Desastres en Myanmar

Myanmar se encuentra entre los países del mundo con mayor exposición a varios peligros. Los ciclones y las marejadas ciclónicas son especialmente peligrosos a lo largo de Ayeyarwady, Mon, Rakhine y Tanintharyi. Los principales periodos ciclónicos son aproximadamente de abril a mayo y de octubre a noviembre. Las inundaciones monzónicas y repentinas afectan a zonas como Ayeyarwady, Bago, Sagaing, Chin, Kayin, Rakhine y Tanintharyi. Las zonas montañosas están expuestas a deslizamientos de tierra, mientras que la Zona Seca afronta sequías y la presión combinada de sequía e inundaciones. El riesgo sísmico es alto a lo largo del corredor sísmico que atraviesa zonas urbanas centrales, incluidas Mandalay y Yangon. Los incendios, incidentes industriales, tsunamis y olas de calor pueden generar otras emergencias. Los desastres han provocado pérdidas a gran escala. Desde 2002, los desastres han afectado a más de 13 millones de personas en Myanmar. El ciclón Nargis de 2008 causó aproximadamente 140.000 muertes y desplazó a unas 800.000 personas. El ciclón Komen de 2015 afectó a más de 9 millones de personas en 12 de las 14 regiones y estados, causó 172 muertes y desplazó temporalmente a alrededor de 1,7 millones de personas. El ciclón Mocha de mayo de 2023 afectó a más de 3 millones de personas y generó ráfagas de viento de hasta 305 kilómetros por hora. Las graves inundaciones relacionadas con Yagi en septiembre de 2024 afectaron a nueve estados y regiones. El terremoto del 28 de marzo de 2025 muestra la rapidez con que un desastre puede afectar varios sistemas a la vez. Más de 17 millones de personas de Mandalay, Sagaing, Bago, Nay Pyi Taw y Magway resultaron afectadas y unas 9 millones sufrieron impactos graves. Los daños directos a activos físicos se estimaron en aproximadamente 11.000 millones de dólares estadounidenses, alrededor del 14 % del producto interno bruto. Hubo daños en viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, servicios públicos y sitios religiosos. Las réplicas y las interrupciones de las comunicaciones dificultaron la evaluación y la asistencia, mientras que la recuperación continuó durante meses y años. El Departamento de Gestión de Desastres, conocido como DDM, dirige las funciones nacionales de gestión de desastres dentro del Ministerio de Bienestar Social, Socorro y Reasentamiento. El Comité Nacional de Gestión de Desastres Naturales, los organismos de las regiones y los estados, y los organismos de distrito, municipio, barrio y conjunto de aldeas apoyan la acción local. La Policía de Myanmar, los bomberos, la Cruz Roja de Myanmar, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, los organismos de la ONU y otros socios humanitarios pueden colaborar. La ASEAN y el Centro AHA apoyaron la evaluación dirigida por el DDM y la logística de ayuda tras el terremoto de 2025. La Ley de Gestión de Desastres Naturales de 2013, su reglamento de 2015, el Plan de Acción de Myanmar para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremotos y las directrices del DDM establecen responsabilidades para reducir riesgos, alertar con antelación, buscar y rescatar, evacuar, proporcionar refugio temporal, prestar ayuda, rehabilitar y reconstruir. El Departamento de Meteorología e Hidrología, o DMH, publica pronósticos diarios, de diez días, mensuales orientados a agricultores y regionales. Difunde información sobre ciclones, inundaciones, terremotos, tsunamis, precipitaciones y niveles de agua, incluidas alertas sobre inundaciones repentinas. El DMH utiliza datos satelitales de Himawari-8 y radares meteorológicos. También se ofrece información meteorológica pública a través de los teléfonos 067-411252 y 01-667766. El servicio Viber Agro-Advisory SEAD del PNUD ofrece información complementaria para usuarios agrícolas. La cobertura no es uniforme y los fallos de telecomunicaciones pueden retrasar las alertas. Las medidas de preparación incluyen evaluaciones de riesgos locales, sensibilización pública, simulacros, formación en búsqueda y rescate, voluntariado comunitario, reservas de alimentos y materiales de socorro, refugios ciclónicos, zonas seguras elevadas, diques costeros y protección de manglares. Los proveedores de salud, educación y servicios sociales pueden mantener planes sectoriales. La disponibilidad y calidad de estas medidas varían mucho entre regiones y entre zonas accesibles, remotas y afectadas por conflictos. Durante una emergencia, las autoridades locales pueden vigilar los peligros, abrir centros de gestión de emergencias, recopilar datos de daños y pérdidas, realizar búsquedas y rescates, organizar evacuaciones, ofrecer refugio temporal y distribuir alimentos y artículos no alimentarios. Los servicios sanitarios móviles y las clínicas temporales pueden apoyar a las comunidades afectadas. Las autoridades pueden ordenar a las personas que abandonen zonas o edificios peligrosos; la ley contempla avisos anticipados sobre evacuaciones y el traslado de ganado o bienes. Los refugios, el transporte, los procedimientos de registro y las instrucciones de evacuación dependen del suceso y la región. No se ha documentado un único mapa nacional de evacuación para todo tipo de peligro ni un sistema de acceso único garantizado. La asistencia puede incluir alimentos, artículos no alimentarios, lonas, kits de higiene, herramientas, refugio temporal, agua y saneamiento, y apoyo a la recuperación de medios de vida. La distribución suele depender del suceso, el programa, la financiación y el acceso físico. No se ha documentado que Myanmar tenga una prestación universal nacional por desastres, con importe fijo o plazo estándar de entrega. La respuesta de emergencia suele financiarse mediante programas estatales, de donantes y humanitarios; los gastos personales de transporte, refugio, comida, comunicaciones y reconstrucción varían según el lugar y las circunstancias. La recuperación suele avanzar de la evaluación de daños y pérdidas al socorro, el refugio temporal y la reconstrucción resiliente. Puede exigir restablecer viviendas, agua potable, transporte, electricidad, comunicaciones, escuelas, hospitales, agricultura y medios de vida. La ley de gestión de desastres pide reconstruir de manera resiliente y dar prioridad a grupos vulnerables. ONU-Hábitat ha apoyado a ingenieros locales y más de 25.000 evaluaciones de edificios mediante Oficinas Técnicas de Terremotos. Las zonas remotas y afectadas por conflictos pueden enfrentarse a mayores obstáculos de acceso, desplazamientos, daños a infraestructuras y falta de financiación. La ley da prioridad a bebés, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres y mujeres embarazadas o lactantes. Entre los hogares con personas con discapacidad afectados por el terremoto de 2025, el 61 % perdió el suministro eléctrico, el 54 % sufrió daños o destrucción de vivienda y alrededor del 48 % carecía de agua potable segura. La pérdida directa de propiedad privada causada por actividades de reducción del riesgo de desastres puede dar derecho a indemnización conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. La ley exime de impuestos los alimentos importados y los materiales de socorro o rehabilitación. La entrada no autorizada en edificios o zonas afectados o restringidos, o el incumplimiento de directivas oficiales, puede conllevar hasta un año de prisión, una multa o ambas sanciones; la investigación disponible no verificó la aplicación local vigente.