Derecho laboral en Sierra Leona

La Ley de Empleo de 2023 (Ley 15) entró en vigor el 11 de mayo de 2023, y el Reglamento de Empleo de 2023 figura en el Instrumento Legislativo 10. La Ley de Relaciones Laborales y Sindicatos de 2024 (Ley 6) regula los sindicatos, la negociación colectiva y la acción sindical. Estas normas nacionales se aplican a empleadores y trabajadores, incluidos los trabajadores civiles de las fuerzas armadas, la policía, los bomberos, el servicio penitenciario y servicios relacionados. No se aplican a los miembros de esos servicios uniformados ni a personas autónomas sin contrato de trabajo. No se identificaron normas laborales separadas para una región o ciudad concreta de Sierra Leona. El contrato de trabajo puede ser oral o escrito, pero el Comisionado de Trabajo y Empleo debe revisar y certificar los contratos, manuales de recursos humanos y políticas de personal. Sin la certificación requerida, el documento no es vinculante ni válido. El empleador debe entregar los detalles escritos del empleo a más tardar 12 semanas después del inicio del trabajo y registrar por escrito los cambios en un plazo de cuatro semanas. Deben indicarse las partes, la fecha de inicio, el puesto, el lugar de trabajo, el salario, las deducciones, las horas extraordinarias, la jornada, los permisos, la baja por enfermedad, el preaviso, el convenio colectivo y las normas disciplinarias. El período de prueba puede durar como máximo seis meses; durante ese período, la terminación requiere siete días de preaviso o el pago equivalente. Un contrato de duración determinada inferior a seis meses puede renovarse como máximo una vez. El trabajo ocasional o temporal es estacional o intermitente y puede durar como máximo seis meses; si se superan seis meses con el mismo empleador, el trabajador pasa a ser permanente cuando existe una vacante. La jornada ordinaria se limita a ocho horas al día y 48 horas a la semana. Un contrato puede permitir más de ocho horas diarias, hasta diez, y más de 40 horas semanales, hasta 48. Con el consentimiento escrito del trabajador, el trabajo por turnos puede promediar hasta diez horas al día y 48 a la semana durante un período máximo de tres semanas. Después de no más de cinco días de trabajo consecutivos, el trabajador debe recibir al menos un día de descanso. Quien tenga programadas ocho horas de trabajo o más en un día debe recibir una pausa de al menos 30 minutos. Las horas extraordinarias son las que exceden ocho horas al día o 40 a la semana. Si no hay un acuerdo escrito sobre horas extraordinarias, se pagan con un incremento del 50% sobre la tarifa normal entre semana y del 100% los fines de semana y festivos. El trabajo nocturno, de 20:00 a 06:00, recibe un suplemento mínimo del 30%. Una excepción temporal a las reglas de descanso requiere descanso compensatorio en un plazo de dos meses. El salario mínimo nacional es de NLe 1,200 al mes desde el 1 de abril de 2026 y se aplica a trabajadores con contratos orales o escritos. Los empleadores deben entregar un comprobante salarial desglosado en inglés sencillo cada vez que paguen. Entre las deducciones permitidas figuran los impuestos, las cotizaciones a NASSIT o pensiones, cargos acordados por comida o alojamiento, pérdidas o daños probados y cuotas sindicales; una deducción ilegal debe reembolsarse. NASSIT es el Fondo Nacional de Seguridad Social y Seguros. El trabajador aporta el 5% de sus ingresos básicos y el empleador el 10%; el pago vence el día 15 después de finalizar cada mes. Estas reglas de inscripción y cotización también cubren a trabajadores contratados, a tiempo parcial, ocasionales y domésticos. Tras un año de servicio continuo, las vacaciones anuales incluyen una prestación equivalente al menos a un mes de salario básico. Si las exigencias laborales impiden tomar las vacaciones, corresponde un mes y medio de salario básico. Los complementos relacionados con riesgos pueden aplicarse al trabajo nocturno, la vivienda o alquiler, el transporte, la atención médica, los viajes, el manejo de efectivo, el buceo y la extinción de incendios. La Comisión de Salarios e Indemnizaciones se ocupa de las remuneraciones del sector público y de las revisiones del salario mínimo; la Junta Nacional Conjunta de Negociación también tiene funciones conforme a la Ley de Empleo. Se prohíbe el trabajo forzoso. La ley prohíbe la discriminación por motivos que incluyen raza, color, sexo, embarazo o maternidad, estado civil, discapacidad, edad, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, etnia y sexualidad. Hombres y mujeres deben recibir igual remuneración por trabajo de igual valor, evaluado mediante análisis de puestos. Se prohíben la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, incluido el acoso sexual y por razón de género. Por lo general, una queja empieza por el procedimiento del lugar de trabajo y puede continuar con una investigación del Comisionado y después ante el Tribunal Superior. Se aplican la privacidad y la confidencialidad, y se prohíben las represalias por presentar una queja. Los menores de 15 años no pueden trabajar en un lugar de trabajo. Los trabajadores menores de 18 años no pueden realizar trabajos subterráneos, nocturnos, extraordinarios o peligrosos, y los empleadores deben conservar un registro de menores. La licencia de maternidad dura al menos 14 semanas con remuneración íntegra, protección frente al despido y derecho a reincorporarse. La licencia de paternidad dura dos semanas con remuneración íntegra y puede usarse como máximo una vez al año. La licencia por enfermedad requiere certificado médico. No se puede exigir una prueba de embarazo durante la contratación, salvo que lo