El Estado en Paraguay

La Constitución Nacional (CN) establece a Paraguay como un Estado Social de Derecho cuya soberanía reside en el pueblo. Los idiomas oficiales son el español y el guaraní, mientras que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio nacional. Los tres poderes del Estado son institucionalmente distintos: el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente y el vicepresidente; el Congreso Nacional sanciona leyes y ejerce control político y presupuestario; y el Poder Judicial resuelve causas, con la Corte Suprema de Justicia como tribunal de mayor jerarquía. El Ministerio Público dirige de manera independiente la persecución penal pública y protege los derechos constitucionales, los bienes públicos, el medioambiente y los derechos indígenas. La administración nacional incluye ministerios y Organismos y Entidades del Estado (OEE), como organismos autónomos, descentralizados y empresas estatales. El Ministerio de Economía y Finanzas coordina la gestión presupuestaria y financiera mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). El Presupuesto General de la Nación (PGN) se aprueba cada año por ley. La Ley 7609/2025 aprobó el presupuesto de 2026 por ₲149,6 billones, incluidos ₲74,9 billones para la Administración Central y ₲74,7 billones para entidades descentralizadas; la Ley de Responsabilidad Fiscal establece un déficit máximo del 1,5 %. Al 12 de septiembre de 2026, una propuesta presupuestaria de ₲166,3 billones para 2027 todavía no se había convertido en presupuesto aprobado. Paraguay cuenta con departamentos y municipios con responsabilidades distintas. Cada departamento tiene un gobernador y una Junta Departamental elegidos directamente por un período de cinco años. La Gobernación coordina planes de desarrollo regional, infraestructura y presupuestos; la Junta dicta normas departamentales y ejerce control. Los municipios son administrados por un intendente y una Junta Municipal. Esta última dicta ordenanzas, reglamentos y resoluciones, aprueba el presupuesto y las normas tributarias municipales, y supervisa al intendente. Las responsabilidades municipales incluyen planificación, desarrollo urbano, fraccionamiento de tierras, construcción, caminos, espacios públicos, mercados, servicios locales, orden público y catastro. Las responsabilidades nacionales no se transfieren automáticamente a los gobiernos locales sin las atribuciones y recursos necesarios. Asunción es la capital y cuenta con su propio municipio. Las personas pueden encontrar servicios y trámites públicos en el Portal Único de Gobierno, en paraguay.gov.py. Cada servicio debería indicar sus requisitos, formulario, institución responsable, lugar, horario de atención, canal de acceso y costo. Identidad Electrónica brinda una identificación digital central para trámites en línea en portales públicos participantes; en ocasiones se requieren verificaciones adicionales o autenticación de dos factores. En general, el acceso digital está disponible las 24 horas, pero el acceso práctico varía según la conexión a internet, la distancia, la capacidad institucional y los servicios lingüísticos. Las alternativas presenciales dependen del servicio. La Constitución protege la libertad de expresión, la libertad de prensa y la difusión de información. La Ley 5282/2014 regula el acceso a la información pública y la transparencia; cualquier persona puede presentar una solicitud, sujeta a los procedimientos, plazos y excepciones legales. La Ley 5189/2014 añade obligaciones de transparencia para los organismos públicos. Abarca instituciones nacionales, departamentales y municipales; conforme a la Ley 4251/2010, se prevé que la información y comunicación públicas estén disponibles en español y guaraní, aunque la aplicación y el apoyo lingüístico varían según la institución. Varios organismos ejercen control. La Contraloría General de la República (CGR) audita la ejecución y contabilidad del PGN, los bienes públicos, los departamentos, los municipios, los bancos y los OEE, y recibe las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos. El Congreso puede solicitar información, investigar y examinar las finanzas públicas. Los municipios deben elaborar presupuestos anuales, informes periódicos de ejecución y rendiciones anuales de cuentas. La Defensoría del Pueblo recibe quejas sobre derechos humanos e intereses comunitarios, sin importar nacionalidad, edad o residencia y sin exigir que se hayan agotado previamente otros recursos. No puede actuar como tribunal ni como autoridad ejecutiva. La seguridad pública se distribuye según la función. La Policía Nacional mantiene el orden público, protege a las personas, los derechos y los bienes, previene delitos y cumple órdenes e investigaciones autorizadas bajo dirección judicial. El Ministerio del Interior y la estructura nacional de seguridad interna establecen el marco de seguridad doméstica. El Ministerio de Defensa Nacional dirige la política de defensa y seguridad, mientras que las Fuerzas Armadas protegen la defensa nacional y no realizan tareas administrativas municipales ordinarias. Según el asunto, una denuncia o incidente puede involucrar a la Policía Nacional, el Ministerio Público, un Juzgado o la Defensoría del Pueblo. Los residentes y otras personas que utilizan instituciones públicas tienen derecho a la información y al acceso a procedimientos administrativos y judiciales; sus deberes pueden incluir cumplir la ley, pagar impuestos y tasas locales establecidos legalmente y colaborar con procedimientos lícitos.