El Estado en Noruega

Noruega es un Estado soberano con su propia Constitución, territorio, instituciones, leyes y responsabilidades internacionales. El Estado actúa en nombre del país en su conjunto y protege el orden público, la seguridad nacional, los derechos y los servicios comunes. Noruega es una monarquía constitucional. El rey es el jefe de Estado formal, pero el poder político lo ejercen principalmente las personas representantes elegidas y el Gobierno. La función pública del rey es en gran medida ceremonial y se rige por normas constitucionales. El parlamento nacional noruego (Stortinget) es el parlamento de Noruega. La población elige a sus integrantes y el Storting aprueba leyes y el presupuesto nacional, además de supervisar al Gobierno. El Gobierno noruego (Regjeringen) dirige la labor diaria de la administración nacional. Noruega tiene un sistema parlamentario. Para gobernar, el Gobierno necesita contar con apoyo suficiente en el Storting, aunque todos sus ministros no pertenezcan al partido más grande. El primer ministro dirige el Gobierno y los ministros son responsables de distintas áreas políticas. Los tribunales son independientes de las ramas políticas. Interpretan y aplican las leyes, resuelven conflictos y protegen los derechos legales dentro de los límites de la Constitución y de otras normas vinculantes. Las autoridades públicas deben cumplir la ley y sus decisiones pueden impugnarse mediante los procedimientos establecidos. Noruega es un Estado unitario, pero gran parte del trabajo público se lleva a cabo a escala local. Los municipios (kommuner) se ocupan de muchos servicios cotidianos, mientras que los condados (fylkeskommuner) tienen responsabilidades como la planificación regional y la educación secundaria superior. Las autoridades nacionales establecen condiciones jurídicas y financieras importantes. Noruega también reconoce al pueblo sámi como pueblo indígena. El Parlamento Sámi (Sametinget) representa los intereses sámi y trabaja en asuntos relacionados con la lengua, la cultura, la sociedad y los derechos vinculados a la vida sámi. Su función es distinta de la del Storting nacional. La administración pública noruega (statsforvaltningen) convierte las leyes y decisiones políticas en servicios y resoluciones. Incluye ministerios, organismos y otras entidades públicas. Las decisiones públicas deben basarse en las normas, los hechos pertinentes y el trato igualitario, y permitir la presentación de recursos. El Estado ofrece servicios y prestaciones importantes, como educación, servicios de salud, asistencia social, infraestructuras y protección de emergencia. Se financian principalmente mediante impuestos y otros ingresos públicos, por lo que el sistema depende de la participación, la administración y las prioridades políticas. El poder del Estado tiene límites. La Constitución de Noruega, las leyes, los tribunales, las elecciones, la supervisión pública y los derechos fundamentales limitan lo que pueden hacer las autoridades. Por ello, conviene distinguir entre una promesa política, una decisión administrativa y un derecho exigible por ley.