El Estado en Senegal

El orden constitucional de Senegal se basa en la Constitución del 22 de enero de 2001, con sus modificaciones. El francés es el idioma oficial. El Presidente es garante de la Constitución, define la política nacional, preside el Consejo de Ministros, nombra al Primer Ministro y a los ministros, firma decretos y ordenanzas, representa a Senegal en el extranjero y es comandante en jefe. El mandato presidencial dura cinco años; la elección directa se realiza en dos vueltas y la Constitución limita el cargo a dos mandatos. A fecha de 12 de septiembre de 2026, Bassirou Diomaye Diakhar Faye es Presidente y Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo es Primer Ministro. El Gobierno actúa colectivamente bajo la autoridad del Presidente y responde políticamente ante el Presidente y la Asamblea Nacional. La estructura ministerial actual está establecida por el Decreto n.º 2026-1133, de 1 de junio de 2026, que prevé 26 ministerios. La Presidencia, la Primatura, los ministerios, los establecimientos públicos y las empresas con participación pública desempeñan funciones nacionales. Los sitios web institucionales pueden contener información antigua; para un servicio concreto, compruebe el decreto vigente y el ministerio responsable. La Asamblea Nacional es un parlamento unicameral. Aprueba leyes, aprueba y supervisa el presupuesto y controla al Gobierno. Senegal no tiene Senado. El Consejo Económico, Social y Medioambiental y el Alto Consejo de las Colectividades Territoriales fueron abolidos por la Ley n.º 12/2024, de 14 de diciembre de 2024. Las elecciones corresponden a un proceso electoral separado; estas instituciones explican cómo ejercen la autoridad pública los órganos electos. El Consejo Constitucional tiene siete miembros nombrados por períodos no renovables de seis años. Examina cuestiones constitucionales y tratados, resuelve ciertos conflictos de competencia y conoce de la excepción de inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo conoce recursos de casación, revisa decisiones administrativas, examina el exceso de poder y puede revisar la legalidad de actos locales. También ofrece procedimientos de medidas cautelares administrativas y mecanismos de asistencia jurídica. Los tribunales ordinarios conocen de otros asuntos judiciales. El Tribunal de Cuentas audita a los contables públicos, la ejecución de las leyes presupuestarias y la gestión de organismos públicos, autoridades locales y agencias, y puede sancionar faltas de gestión. Senegal combina la desconcentración y la descentralización. En la desconcentración, los servicios del Estado operan a través del Gobernador en la región, el Prefecto en el departamento y el Subprefecto en el arrondissement. La referencia estadística general más reciente, el RGPH-5-2023 de la ANSD, registra 14 regiones, 46 departamentos, 127 arrondissements y 553 comunas. No deben mezclarse estas cifras con páginas ministeriales antiguas que todavía indican 14 regiones, 45 departamentos o 123 arrondissements. Para un trámite concreto, compruebe el mapa territorial vigente y la autoridad señalada por la fuente pertinente. En la descentralización, el Departamento y la Comuna son autoridades territoriales con consejos electos, servicios, presupuestos y recursos propios, sujetos a competencias transferidas. Una Ciudad puede coordinar determinadas funciones. Los representantes del Estado ejercen el control de legalidad sobre las decisiones locales. Las impugnaciones sobre la legalidad de actos locales pueden llegar al Tribunal Supremo; la gestión financiera puede ser auditada por el Tribunal de Cuentas. Los jefes de aldea y las autoridades religiosas pueden recibir apoyo administrativo de la DGAT o la DARC, pero no equivalen a tribunales estatales ni a autoridades jurídicas establecidas por ley. La administración pública se organiza por funciones. Entre los organismos pertinentes figuran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, el Ministerio de la Función Pública, Trabajo y Reforma del Servicio Público, el Ministerio de Urbanismo, Colectividades Territoriales y Ordenación del Territorio, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Comunicación y Relaciones con las Instituciones. La DGAT coordina el trabajo de gobernadores, prefectos y subprefectos. Senegal Services reúne formularios y servicios en línea, mientras que los ministerios y oficinas locales gestionan los servicios que siguen dependiendo de cada institución. Las tarifas y los plazos de tramitación dependen del servicio y del procedimiento; no existe una tasa estatal general aplicable a todos los servicios públicos. Las finanzas públicas utilizan el DPBEP y el DPPD como instrumentos de planificación, seguidos de la ley anual de finanzas, posibles leyes rectificativas y la ejecución trimestral o