El Estado de Montenegro

La Constitución de Montenegro define el país como un Estado unido e inviolable. Los acuerdos internacionales ratificados y publicados y las normas del derecho internacional generalmente aceptadas forman parte del ordenamiento jurídico interno, prevalecen sobre la legislación nacional y pueden aplicarse directamente. Todas las personas deben cumplir la Constitución y las leyes, y pagar los impuestos y tasas establecidos por ley. Los ciudadanos ejercen la soberanía directamente y mediante representantes elegidos; las personas extranjeras y los ciudadanos tienen los derechos y deberes previstos por la legislación aplicable, mientras que la participación extranjera en el gobierno local depende de la ley. El Parlamento de Montenegro, la Skupština Crne Gore, tiene 81 miembros elegidos por cuatro años. Aprueba reformas constitucionales y leyes, el presupuesto estatal y la cuenta final, planes de desarrollo y ordenación territorial, así como estrategias de seguridad y defensa nacionales; supervisa el Ejército y los servicios de seguridad; ratifica acuerdos internacionales; decide sobre préstamos estatales; y elige o destituye al Gobierno. El Parlamento también elige a los jueces del Tribunal Constitucional, al fiscal supremo del Estado, al Defensor del Pueblo, a la dirección del Banco Central y al Senado de la Institución Estatal de Auditoría. Las sesiones ordinarias suelen celebrarse de marzo a julio y de octubre a diciembre. Seis mil votantes pueden presentar una iniciativa legislativa ciudadana. Las normas sobre referendos pertenecen principalmente al ámbito electoral; conforme al marco constitucional, una propuesta de referendo puede requerir al menos el 10 % del electorado. El presidente de Montenegro es elegido directamente mediante voto secreto por cinco años y puede ejercer un máximo de dos mandatos. Representa al Estado, promulga leyes, convoca elecciones parlamentarias, propone un candidato a primer ministro y candidatos al Tribunal Constitucional, propone al Defensor del Pueblo, nombra embajadores a propuesta del Gobierno tras la opinión del comité parlamentario pertinente y dirige el Ejército a través del Consejo de Defensa y Seguridad. El Consejo está compuesto por el presidente, el presidente del Parlamento y el primer ministro, y lo preside el presidente de la República. El Gobierno está formado por el primer ministro, al menos un viceprimer ministro y los ministros. Dirige la política interior y exterior, ejecuta las leyes, aprueba disposiciones de aplicación y propone el presupuesto, la cuenta final, los planes de desarrollo y ordenación territorial y las estrategias de seguridad y defensa nacionales. La estructura investigada del 44.º Gobierno comprende siete viceprimeros ministros, 25 ministerios y dos ministros sin cartera. La Secretaría General coordina el trabajo del Gabinete, la planificación estratégica, la armonización con el acervo de la Unión Europea y la información pública. La administración estatal incluye ministerios y otras autoridades administrativas. Una ley o disposición del Gobierno puede asignar ciertas funciones públicas al autogobierno local o a otra entidad jurídica. El Ministerio de Administración Pública se ocupa de la reforma administrativa, la función pública, la transformación digital, la administración electrónica, la identificación electrónica, los servicios de confianza, los datos abiertos, la democracia electrónica, las consultas públicas, las peticiones electrónicas y la accesibilidad. La Inspección Administrativa examina la administración estatal y local, los procedimientos administrativos, los deberes de los funcionarios y las obligaciones frente a la ciudadanía, incluida la discriminación. Una reclamación sobre la función pública puede presentarse primero ante la dirección de la institución; si se solicita una respuesta escrita, debe llegar en un plazo de 15 días. Un recurso administrativo de primera instancia se presenta ante la autoridad que dictó la resolución. Una decisión del Gobierno contra la que no cabe recurso administrativo puede impugnarse mediante un procedimiento contencioso-administrativo. Montenegro tiene 25 unidades de autogobierno local: la capital, Podgorica; la Antigua Capital Real, Cetinje; y los municipios de Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Tivat, Tuzi, Herceg Novi, Šavnik, Ulcinj y Zeta. Un municipio es una entidad jurídica con una Asamblea municipal elegida y un presidente o alcalde, servicios administrativos, patrimonio y presupuesto propios, ingresos propios y acceso a bienes estatales. Los municipios desempeñan funciones autónomas, mientras que la financiación local, la nivelación y las subvenciones condicionadas se regulan por separado. El Gobierno solo puede destituir a una autoridad local tras más de seis meses de inactividad. Las asambleas municipales aprueban documentos de planificación local. El poder judicial está compuesto por tribunales autónomos e independientes. La red de tribunales ordinarios incluye el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación, el Tribunal Administrativo, el Tribunal Mercantil, tribunales superiores y tribunales básicos. El Consejo Judicial nombra y destituye a jueces y presidentes de tribunales, fija