Medios de comunicación en Mongolia

El sistema de medios de Mongolia funciona a escala nacional dentro de un Estado unitario, pero la cobertura y la información local varían entre Ulán Bator, los aimags y los soums. Las redes estatales y las emisoras de radio o televisión locales pueden atender a audiencias regionales, mientras que los programas de acceso público prestan especial atención a las zonas remotas e inaccesibles. En 2024, el 85,1 % de la población utilizaba internet y el 83,4 % de los hogares tenía acceso a internet, según la UIT; estas cifras no demuestran que la disponibilidad sea igual en todas las regiones. El acceso en línea también depende del proveedor de internet, el contrato y el coste de los datos del usuario. La Radiodifusora Nacional de Mongolia, llamada habitualmente MNB, es una entidad nacional de radiodifusión pública sin ánimo de lucro, con un mandato de interés público, supervisada por un Consejo Nacional y centrada, entre otras cosas, en el pluralismo, la infancia y la juventud. MNB puede distribuir radio y televisión por servicios terrestres, satélite, cable e internet. Mongolia también tiene emisoras comerciales y posibles servicios locales de radio o televisión pública. La audiencia puede recibir programas terrestres en abierto, servicios multicanal de cable o satélite, televisión o radio de pago y radio o televisión públicas. El contenido extranjero de televisión y radio puede ofrecerse con doblaje en mongol o subtítulos. La radiodifusión requiere una licencia. La Comisión Reguladora de las Comunicaciones, o CRC, se ocupa de las licencias, las frecuencias, la supervisión del mercado y los contenidos, la transparencia de la propiedad, la competencia, la publicidad y las normas relativas a la infancia y la juventud. En virtud de la Ley de Radiodifusión, aprobada en 2019 y vigente desde 2020, los solicitantes de licencia generalmente deben ser entidades jurídicas mongolas. La ley excluye a las organizaciones estatales, los ciudadanos, los partidos políticos y sus afiliados, las entidades jurídicas con inversión extranjera, las organizaciones religiosas y las entidades con más del 30 % de gestión extranjera en las circunstancias especificadas por la ley. La selección suele realizarse mediante un proceso competitivo abierto. Una licencia de radiodifusión dura al menos cinco años; la solicitud de renovación debe presentarse tres meses antes del vencimiento y la decisión se toma en diez días hábiles. Se aplica un impuesto estatal de timbre y la retirada de una licencia puede impugnarse ante los tribunales. Las emisoras deben declarar las participaciones de propiedad a partir del 5 % y comunicar los cambios de propiedad en un plazo de 30 días. Los paquetes básicos ofrecen primero MNB u otros servicios públicos y canales gratuitos. Las normas de la CRC también abordan los programas en mongol, el contenido nacional y local, los programas originales, los subtítulos, la lengua de signos, los programas infantiles y los contenidos educativos. Cada emisora necesita su propia política editorial y sistema de ética, debe tramitar las quejas de espectadores u oyentes y conservar los archivos de programas durante al menos 60 días. La ley establece una tasa por los servicios públicos de radio y televisión, cuyo importe fija el Gobierno; la ficha informativa no establece un importe único para los usuarios. En el marco jurídico examinado no se ha identificado una autoridad nacional específica para la emisión en continuo en Mongolia ni una categoría única de licencia para servicios OTT. Los servicios «over-the-top», u OTT, son servicios de vídeo y audio distribuidos por internet, como el servicio web en directo de MNB, los sitios web de emisoras, las plataformas internacionales de emisión en continuo y las plataformas sociales. También se puede acceder a los contenidos mediante proveedores de cable o satélite. Los proveedores OTT pueden quedar sujetos a procedimientos de queja y restricción de contenidos, y siguen aplicándose las normas sobre licencias de derechos de autor y derechos afines, protección de datos personales y protección infantil. No existe un precio uniforme nacional establecido para el usuario final de los servicios de emisión en continuo; los cargos dependen del proveedor, el servicio y el plan de internet. Las redes sociales están igualmente fragmentadas; no existe un sistema unificado de plataformas locales. Cuando una queja se refiere a material ilegal o perjudicial en línea, los sitios web, las aplicaciones, las plataformas, los proveedores de internet, los proveedores OTT y otros proveedores de servicios digitales pueden formar una cadena funcional. Una autoridad competente puede examinar una presunta infracción y notificar a un proveedor para que retire o restrinja el contenido o el acceso a una página o sitio. El incumplimiento puede dar lugar a restricciones de acceso desde