Estado en Mongolia

La Constitución de Mongolia establece la democracia, la justicia, la libertad, la igualdad, la unidad nacional y el Estado de derecho como principios fundamentales. Mongolia cuenta con un único sistema estatal nacional, no con una división federal de la soberanía. Su administración territorial incluye 21 aimags y Ulán Bator, seguidos de 330 soums y 9 distritos de la capital. Bagh y khoroo son unidades locales más pequeñas. El gobierno local combina el autogobierno electo con la administración estatal. El Gran Jural del Estado es el parlamento unicameral de Mongolia y la máxima autoridad estatal. Es el único órgano que promulga leyes, aprueba el presupuesto estatal y ejerce control parlamentario sobre el Gobierno y la aplicación de las leyes. La legislatura 2024–2028 tiene 126 miembros: 78 elegidos por circunscripciones y 48 mediante representación proporcional. Sus miembros cumplen mandatos de cuatro años. En 2025, el trabajo parlamentario se organizó mediante ocho comités permanentes. El Parlamento también se ocupa de nombramientos de altos cargos, audiencias, peticiones y supervisión de organismos públicos. El Presidente es el jefe de Estado, preside el Consejo de Seguridad Nacional y es comandante en jefe. Sus poderes constitucionales incluyen representar a Mongolia en el ámbito internacional, nombrar altos cargos diplomáticos, ejercer el veto, conceder indultos, decidir ciertos asuntos de ciudadanía y asilo, y actuar en materia de conscripción, emergencias y ley marcial conforme a la Constitución. El Gobierno está compuesto por el Primer Ministro y los ministros. El Primer Ministro dirige el Gobierno y responde ante el Parlamento. La Secretaría del Gabinete coordina la política gubernamental, la administración de personal, la supervisión y los vínculos entre la administración central y la local. Los ministerios, organismos reguladores y organismos ejecutores realizan funciones públicas sectoriales. El poder judicial es independiente. El Tribunal Supremo es el máximo tribunal; los tribunales de aimag y de la capital, de soum y de varios soums, de distrito y, cuando la ley lo dispone, los tribunales especializados resuelven asuntos en distintos niveles. El Consejo General Judicial y el Comité Disciplinario Judicial apoyan la administración y la rendición de cuentas judiciales. El Tribunal Constitucional tiene nueve miembros con mandatos de seis años; el Parlamento, el Presidente y el Tribunal Supremo nominan cada uno a tres miembros. Resuelve controversias constitucionales y revisa la constitucionalidad de las disposiciones legales. El Fiscal General es nombrado por el Presidente, tras consultar al Parlamento, por un mandato de seis años. Los jurales de aimag y de la capital, los jurales de soum y distrito, y los jurales generales de ciudadanos de bagh y khoroo cumplen funciones de representación local. Hay gobernadores en cada nivel. El Primer Ministro nombra a los gobernadores de aimag y de la capital; los gobernadores de nivel superior nombran a los de soum y distrito, y estos nombran a los de bagh y khoroo. Los jurales y gobernadores suelen tener mandatos de cuatro años. El Parlamento modifica los límites y las unidades administrativas a propuesta del Gobierno, después de la consulta ciudadana exigida por la ley. Los órganos locales gestionan funciones como planes de desarrollo, propiedad y presupuestos locales, impuestos y tasas locales, agua, alimentación y agricultura, vivienda y servicios públicos, transporte público, carreteras, residuos, cementerios, pastizales y mantenimiento de bienes locales de educación, salud y cultura. La responsabilidad precisa depende del nivel administrativo. Solo se puede delegar una función estatal mediante una ley, un acuerdo de derecho público y la financiación correspondiente. La Ley del Servicio Civil divide el servicio público en servicio político, administración estatal, servicio especial estatal y servicio de apoyo estatal. El núcleo del servicio civil comprende la administración estatal y el servicio especial estatal. La contratación pública se rige por el mérito, la profesionalidad, la continuidad, la transparencia, la neutralidad política en los puestos no políticos, la igualdad de acceso y la prevención de conflictos de intereses. La plataforma e-Mongolia y gov.mn proporcionan acceso digital central a los servicios públicos, y el portal incluye más de 900 servicios. El acceso depende del servicio y de los requisitos de identidad. Los extranjeros pueden usar servicios de inmigración y el portal para extranjeros cuando estén disponibles. Las oficinas locales siguen siendo pertinentes si un servicio depende de un registro de aimag, soum, distrito o khoroo. Las personas y entidades jurídicas pueden acceder a información pública. Los organismos gubernamentales pueden publicar información abierta por vía electrónica sin que medie una solicitud; también se puede presentar una solicitud oral o escrita. La información restringida requiere una solicitud escrita y sigue sujeta a las normas sobre secretos de Estado, secretos oficiales, datos personales y otras limitaciones legales. Los organismos públicos deben divulgar información sobre sus