anual. Para 2026, los ingresos previstos ascienden a 6.188,8 mil millones de FCFA; los gastos, a 7.433,9 mil millones; el déficit, a 1.245,1 mil millones; y el gasto de inversión, a 2.384,6 mil millones. El Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación gestiona los impuestos, las aduanas, la deuda pública y la ejecución presupuestaria. La Asamblea Nacional autoriza y supervisa políticamente el presupuesto, mientras que el Tribunal de Cuentas audita su ejecución. Las autoridades territoriales administran sus propios presupuestos y recursos y pueden recibir fondos o transferencias mediante mecanismos establecidos. La ARCOP es una autoridad administrativa independiente con autonomía financiera y administrativa. Regula la contratación pública y se ocupa de la resolución de controversias y la supervisión. APPEL apoya la contratación electrónica. Estos organismos son pertinentes cuando una empresa o institución pública participa en un contrato público, impugna un procedimiento de contratación o debe seguir un proceso formal de licitación. Varios organismos ofrecen supervisión y vías para presentar reclamaciones. La OFNAC recibe quejas y denuncias, realiza investigaciones y auditorías, apoya la prevención y gestiona obligaciones de declaración patrimonial en virtud de las leyes n.º 2025-12, 2025-13 y 2025-14. Su línea telefónica es 800 000 900. La IGE y las inspecciones especializadas también inspeccionan la administración pública. La CNDH, convertida en autoridad administrativa independiente por la Ley n.º 2024-14, promueve y protege los derechos humanos, recibe reclamaciones individuales y colectivas, investiga y emite recomendaciones. El Mediador y el Observador Nacional de los Lugares de Privación de Libertad tienen funciones de reclamación y supervisión de centros de detención, pero no son tribunales. Las protecciones constitucionales incluyen la libertad de expresión y el acceso a la información dentro de los límites fijados por ley. La Ley n.º 2025-15 permite a una persona solicitar información a los organismos incluidos en su ámbito sin exponer un motivo. La consulta presencial es gratuita, las copias electrónicas son gratuitas y se pueden cobrar los costes de reproducción hasta el coste real. Entre las excepciones figuran la defensa nacional, las investigaciones, los asuntos judiciales y la información sanitaria y de seguridad. Si una solicitud no prospera después de dirigirse al organismo pertinente, se puede presentar una reclamación ante CONAI, la autoridad administrativa independiente de acceso a la información. El Decreto n.º 2025-1837, de 18 de noviembre de 2025, establece normas de aplicación relacionadas. La supervisión de los medios y los contenidos digitales se está reorganizando. En virtud de la Ley n.º 2026-09, de 10 de abril de 2026, la CNRM abarca la prensa impresa, audiovisual y en línea, las plataformas digitales y los creadores de contenido. Sus funciones incluyen el pluralismo, la independencia, la ética profesional y la protección de los menores y la cultura. El sitio web de la CNRA sigue activo, por lo que en un caso concreto debe comprobarse la transición operativa de la CNRA a la CNRM. Las funciones de seguridad se distribuyen entre las fuerzas armadas y los servicios civiles de seguridad. El Ministerio de las Fuerzas Armadas gestiona la organización, la preparación, el equipamiento, el suministro, la defensa territorial y las obligaciones internacionales. El Estado Mayor planifica operaciones conjuntas, la movilización y el trabajo del ejército, la fuerza aérea y la marina. La Gendarmería es una fuerza policial militar bajo las fuerzas armadas, pero depende del Ministerio del Interior para las misiones policiales. La Policía Nacional, a través de la DGPN, se ocupa de la seguridad del Estado, la protección de instituciones y personas, las fronteras, los extranjeros, los documentos de viaje, el orden público, la delincuencia, el terrorismo y la delincuencia transnacional. La BNSP presta servicios de bomberos, rescate, protección ante desastres y protección medioambiental. La ASP apoya la seguridad comunitaria preventiva y no sustituye a la Policía ni a la Gendarmería. El acceso a un servicio público suele comenzar en Senegal Services, el ministerio responsable, una oficina administrativa local o el tribunal, organismo de supervisión o autoridad de reclamación pertinente. Los documentos necesarios, la tarifa y el plazo dependen del servicio. Los derechos y obligaciones pueden derivarse de la Constitución, la legislación, una decisión administrativa, un contrato público o un procedimiento de seguridad. Los impuestos y otras obligaciones públicas se aplican conforme a las normas pertinentes; las obligaciones de seguridad y orden público dependen de la situación de la persona y de la autoridad correspondiente.