Derecho civil en Nicaragua

Una persona natural adquiere existencia legal al nacer y, en general, las personas naturales y jurídicas pueden tener derechos y obligaciones conforme al Código Civil. Los asuntos del estado civil incluyen inscripción de nacimientos, reconocimiento de filiación, matrimonio, unión de hecho estable y actas de defunción. El Registro del Estado Civil de las Personas funciona por medio de las Alcaldías municipales, bajo la responsabilidad normativa y central del Consejo Supremo Electoral. Puede haber rectificación administrativa o judicial cuando un acta contiene un error. Los asuntos de matrimonio o unión estable pueden corresponder a un Juzgado de Familia, un Juzgado Local o Único Civil, un Notario Público autorizado o, en la Costa Caribe, una autoridad territorial o comunal. Los contratos crean obligaciones por ley o por acuerdo de las partes. El objeto debe ser cierto y jurídicamente posible, y normalmente un contrato válido obliga a las partes como si fuera ley. La forma exigida depende de la operación y la legislación aplicable. Las partes pueden negociar, firmar un documento privado cuando sea jurídicamente válido u otorgar una escritura pública ante Notario Público, y luego cumplir las obligaciones acordadas. Un incumplimiento puede dar lugar a un reclamo de cumplimiento o indemnización por daños. La mediación ante DIRAC puede realizarse antes o durante un caso civil, incluso en algunos asuntos de ejecución, y se puede recurrir al arbitraje si las partes lo han acordado. El derecho de bienes distingue entre bienes muebles e inmuebles, propiedad, posesión, copropiedad, servidumbres, usufructo y bienes públicos o nacionales. Nicaragua reconoce formas de propiedad privada, pública, cooperativa, asociativa, comunal, familiar y mixta. La inscripción da publicidad a los derechos, pero la posesión no inscrita no crea automáticamente un título registrado. Una operación inmobiliaria común puede requerir un título o escritura, verificaciones tributarias y catastrales e inscripción en el Registro Público correspondiente. Pueden intervenir SINARE, el Registro Público de la Propiedad, el Registro de Garantías Mobiliarias y los sistemas vinculados con Catastro e INETER. Las tasas registrales, notariales y catastrales varían localmente, y los plazos de tramitación no siguen un calendario nacional uniforme. La prescripción positiva puede conducir a adquirir la propiedad y la prescripción negativa puede extinguir una reclamación; el plazo de prescripción ordinario es de 10 años, aunque hay períodos especiales según la reclamación. Los asuntos familiares se rigen principalmente por la Constitución y la Ley 870, el Código de Familia, y no solo por las disposiciones familiares más antiguas del Código Civil. Por lo general, una unión de hecho estable, notoria y singular requiere al menos dos años consecutivos y puede declararse mediante escritura pública o reconocimiento judicial. Salvo que unas capitulaciones válidas establezcan otro régimen, el régimen económico predeterminado es el de separación de bienes. Las obligaciones alimentarias pueden abarcar a hijos menores de 18 años, estudiantes de hasta 21 años cuando se cumplen las condiciones legales, personas con discapacidad, cónyuge o pareja y familiares necesitados. Un proceso familiar puede combinar disolución, alimentos, custodia, relaciones parentales y división de bienes comunes. Los Juzgados de Familia, los juzgados locales, los notarios autorizados y, en la Costa Caribe, las autoridades territoriales o comunales pueden cumplir funciones distintas. La sucesión se abre cuando ocurre la muerte o la muerte presunta y, por lo general, se tramita según el domicilio del causante, con jurisdicción normalmente vinculada al último domicilio. Nicaragua reconoce la sucesión testamentaria y la intestada. Los conceptos pertinentes incluyen herederos, legatarios, la porción del cónyuge sobreviviente, la pareja estable sobreviviente, un albacea y la partición de la herencia. Un testamento es personal y revocable, y suele cumplir formalidades ante un Notario Público y testigos. El proceso puede incluir un testamento o declaración de herederos, inventario, partición e inscripción en el Registro Público de Personas o el Registro Público de la Propiedad. El orden de sucesión puede incluir descendientes, ascendientes, parientes colaterales, cónyuge o pareja estable y, cuando corresponda, el municipio. La responsabilidad civil se refiere a la indemnización u otras consecuencias civiles por incumplir un contrato o causar daños por negligencia. La responsabilidad contractual y extracontractual son distintas, aunque ambas pueden dar lugar a indemnización. Las reclamaciones dependen de probar la conducta, el daño, el nexo causal y cualquier defensa aplicable. Algunas reclamaciones específicas por daños causados por personas o animales prescriben en el plazo de un año desde el daño; los plazos generales y especiales varían. Las obligaciones civiles que surgen directamente de un delito también pueden involucrar al Código Penal, que queda fuera del alcance principal de esta información sobre derecho civil. Los procedimientos civiles se rigen principalmente por la Ley 902, el Código Procesal Civil. La estructura judicial comprende la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Apelaciones, los Juzgados de Distrito y los Juzgados Locales. Por lo general, los Juzgados de Distrito conocen de los procesos ordinarios, los de cuantía inestimable y los asuntos restantes de primera instancia, además de apelaciones. Los Juzgados Locales conocen de procesos sumarios, reclamos monitorios dinerarios y otros asuntos que les asigna la ley. Los procedimientos combinan etapas escritas y orales y generalmente son públicos, directos, concentrados y contradictorios. Según el tipo de reclamación, están disponibles pruebas, medidas cautelares, procesos ordinarios, sumarios y monitorios, procedimientos de jurisdicción voluntaria y apelaciones. Por lo general, se necesita un abogado, aunque puede haber excepciones en procesos sumarios y monitorios basados en formularios. La administración de justicia en sí es pública y gratuita, pero los abogados privados, notarios, peritos, registros y otros servicios pueden generar costos. No hay un plazo nacional uniforme confiable para todos los casos. La ejecución comienza con una sentencia firme u otro título ejecutivo. El acreedor puede solicitar ejecución forzosa, identificación y embargo de bienes, inscripción del embargo preventivo sobre bienes inmuebles, avalúo, venta o subasta y distribución del producto. El tribunal civil o de ejecución competente controla el procedimiento, mientras que el Registro Público inscribe las medidas pertinentes. Los deudores conservan defensas procesales y no se pueden embargar los bienes protegidos por ley. Los costos judiciales, notariales, registrales y periciales y la duración de la ejecución dependen del caso y de los bienes involucrados. El acceso, las tarifas y los tiempos prácticos también pueden variar entre municipios, tribunales, oficinas registrales y autoridades de la Costa Caribe.