El entorno cotidiano en Paraguay

Paraguay no tiene una sola autoridad nacional para el entorno cotidiano. La municipalidad suele ocuparse de calles, avenidas, plazas, parques, limpieza, infraestructura pública, uso local del suelo y partes de los servicios básicos. Su Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio (PDS) establece prioridades de desarrollo; el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) regula la zonificación, el sistema vial, la infraestructura y los servicios. Los permisos de construcción, el fraccionamiento de lotes, los asuntos catastrales y las normas locales sobre riesgos de incendios o derrumbes también dependen del municipio. Los aranceles, documentos y plazos de tramitación no son uniformes en todo el país. La EPHC del INE de 2025 registró 1.846.580 hogares. El agua potable llegaba al 87,2 % de los hogares; una fuente mejorada de agua, al 93,2 %; y el saneamiento mejorado, al 93,4 %. La recolección pública de residuos alcanzaba al 62,3 % en general, pero al 80,7 % de los hogares urbanos y al 17,4 % de los rurales. La quema de residuos domésticos afectaba al 25,7 % de los hogares: al 9,4 % en zonas urbanas y al 65,6 % en rurales. Estas cifras muestran por qué un mismo problema relacionado con el entorno puede requerir soluciones prácticas distintas según el distrito y el tipo de asentamiento. Los servicios de agua son regulados y supervisados a nivel nacional por ERSSAN, conforme a la Ley 1614/2000. Entre los proveedores están ESSAP, SENASA, las Juntas de Saneamiento locales y las redes privadas o comunitarias. La Ley 3239/2007 considera el agua un bien público y reconoce el acceso a una cantidad mínima de agua potable, con prioridad para el consumo humano. El uso del agua puede requerir autorización de la autoridad de recursos hídricos, y los proyectos que la afecten pueden necesitar una evaluación de impacto ambiental. Se espera que los servicios ofrezcan continuidad, regularidad, calidad e igualdad de trato, con el objetivo nacional de suministro continuo, aunque siguen siendo posibles las interrupciones locales. Primero informa el problema al proveedor y después a ERSSAN. ESSAP publica los números 162 y 0800-11-0888 para reclamos y consultas de servicio. Los cargos por conexión y las tarifas dependen del proveedor, la zona y el régimen tarifario; los cargos vigentes de ESSAP deben consultarse por separado. Las aguas residuales pueden llegar a una red pública de alcantarillado, pero muchas zonas utilizan pozos ciegos o tanques sépticos. ERSSAN se ocupa de la calidad del servicio, las tarifas, los proveedores y los efluentes. Donde no existe red pública, son determinantes el sistema individual o la Junta de Saneamiento local. Una descarga inadecuada puede afectar el suelo y el agua y generar obligaciones ambientales, incluso cuando no haya conexión al alcantarillado. La gestión de residuos está descentralizada. La Ley 3956/2009 y el Decreto 7391/2017 establecen el marco nacional. MADES fija requisitos nacionales, gestiona el marco PNGIRSU y la planificación relacionada PMGIRS, y utiliza instrumentos como la DIA para instalaciones de disposición y el registro SIAM. La municipalidad organiza la recolección, limpieza y disposición local, o contrata esos servicios. La quema a cielo abierto de residuos es ilegal, aunque sigue siendo común en la práctica, sobre todo donde la recolección es limitada. El cargo, horario de recolección y canal de reclamo aplicables dependen del municipio o proveedor privado que atienda la dirección. La Ley 1100/1997 regula el ruido de fuentes públicas o privadas. En zonas residenciales o públicas, los límites indicados son 45 dB(A) durante la noche, de 20:00 a 07:00; 60 dB(A) durante el día, de 07:00 a 20:00; y 80 dB(A) para picos ocasionales. En zonas mixtas se aplican 55, 70 y 85 dB(A); en zonas industriales, 60, 75 y 90 dB(A). dB(A) es una medición del sonido ponderada para aproximarse a la audición humana. El plan regulador local determina la clasificación de la zona. El reclamo puede presentarse a la municipalidad o a la Policía; el municipio puede autorizar la actividad, coordinar una medición técnica y exigir protección acústica. El equipo de medición debe pertenecer al municipio o estar controlado por el INTN. Las sanciones pueden llegar a 50 jornales, con consecuencias más severas para infracciones reiteradas. No se establece un costo nacional para reclamos ni un plazo uniforme de