justifique un puesto de alto riesgo o una restricción legal. La Ley de Fábricas de 1974 y la Inspección de Fábricas proporcionan el marco vigente de seguridad laboral. La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Inspección de Fábricas puede inspeccionar sin aviso, examinar registros y muestras, emitir órdenes de mejora o prohibición, precintar temporalmente o cerrar un lugar de trabajo e iniciar procedimientos ante el Tribunal Superior. La investigación disponible no confirmó la promulgación de una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo independiente, que seguía en revisión. Los trabajadores pueden formar sindicatos, afiliarse a ellos y abandonarlos. Se prohíben el despido, las amenazas, los incentivos o la discriminación por actividad sindical. La Ley de Relaciones Laborales y Sindicatos de 2024 prevé el registro sindical, certificados de negociación y consejos sectoriales con representación paritaria de empleadores y trabajadores. La negociación colectiva se lleva a cabo por sector a través de esos consejos. Los empleadores pueden deducir cuotas sindicales mediante mecanismos de retención en nómina, pero los trabajadores deben disponer de una opción escrita para darse de baja. El Congreso del Trabajo de Sierra Leona es la organización paraguas de los trabajadores y SLEF representa a los empleadores. No se acreditó un requisito legal general de tener un comité de empresa o representantes de los trabajadores en los consejos de administración. Un conflicto laboral puede referirse a salarios, contratación, jornada, condiciones, disciplina, terminación, quejas o mecanismos de resolución. El primer paso habitual es la negociación en el lugar de trabajo o un procedimiento de queja; si es necesario, sigue la conciliación o investigación del Comisionado de Trabajo y Empleo. La negociación y la mediación deben tener lugar antes de cualquier acción sindical. Una huelga requiere un aviso escrito con 21 días de antelación al empleador y al Ministerio, enviado por medio del secretario general de un sindicato registrado que tenga certificado de negociación. No se puede hacer huelga mientras continúe la negociación o mediación. El Tribunal Superior tiene competencia constitucional sobre los conflictos laborales; no se acreditó la existencia de un Tribunal Laboral independiente. El empleador debe demostrar una causa justa para terminar un contrato indefinido, como incompetencia, conducta indebida probada, reducción de plantilla o restricción legal. El preaviso ordinario es de un mes o el pago de un mes de salario básico en su lugar. Una conducta indebida grave o un incumplimiento repudiatorio del empleador pueden justificar una excepción al preaviso. Un despido colectivo que afecte al menos al 5% de la plantilla en cuatro semanas requiere consulta, información y negociación con el sindicato, aviso al Comisionado y al menos cuatro semanas de aviso a los representantes antes del primer despido. Para una reducción de plantilla prevista, el empleador debe informar al Comisionado y al sindicato al menos tres meses antes, consultarles, aplicar el criterio de último en entrar, primero en salir sujeto al mérito relativo y hacer todo lo posible por pagar una indemnización por reducción de plantilla. Por lo general, un trabajador con al menos un año de servicio tiene derecho a una indemnización por despido o prestación por fin de servicio, salvo cuando se justifique una falta grave. El pago vence en un mes y puede abonarse en un máximo de dos plazos según un plan de pagos. El empleador debe entregar un certificado de servicios. Las medidas por despido improcedente pueden incluir readmisión, recontratación, clasificación como reducción de plantilla o una indemnización de al menos 24 meses del salario mínimo nacional. En caso de insolvencia, el empleo termina al cabo de un mes y los salarios impagados tienen prioridad. El Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, generalmente llamado MoELSS, supervisa el sistema por medio del Comisionado de Trabajo y Empleo, los inspectores laborales y los centros de empleo. El Registro de Sindicatos tramita el registro sindical, la Comisión de Salarios e Indemnizaciones se ocupa de las remuneraciones del sector público y la revisión del salario mínimo, y NASSIT gestiona las cotizaciones a la seguridad social. Las quejas pueden presentarse de manera confidencial; el Comisionado puede ordenar reembolsos, revocar o reducir medidas disciplinarias, ordenar el pago de salarios por suspensión sin sueldo o exigir prestaciones por fin de servicio. El incumplimiento puede remitirse al Tribunal Superior. La investigación disponible no estableció una tasa general para los trámites del Ministerio o del Comisionado; las tasas de presentación ante el Tribunal Superior siguen sin estar claras. El sistema jurídico formal está establecido, pero el acceso está fragmentado porque gran parte del trabajo es informal. Un informe ministerial de diciembre de 2025 situó el sector informal en torno al 70% de la población, mientras que se indicó que la cobertura formal de NASSIT era de aproximadamente el 9%. Se propuso ampliar la cobertura del sector informal, pero su marco jurídico aún estaba en preparación. El trabajo doméstico está incluido funcionalmente en la Ley de Empleo y las normas de NASSIT, aunque su implementación sigue desarrollándose a través de un Comité Directivo Nacional vinculado al Convenio 189 de la OIT. La contratación, los permisos de trabajo, la situación migratoria, la gestión general de empleadores y los recursos ordinarios de derecho civil son áreas relacionadas; el derecho laboral se aplica a las obligaciones, derechos y procedimientos propios del empleo.