el número de jueces, tramita quejas y asuntos de inmunidad, y propone la financiación judicial. La Fiscalía del Estado es una autoridad única e independiente, compuesta por fiscalías supremas, especiales, superiores y básicas. El Consejo Fiscal dirige el sistema de fiscalías. La Fiscalía Especial del Estado se ocupa del crimen organizado, la corrupción de alto nivel, el blanqueo de capitales, el terrorismo y los crímenes de guerra. El Tribunal Constitucional es una institución constitucional independiente con siete jueces, cada uno con un mandato de nueve años. Examina la conformidad de leyes y otros actos con la Constitución y los acuerdos internacionales aplicables, resuelve conflictos de competencia y determinadas quejas constitucionales, y puede investigar presuntas infracciones constitucionales del presidente. Por regla general, una queja constitucional se presenta después de agotar los recursos jurídicos efectivos. Cualquier persona puede iniciar una revisión de constitucionalidad. Las decisiones del Tribunal Constitucional se publican, son vinculantes con carácter general y deben ejecutarse. Los litigios electorales y sobre referendos pertenecen principalmente al ámbito electoral. La supervisión independiente incluye al Protector de los Derechos Humanos y las Libertades, conocido habitualmente como Defensor del Pueblo; la Institución Estatal de Auditoría; y la Agencia para la Prevención de la Corrupción. El Defensor del Pueblo tiene un mandato de seis años y recibe quejas sobre organismos estatales, administración local, autoridades locales, servicios públicos y entidades que ejercen poderes públicos. Su labor abarca los derechos humanos, la prevención de la tortura, la discriminación, los derechos de la infancia, los grupos vulnerables y la igualdad de género. La Institución Estatal de Auditoría realiza auditorías superiores de legalidad y rendimiento sobre bienes y pasivos estatales, presupuestos, entidades financiadas con fondos públicos y patrimonio estatal, e informa anualmente al Parlamento. La Agencia para la Prevención de la Corrupción se ocupa de conflictos de intereses, regalos, patrocinios, donaciones, declaraciones de ingresos y patrimonio, planes de integridad, protección de denunciantes y del interés público, supervisión del cabildeo y procedimientos administrativos o por infracciones menores relacionados. Los ingresos públicos proceden de impuestos, tasas y otras fuentes legales; los impuestos y tasas solo pueden establecerse por ley. El Banco Central es independiente y protege la estabilidad monetaria y financiera y el sistema bancario. El Ministerio de Finanzas informó que, a 31 de marzo de 2026, la deuda de las administraciones públicas ascendía a 5.133,5 millones de euros, el 59,9 % del producto interno bruto. La deuda neta era de 4.483 millones de euros, el 52,3 % del producto interno bruto, mientras que la deuda de los gobiernos locales era de 27,5 millones de euros, el 0,3 %. Las directrices fiscales 2026–2029 fijan para 2026 unos ingresos de 3.576,8 millones de euros y un techo de gasto de 3.158 millones de euros, con un déficit previsto del 3,7 % del producto interno bruto. La proyección de deuda baja del 68,0 % del producto interno bruto en 2026 al 59,9 % en 2029; son mediciones y proyecciones oficiales, no un coste universal impuesto a cada residente. Montenegro protege la libertad de expresión y de prensa y prohíbe la censura. Los medios pueden establecerse mediante inscripción. El marco incluye la Ley de Medios, la ley que regula la emisora pública Radio y Televisión de Montenegro (RTCG) y la Ley de Medios Electrónicos. La propiedad, la financiación pública y los registros publicitarios están sujetos a normas de transparencia. Las personas físicas y jurídicas pueden solicitar acceso a la información pública sin indicar el motivo. Las solicitudes pueden presentarse mediante servicios de administración electrónica, por correo postal o electrónico, o verbalmente para que se levante acta; deben identificar la información solicitada, el método de acceso preferido y al solicitante. Cualquier coste depende del servicio; los hechos disponibles no establecen una tasa estatal universal. El sistema de seguridad incluye el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Dirección de Policía, la Agencia de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia de Ciberseguridad y el Equipo gubernamental de respuesta a incidentes informáticos, conocido como CIRT. El Ejército defiende la independencia, soberanía y territorio de Montenegro, y el país puede participar en fuerzas internacionales. El Ejército y los servicios de seguridad están sujetos a control democrático y civil. Una emergencia constitucional puede deberse a un gran desastre natural, accidente técnico o ambiental, epidemia, grave alteración del orden público o amenaza al orden constitucional. Las leyes y disposiciones suelen entrar en vigor el octavo día tras su publicación, salvo que se justifique una fecha anterior. Por regla general, el presidente dispone de siete días para promulgar una ley, o de tres días en un procedimiento urgente; la propuesta de mandato del primer ministro debe presentarse en los 30 días siguientes a la constitución del Parlamento.