Entorno en Siria

Siria cuenta con sistemas públicos formales, servicios municipales y alternativas humanitarias o comunitarias, pero su cobertura está fragmentada. Los servicios de agua, saneamiento e higiene, conocidos a menudo como WASH, pueden depender de la red de tuberías, pozos perforados, estaciones de agua, depósitos, estaciones de bombeo, suministro en camiones cisterna, almacenamiento doméstico o agua embotellada. El suministro de agua sigue alrededor de un 40 % por debajo de los niveles anteriores a la guerra. Más de la mitad del agua suministrada no recibe un tratamiento seguro, las pérdidas de agua no facturada rondan el 44 % a nivel nacional y pueden llegar al 80 % en algunas localidades, y cerca del 70 % de las aguas residuales no recibe tratamiento. En Damasco suele haber agua entre 6 y 8 horas al día. El caudal del manantial de Fijeh ha bajado a unos 2 metros cúbicos por segundo, aproximadamente el 12 % de su nivel histórico. En las zonas notificadas, la sequía también ha secado 552 pozos y 27 manantiales. La falta de electricidad afecta directamente al bombeo, la refrigeración, la iluminación, la calefacción y las comunicaciones. En algunas zonas, el suministro puede limitarse a unas 2-4 horas al día, y durante los cortes eléctricos los sistemas de agua pueden funcionar a cerca del 22 % de su capacidad de producción. Por ello, las familias y los proveedores de servicios pueden recurrir a depósitos, camiones cisterna privados, cloración, hipoclorito de sodio, estaciones de ósmosis inversa o generadores solares y de emergencia. Los sistemas tarifarios están obsoletos, las revisiones de las tarifas eléctricas afectan al costo del bombeo y no se dispone de precios domésticos nacionales fiables. Se prevé que los proyectos de agua y electricidad financiados mediante programas públicos e internacionales continúen durante 2025-2026, pero el acceso sigue dependiendo del lugar. Las carreteras, las redes de alcantarillado y la recogida de residuos sólidos son especialmente poco fiables en asentamientos informales, campamentos, refugios colectivos y zonas de retorno. Las unidades administrativas municipales, las autoridades locales, el Ministerio de Administración Local y Medioambiente, el Ministerio de Energía, el Establecimiento Sirio de Agua y el Establecimiento Público para la Transmisión y Distribución de Electricidad comparten responsabilidades sobre distintos servicios. ONU-Hábitat, el PNUD, UNICEF y otras organizaciones suelen apoyar las reparaciones o la prestación temporal. La Ley n.º 50/2002 establece normas de protección ambiental, inspección, evaluación del impacto ambiental y responsabilidad, pero no crea un derecho nacional demostrado a disfrutar de un nivel de entorno igual en todo el país. Los riesgos de contaminación del aire proceden del polvo, la quema de residuos, el diésel, el uso de generadores y las infraestructuras dañadas. La Ley n.º 50 y la Resolución n.º 67 prevén límites de emisiones, vigilancia ambiental, inspecciones y sanciones, pero las pruebas disponibles no establecen una red nacional actual de estaciones de control, series temporales públicas ni canales de denuncia fiables. La legislación también establece límites máximos de ruido, normas de mitigación y sanciones, aunque los datos locales de medición y aplicación siguen siendo escasos. Los espacios públicos, jardines y parques de ciudades afectadas por el conflicto suelen estar dañados. En proyectos de Alepo, Homs y Deir ez-Zor se han realizado consultas comunitarias, se ha mejorado el acceso seguro, la iluminación y el pavimento, y se han reducido barreras. Pueden participar municipios, consejos locales, comités de barrio o aldea, organizaciones de la sociedad civil y representantes comunitarios. La participación suele estar vinculada a un proyecto concreto de recuperación o espacio público, en lugar de existir como plataforma nacional garantizada. En las consultas pueden incluirse mujeres, niños, jóvenes, personas mayores, personas desplazadas internas y personas con discapacidad, aunque el acceso real varía según el lugar. Las municiones explosivas —incluidos los dispositivos sin detonar, las minas, las municiones en racimo y los artefactos explosivos improvisados— afectan a zonas urbanas, rurales, agrícolas y de pastoreo. El Centro Nacional de Acción contra las Minas, el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), las organizaciones humanitarias y las autoridades locales imparten formación sobre riesgos, realizan estudios y tareas de desminado y prestan asistencia a las víctimas cuando el acceso lo permite. Entre el 8 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, se produjeron más de 920 incidentes que causaron 607 muertes y 1.070 lesiones, según la investigación proporcionada; Deir ez-Zor, Alepo e Idlib estuvieron entre las zonas más afectadas. La población debe evitar las zonas sospechosas y seguir las advertencias locales; no se exige que los residentes despejen por su cuenta el terreno contaminado. La recuperación está pasando de la ayuda de emergencia a la recuperación temprana, la resiliencia y la reconstrucción, pero los avances son desiguales. El marco de recuperación de 2026 incluye la integración en las comunidades de acogida y las zonas de retorno, mientras que ONU-Hábitat informa sobre perfiles urbanos, planes de recuperación y proyectos territoriales. El retorno seguro y sostenible depende de que funcionen el agua, la electricidad, el saneamiento, las carreteras, la recogida de residuos, los espacios públicos y el desminado de municiones explosivas. Las necesidades de reconstrucción se estiman en más de 200.000 millones de dólares estadounidenses, por lo que las carencias de financiación y la dependencia de proyectos seguirán afectando la calidad y el momento de las mejoras locales.