Protección al consumidor en Nueva Zelanda

La legislación neozelandesa sobre consumo protege principalmente a quien compra bienes o servicios a una empresa para uso personal o doméstico. La situación jurídica puede ser distinta si quien compra es una empresa, si compra a título privado a otra persona o si acepta otro acuerdo lícito. La Ley de Garantías del Consumidor (Consumer Guarantees Act) establece garantías básicas para muchos bienes y servicios de consumo. Por lo general, los bienes deben tener una calidad aceptable, ser aptos para el fin indicado, corresponder a su descripción y suministrarse en un plazo razonable cuando no se haya acordado uno. Por lo general, los servicios deben prestarse con cuidado y competencia razonables, ser aptos para el fin indicado y completarse en un plazo razonable cuando no se haya acordado uno. La solución adecuada depende de la gravedad del incumplimiento y del tipo de problema. La Ley de Comercio Justo (Fair Trading Act) prohíbe las conductas engañosas o equívocas y las afirmaciones falsas o engañosas en el comercio. Pueden ser relevantes la publicidad, las declaraciones de venta, la información sobre precios, las descripciones de productos y las omisiones importantes. Una empresa puede ofrecer una garantía, una política de devoluciones u otra protección ampliada. Estas promesas pueden añadir derechos, pero la política de una tienda no puede eliminar sin más las garantías obligatorias para consumidores. Devolver algo porque se cambió de opinión no es lo mismo que solicitar una solución por un producto defectuoso o un servicio deficiente. El primer paso práctico suele ser contactar con el comerciante, explicar el defecto o la declaración engañosa y pedir una solución. Conviene conservar el comprobante de compra, fotografías, información del producto, comunicaciones y registros de gastos o pérdidas. Si el comerciante no resuelve el problema, se puede recurrir al procedimiento de reclamaciones del sector, pedir ayuda a una persona asesora en consumo o presentar una reclamación adecuada ante el Tribunal de Disputas (Disputes Tribunal). La Comisión de Comercio (Commerce Commission) se centra en hacer cumplir las normas en beneficio del público y no actúa como abogada particular de cada consumidor. El crédito al consumo tiene normas adicionales sobre préstamos, divulgación de información, capacidad de pago, dificultades económicas y comisiones. Los productos y servicios financieros también pueden contar con mecanismos especializados de reclamación y resolución de disputas. Los derechos del consumidor no son ilimitados. La solución puede depender del uso indebido, el desgaste normal, la antigüedad y el precio del artículo, la gravedad del incumplimiento, lo prometido y si la compra está cubierta por la ley pertinente.