funciones, organización, personal, presupuestos, finanzas, contratación pública, informes y resultados de auditoría o supervisión. Deben actualizar la información que haya cambiado en un plazo de tres días hábiles. Las reclamaciones sobre la gestión de datos abiertos suelen tener un plazo de diez días hábiles según las normas aplicables. El presupuesto público integrado de Mongolia incluye el presupuesto estatal, los presupuestos locales, el Fondo Nacional de Riqueza o la denominación Fondo del Patrimonio Futuro utilizada en fuentes legales actuales, el Fondo del Seguro Social y el Fondo del Seguro de Salud. El Parlamento aprueba el presupuesto estatal; los órganos de aimag, capital, soum y distrito aprueban sus respectivos presupuestos locales. Los ingresos proceden de impuestos, ingresos no tributarios, transferencias y otras fuentes legales. El ejercicio fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. El gobernador de un soum o distrito prepara el proyecto de presupuesto local antes del 10 de diciembre y el jural correspondiente lo aprueba antes del 20 de diciembre. Las reglas de estabilidad fiscal regulan la deuda, la estabilidad presupuestaria y el ahorro o la inversión de los ingresos minerales. El sistema Glass Account publica información sobre presupuestos, contratación y bienes estatales. Los impuestos, tasas, cargos por servicios y pagos locales tienen bases legales distintas; por tanto, no existe una tarifa general única para acceder al Estado. La supervisión se reparte entre diversos órganos. El Parlamento y sus comités supervisan leyes, resoluciones, presupuestos y desempeño del Gobierno. La Oficina Nacional de Auditoría audita presupuestos estatales y locales, desempeño público, políticas de desarrollo y uso de fondos. El Consejo de Estabilidad Fiscal informa sobre asuntos fiscales. La Comisión Reguladora Financiera y el Banco de Mongolia supervisan áreas financieras y monetarias pertinentes. La Autoridad Gubernamental de Supervisión examina la legalidad, la disciplina y la accesibilidad de los servicios en ministerios, organismos, oficinas de gobernadores y entidades públicas. La Autoridad Independiente contra la Corrupción se ocupa de prevención, educación, reclamaciones, declaraciones patrimoniales y de ingresos, indagaciones e investigaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe reclamaciones, realiza indagaciones y supervisa los derechos humanos. Los tribunales ofrecen recursos judiciales y el Tribunal Constitucional realiza el control constitucional. La libertad de expresión, información, prensa, religión y asociación está protegida constitucionalmente y se prohíbe la censura. La Ley de Transparencia de la Información Pública aplica el principio de apertura por defecto, sujeto a restricciones legales. La ley de radiodifusión regula la radiodifusión pública y comercial, la competencia y la transparencia de la propiedad; la radio y televisión públicas cuentan con una base legal separada. La participación pública puede realizarse mediante audiencias parlamentarias, peticiones electrónicas D-Urgudul, consultas sobre el presupuesto público, comentarios en gov.mn y el canal gubernamental 11-11. El mongol es el idioma oficial. Desde el 1 de enero de 2025, las oficinas públicas están introduciendo gradualmente el uso conjunto de la escritura cirílica y la escritura mongola tradicional. Las funciones de seguridad estatal incluyen la coordinación de seguridad nacional a través del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente, la política de defensa y las Fuerzas Armadas bajo el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, la protección fronteriza, la policía, la inteligencia, la protección especial y la gestión de emergencias. La Agencia Nacional de Policía se ocupa de la delincuencia, el orden público y la seguridad pública. La Agencia General de Inteligencia trata asuntos exteriores, fronterizos y de contrainteligencia, y protege los secretos de Estado. La Autoridad General de Protección Fronteriza administra las fronteras terrestres y acuáticas, sus normas y los controles de pasajeros y vehículos; la Fuerza Aérea se ocupa de la frontera aérea. La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias gestiona desastres, incendios y otras emergencias. La información de seguridad y algunos presupuestos pueden estar exentos de las normas ordinarias de transparencia, pero las facultades coercitivas y de inteligencia siguen sujetas a la ley, la supervisión y los límites de derechos humanos. Las personas tienen igual protección ante la ley y los tribunales, acceso a servicios e información públicos, y derecho a presentar peticiones, quejas y recursos administrativos o judiciales. Deben obedecer la Constitución y las leyes, respetar los derechos ajenos, pagar impuestos y cumplir los deberes legalmente definidos en materia de seguridad nacional, orden público y servicio militar. Los funcionarios públicos deben actuar con transparencia, seguir las reglas de mérito, declarar los conflictos de intereses pertinentes y rendir cuentas. La autoridad competente, el procedimiento, el costo y el plazo de tramitación dependen de la institución responsable y del servicio concreto.