Mongolia, incluidas medidas asociadas a black-list.mn. Estos procedimientos no significan que los usuarios deban censurar por su cuenta opiniones lícitas. La Ley de Libertad de Prensa e Información protege la libertad de expresión, palabra y publicación, y prohíbe la censura estatal. En virtud de esa ley, los organismos estatales no pueden ser propietarios de sus propios medios de comunicación, mientras que los equipos editoriales siguen siendo responsables del material publicado. El periodismo impreso y digital puede cumplir la misma función periodística. El Consejo de Medios de Mongolia ofrece autorregulación voluntaria para el periodismo impreso, en línea, de radio y televisión mediante los Principios Mongoles de Ética de los Medios. La queja presentada ante el Consejo debe referirse a contenido periodístico, entregarse por escrito y, por lo general, tratar sobre material publicado durante los 90 días anteriores; se excluyen las quejas anónimas y generales. Se da al equipo editorial la oportunidad de responder, y los resultados y las estadísticas se hacen públicos. La información periodística debe ser exacta, imparcial, equilibrada e independiente. La publicidad, el contenido de pago y el material financiado por anunciantes deben identificarse claramente. Una emisora debe utilizar contenido propio o contenido cuyos derechos posea. La Ley de Transparencia de la Información Pública de 2021 permite solicitar información estatal abierta electrónicamente o mediante una solicitud, sin tener que explicar el motivo de la petición. El solicitante puede elegir el formato de acceso y debe recurrir a la fuente oficial. Una denegación o problema de acceso puede impugnarse ante una autoridad superior, un tribunal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Constitución protege los derechos a la opinión, la expresión, la prensa, la reunión pacífica y a buscar y recibir información, sujetos a límites legales. Estos pueden referirse a la dignidad y la reputación, la privacidad y los datos personales, la seguridad nacional, el orden público, la seguridad infantil, el discurso de odio, la obscenidad, la violencia, los derechos de autor y los secretos estatales u oficiales. La Ley de Protección de Datos Personales de 2021 regula la recopilación, el tratamiento, el uso y la seguridad de los datos personales. Abarca el consentimiento u otra base jurídica, la explicación de los fines y las consecuencias de negarse, las copias electrónicas gratuitas, la rectificación, modificación o supresión, y la interrupción del tratamiento, con sujeción a los derechos de terceros. La Ley de Derechos de Autor de 2021 protege los derechos de autor y los derechos afines, por lo que el uso de contenidos de los medios normalmente requiere una base jurídica o una licencia. Para las normas de protección infantil pertinentes, los niños son las personas menores de 18 años. La Ley revisada de Protección de la Infancia se aplica a los niños que se encuentren en Mongolia de forma permanente o temporal. Los proveedores de medios, las emisoras y los proveedores de servicios digitales no pueden distribuir contenido prohibido o perjudicial y pueden tener la obligación de supervisarlo, restringirlo o bloquearlo. Los programas de radiodifusión deben recibir una clasificación por edades antes de su emisión; los servicios multicanal deben ofrecer ajustes para adultos y restricciones o bloqueos tras recibir una notificación de la CRC. Los proveedores de internet pueden aplicar restricciones técnicas. La captación engañosa, el acoso y la intimidación en línea están prohibidos. Para publicar la imagen, el audio o el material audiovisual de un niño de una manera que perjudique su reputación o dignidad, se necesita el permiso de un progenitor o tutor. Las quejas pueden dirigirse a un inspector estatal de derechos del niño o a la policía; la CRC, la policía central y la administración de infancia y familia participan en la notificación o supervisión. La clasificación por edades no significa que el acceso carezca de restricciones. El organismo adecuado depende del asunto. El Consejo de Medios tramita las quejas admisibles sobre ética periodística; una emisora gestiona sus propias quejas editoriales; la CRC u otra autoridad competente puede abordar la radiodifusión autorizada y los daños digitales; los inspectores de derechos del niño o la policía se ocupan de infracciones relacionadas con contenidos infantiles, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede recibir quejas sobre el acceso a la información y los derechos sobre datos personales. El Consejo Nacional de MNB y un consejo consultivo opcional ofrecen vías públicas adicionales, mientras que la participación en radios o televisiones públicas locales existe solo donde se han establecido esos servicios. No se puede suponer que los costes de quejas y acceso sean uniformes en todos los procedimientos.