Mascotas en Santa Lucía

Entre las mascotas habituales en Santa Lucía hay perros y gatos, así como aves, conejos, hámsteres, tortugas, galápagos, peces ornamentales, ratones, ratas, jerbos y chinchillas. Todo animal vivo que entre en Santa Lucía necesita un permiso de importación, aunque las condiciones sanitarias varían según la especie. La fauna silvestre y las especies exóticas pueden requerir un permiso de la Forestry Division conforme a la Wildlife Protection Act y no siguen el procedimiento habitual para mascotas domésticas. Los perros de tres meses o más necesitan una licencia anual en Soufrière, Vieux Fort, Choiseul, Laborie, Micoud, Dennery, Gros Islet, Anse-la-Raye y Canaries. La licencia se obtiene en la oficina local del Sub-Collector of Taxes antes del 31 de enero; un nuevo propietario debe solicitarla en un plazo de siete días. La norma citada limita cada licencia a un pueblo o localidad y fija una tarifa de 1,20 dólares del Caribe Oriental o la cantidad que establezca el Gazette; la norma no menciona Castries. No consta un registro nacional general de mascotas ni un portal único de adopción en Santa Lucía. La Veterinary and Livestock Services Division (VLSD) del Ministry of Agriculture se ocupa de la importación, la cuarentena, la salud veterinaria pública, el laboratorio y los servicios ambulatorios o clínicos. Quien lleve un perro o gato a Santa Lucía debe obtener el Veterinary Import Permit antes del envío, presentar las pruebas requeridas, pagar la tarifa de tramitación de 45 dólares del Caribe Oriental y comunicar a las autoridades el puerto, la fecha, la hora y el vuelo de llegada al menos tres días antes. Si la solicitud está completa, la tramitación tarda unos dos días laborables. La falta de documentos o de permiso puede provocar la denegación de entrada o la eutanasia humanitaria. Por lo general, los perros y gatos necesitan un microchip conforme a ISO 11784/11785, una vacuna antirrábica inactivada o con adyuvante administrada al menos un mes antes de la exportación, un certificado oficial de salud veterinaria, pruebas de que gozan de buena salud y no tienen parásitos externos, y tratamiento contra parásitos internos y externos administrado como máximo 14 días antes de la exportación. Los perros también necesitan vacunas contra el moquillo, la leptospirosis, la hepatitis o el adenovirus, la parainfluenza y el parvovirus, administradas al menos 14 días antes de la exportación. Según el caso, pueden exigirse pruebas de dirofilariosis, enfermedad de Lyme, leishmaniasis, Nipah o Hendra. Los gatos necesitan protección contra FeLV, rinotraqueítis, calicivirus, panleucopenia y neumonitis, administrada al menos 14 días antes de la exportación. Una sección archivada de preguntas frecuentes oficiales menciona una concentración de anticuerpos contra la rabia de al menos 0,5 IU/ml, una extracción de sangre como mínimo 30 días después de la vacunación y una espera de seis meses, pero el material actual del servicio no indica claramente ese plazo. Confirma las condiciones exactas con la VLSD antes de reservar el transporte. Santa Lucía prohíbe importar pit bull terriers, bull terriers, american staffordshire terriers, staffordshire bull terriers o british staffordshire terriers, japanese tosa inus, dogos argentinos, fila brasileiros y cruces de estas razas. La Animals Act también prohíbe importar perros de pelea; infringir la norma puede conllevar una multa de hasta 5.000 dólares y hasta dos años de prisión. Todo perro de pelea que se mantenga en Santa Lucía debe registrarse ante el ministro responsable de la Administración Local, esterilizarse, llevar collar y placa metálica y tener una marca en la oreja. Está prohibido criar, vender, intercambiar, regalar o anunciar un perro de pelea; el registro dura toda la vida del animal. La tarifa de registro indicada es de 500 dólares y puede cambiar mediante el Gazette. Las normas citadas definen como peligroso al perro que pesa más de 20 kilogramos y tiende a atacar sin provocación. Esta categoría también incluye a los perros de pelea, dóberman, rottweiler, ridgeback, akita, bullmastiff, mastín y pastor alemán. Una persona menor de 18 años no puede ser propietaria de uno. El perro debe permanecer en una propiedad privada protegida por una cerca o un muro, y en lugares públicos o transporte público debe llevar bozal y correa, acompañado por una persona responsable de al