de la población urbana y por el 45,0% en Bălți. En la UTA de Gagauzia, unidad territorial autónoma, el 48,8% hablaba habitualmente gagauzo y el 47,3%, ruso. En Taraclia, el 48,9% hablaba habitualmente búlgaro. Las cifras censales abarcan a la población residente habitual registrada por el censo y no deben interpretarse como una clasificación de dialectos. Las personas pertenecientes a minorías nacionales pueden usar su lengua oralmente y por escrito, recibir información y publicar materiales, y mantener actividades culturales y educativas. Al contactar con autoridades públicas, pueden dirigirse a funcionarios en rumano o ruso y solicitar una respuesta en la lengua elegida. En zonas con una población minoritaria considerable puede utilizarse otra lengua minoritaria local, pero el servicio efectivo depende de la autoridad, el personal, la capacidad de traducción y el lugar. Los avisos públicos, los nombres de lugares e instituciones, la información de seguridad y la información sanitaria suelen proporcionarse en rumano, y también en otras lenguas locales cuando las normas y la capacidad local lo permiten. La UTA de Gagauzia tiene un régimen especial conforme a la Ley LP344/1994. Su marco local utiliza rumano, gagauzo y ruso, aunque algunos textos jurídicos locales todavía contienen el término antiguo «moldavo». El gagauzo goza de protección jurídica, pero su disponibilidad práctica sigue ampliándose. El plan de acción nacional para 2026–2027 abarca desde la educación infantil hasta la superior e incluye materiales didácticos, formación docente, programas de verano, recursos digitales gratuitos, cursos para adultos de A1 a C2, investigación y enseñanza de materias en varias lenguas. Un programa piloto de 2024–2025 abarcó 64 clases y 1.060 alumnos, pero estas medidas aún no crean servicios en gagauzo plenamente equivalentes en todas las instituciones. La enseñanza se imparte normalmente en rumano. El sistema educativo también ofrece itinerarios en ruso y rumano y puede ofrecer asignaturas o programas en ucraniano, gagauzo, búlgaro, hebreo, yidis y otras lenguas, según la capacidad institucional. El rumano es obligatorio en la educación en lenguas minoritarias. El programa nacional de acceso al rumano para 2026–2028 está financiado por el Estado y es gratuito para sus participantes; incluye adultos, comunidades minoritarias, empleados públicos, personas retornadas, refugiadas, desplazadas y otros alumnos interesados. Ofrece cursos A1, A2 y B1 presenciales y en línea, con certificados vinculados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Hay libros de texto disponibles mediante sistemas de préstamo asequibles. El acceso a los medios es multilingüe, pero no se distribuye de forma uniforme. Conforme al Código de servicios de medios audiovisuales LP174/2018, los programas locales suelen contener al menos un 80% de contenido en rumano; las zonas donde una minoría representa al menos el 25% de la población tienen un umbral distinto para el rumano. Los programas en otras lenguas normalmente incluyen traducción al rumano, con excepciones para programas locales, contenidos de aprendizaje de idiomas y videoclips musicales. Las películas suelen doblarse o subtitularse en rumano y las emisoras deben cumplir cuotas de música en rumano, incluida música de Moldova. Teleradio-Moldova y GRT, el proveedor público regional de Gagauzia, ilustran la distribución diferente de la programación en rumano, gagauzo, ruso y búlgaro. La participación cultural incluye literatura, investigación, medios locales y organizaciones comunitarias en lenguas minoritarias, así como la asignatura «Historia, cultura y tradiciones». El ruso cuenta con una amplia infraestructura cultural y mediática; la actividad en ucraniano, búlgaro y romaní suele basarse más en las comunidades o la educación. En las elecciones, las papeletas suelen estar en rumano. Las autoridades electorales pueden ofrecer otras lenguas a petición, y la Comisión Electoral Central puede utilizarlas —ruso, gagauzo, ucraniano, búlgaro y romaní— en materiales informativos. Esto no crea un derecho automático a recibir todas las lenguas en cada colegio electoral. El Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Gobierno, la Oficina de Relaciones Interétnicas, el Ministerio de Educación e Investigación, las autoridades locales, las instituciones autónomas, el Consejo Audiovisual, los organismos electorales y la Oficina Nacional de Estadística abarcan partes diferentes del sistema. Por tanto, el acceso lingüístico depende tanto de la norma formal como de la región, la institución, el personal disponible y los mecanismos de traducción.