tramitación. La regulación de la calidad del aire se basa en la Ley 5211/2014, el Decreto 1269/2019 y resoluciones pertinentes. MADES y su Dirección General del Aire se ocupan de fuentes fijas y móviles, límites y el Índice de Calidad del Aire (ICA). La cobertura oficial en tiempo real se concentra principalmente en Asunción y Central; el ICA vigente se centra en PM2.5 y PM10, y otros contaminantes pueden requerir datos aparte. El Proyecto Respira y los sensores comunitarios pueden complementar las mediciones oficiales, pero sus datos son informativos y no establecen una red nacional de monitoreo distribuida por igual. El acceso al portal es gratuito. El humo de la quema de residuos, el tránsito intenso y la actividad industrial pueden hacer que la información sobre el aire sea especialmente pertinente para una dirección concreta. Las municipalidades administran parques, plazas, áreas verdes y el cuidado de árboles públicos; la Ley 4928/2013 rige los árboles urbanos en todo el país. Los propietarios, inquilinos y poseedores tienen deberes respecto de los árboles en sus propiedades y junto a la vereda colindante. La poda intensa, el trasplante o la tala normalmente requieren autorización municipal. La compensación por tala es de diez plantines por cada árbol. Para un árbol público puede requerirse el consentimiento de vecinos y un certificado técnico. Si se daña un árbol, el responsable puede tener que pagar su reposición. Tras una inspección, la decisión municipal puede tardar hasta cinco días hábiles. El acceso, mantenimiento y equipamiento de las áreas verdes públicas dependen mucho del lugar. Las cuestiones de biodiversidad y áreas protegidas pertenecen principalmente al tema de Naturaleza y no a este tema de entorno cotidiano. Las responsabilidades de seguridad también están distribuidas. La SEN, creada por la Ley 2615/2005, coordina la gestión del riesgo de desastres con departamentos, municipios y actores privados. Entre los peligros pertinentes están las inundaciones, tormentas, incendios y sequías. La SEN ofrece el Atlas de Riesgos y los servicios de alerta SAT-SEN, mientras que la DMH emite alertas meteorológicas y de precipitaciones. Los municipios se ocupan de la organización local de emergencias y de las normas sobre riesgos de construcción, incendio y derrumbe. Los números nacionales de emergencia son 911 para la Policía, 132 para los Bomberos y 141 para SEME. Los tiempos de respuesta dependen del evento y del lugar. La participación ambiental puede realizarse mediante MADES y SIAM, incluido el acceso a información ambiental, expedientes de evaluación de impacto ambiental y seguimiento de proyectos. Conforme a la Ley 294/1993, el Decreto 453/2013 y la Resolución SEAM 640/2014, se exige una audiencia pública si una comunidad indígena resulta directamente afectada; también puede celebrarse tras una solicitud fundamentada de vecinos o personas posiblemente afectadas presentada por Mesa de Entrada de MADES. Las observaciones y objeciones deben considerarse en la decisión. Los procesos del PDS y el POUT ofrecen canales adicionales de planificación municipal; se prevé que la gobernanza del agua incluya elementos participativos y descentralizados. Las normas específicas del proyecto determinan el momento. La accesibilidad de veredas, rampas, cruces y otras instalaciones cotidianas depende principalmente de las competencias municipales de construcción, planificación e infraestructura. Paraguay no cuenta con un canal nacional único comprobado para reclamos de accesibilidad cotidiana. Por eso, hay que consultar el POUT pertinente, la oficina municipal y el plan de infraestructura local para el lugar exacto. La expansión urbana, los cambios de uso del suelo, la infraestructura, los proyectos de agua y las instalaciones de residuos pueden involucrar a la municipalidad, al PDS o POUT y a procedimientos ambientales de MADES, como EIA, DIA y seguimiento por SIAM. La extracción y el uso de agua también pueden requerir evaluación o autorización ambiental. El Geoportal y SIAM ofrecen información ambiental y espacial. Los costos y plazos dependen del municipio, el proyecto y el tipo de permiso; no existe un plazo nacional único para todos los cambios que afectan el entorno. La vivienda, la biodiversidad y las áreas protegidas, y el transporte como tema principal corresponden a temas relacionados; aquí aparecen solo cuando afectan directamente el entorno cotidiano.