menos 18 años. La propiedad debe tener un aviso de advertencia. El abandono puede acarrear una multa de 1.000 dólares; si una fuga causa lesiones, la multa puede ser de 5.000 dólares, y si causa la muerte, de 20.000 dólares; en ciertas circunstancias también puede imponerse una pena de hasta cinco años de prisión. El propietario sigue siendo responsable de los daños que cause el perro. El Ministry of Local Government puede incautar un perro peligroso si no se cumplen las normas. El procedimiento citado prevé un aviso de siete días y otros tres días antes de sacrificar al animal, salvo que una persona apta pueda hacerse cargo. Quien ya no pueda mantener al perro debe informar al Ministerio o transferir su custodia conforme al procedimiento legal. Una persona autorizada puede incautar y sacrificar humanitariamente a un perro peligroso hallado en un lugar público en las circunstancias previstas por las normas. Las normas de bienestar animal de Santa Lucía prohíben los golpes, la inanición, el maltrato, la tortura y el sufrimiento innecesario. La crueldad puede conllevar una multa de 1.000 dólares por animal, la pérdida de su custodia y la inhabilitación para tener animales. Atar a un animal o abandonarlo de forma que le cause sufrimiento puede conllevar una multa de 500 dólares. Transportarlo de manera que le cause dolor innecesario puede acarrear una multa de 500 dólares por la primera infracción, de 1.000 dólares por reincidencia y la prohibición de transportarlo. Operar en tejidos sensibles sin la debida atención y anestesia también puede constituir maltrato. Los locales destinados a peleas de perros o hostigamiento de toros pueden recibir una multa de 5.000 dólares y otra de 100 dólares por cada día que continúe la actividad; participar o ayudar puede conllevar una multa de 500 dólares. Los animales que deambulen, entren en propiedad ajena, vaguen o causen obstrucción, peligro o daños pueden ser incautados y llevados a una perrera municipal. El propietario puede enfrentarse a una multa de 5.000 dólares o hasta dos años de prisión. Ante un peligro inmediato, un policía uniformado puede disparar a un animal o inmovilizarlo. El propietario puede tener que retirarlo en un plazo de cuatro horas y pagar los gastos correspondientes. Si se conoce al propietario, debe recibir un aviso; si no se conoce, el aviso puede publicarse tras 48 horas. Si un animal permanece detenido más de cuatro semanas, puede subastarse después de un plazo de aviso de tres semanas en el Gazette. Por lo general, el propietario puede recuperarlo antes de la venta pagando las tarifas aplicables y los gastos razonables de incautación y custodia. Para recurrir judicialmente una incautación ilegal, la solicitud debe presentarse en un plazo de 10 días. Los cuidados habituales incluyen vacunación, control de parásitos, identificación, esterilización cuando corresponda y alojamiento seguro. La VLSD presta servicios veterinarios públicos y de cuarentena, y veterinarios privados y organizaciones de rescate ofrecen servicios adicionales. La información disponible no documenta una obligación nacional de vacunación rutinaria, una lista universal de precios ni un sistema de seguro para mascotas, así que hay que confirmar las tarifas y la disponibilidad con cada proveedor. La St Lucia Animal Protection Society (SLAPS) presta apoyo para adopciones, atención veterinaria, alimentación de animales callejeros, voluntariado, afiliación y patrocinio. HelpAWS apoya el rescate, las adopciones, la acogida temporal, los programas de esterilización a gran escala y la captura, esterilización y devolución de animales. Estos servicios dependen en gran medida de las donaciones y de la capacidad disponible. La entrega planificada de un animal suele organizarse de manera informal mediante grupos de rescate, hogares de acogida o contactos de adopción; no se ha comprobado que haya un servicio centralizado de entrega, una tarifa estándar, una plaza garantizada en un refugio ni una garantía de que no se recurrirá a la eutanasia. Abandonar un animal no es una entrega legal. El PDF citado de la Animals Act fue revisado hasta el 31 de diciembre de 2005, y una compilación de 2023 está marcada como no autenticada; por ello, conviene confirmar las normas de aplicación, las tarifas y las condiciones de importación actuales con la VLSD, el Ministry of Local Government o la autoridad local pertinente.