Seguros en Siria

Siria cuenta con un sector asegurador establecido, regulado principalmente por la هيئة الإشراف على التأمين (Superintendencia de Seguros de Siria, SISC), en virtud del Decreto Legislativo 68/2004 y el Decreto Legislativo 43/2005. El Ministerio de Finanzas ejerce la supervisión política, mientras que las aseguradoras, agentes, corredores y administradores externos autorizados gestionan contratos y reclamaciones. El Decreto Legislativo 43/2005 abarca seguros de vehículos, bienes, responsabilidad, accidentes, marítimos, aviación, energía, ingeniería, salud, vida, ahorro, agricultura y otros ramos. El التأمين التكافلي, o seguro takaful, también está presente en el mercado. Los seguros sociales obligatorios son administrados por la المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (Organización General de Seguros Sociales) conforme a la Ley 92/1959 y sus modificaciones posteriores. Se vinculan principalmente al empleo y la ocupación, no a la residencia. La cobertura puede incluir empleados de la industria, el comercio, la agricultura y el sector público, con disposiciones específicas para algunos trabajadores por cuenta propia y ciudadanos sirios en el extranjero. El sistema ofrece prestaciones de jubilación, discapacidad, supervivencia, lesiones laborales y enfermedades profesionales. Los costes por enfermedad y maternidad suelen gestionarse mediante obligaciones del empleador. El marco de seguros sociales citado no contempla prestaciones legales por desempleo ni una asignación familiar general. Un perfil de pólizas verificado y fechado el 1 de enero de 2022 enumeró cotizaciones del 7 % para empleados, un 1 % adicional opcional para cobertura por discapacidad o fallecimiento, un 14,1 % para empleadores y un 21,1 % para trabajadores por cuenta propia, además de una cotización patronal separada del 3 % para lesiones laborales. La base de cotización y los tipos oficiales pueden haber cambiado por la inflación y las reformas; confirme las cifras actuales con la oficina de seguros sociales pertinente. El derecho a pensión depende de la edad, el historial de cotizaciones y la categoría aplicable. Las reglas citadas incluyen distintas vías de jubilación para hombres y mujeres y, en general, exigen 15, 20 o 25 años de cotización. La fórmula de pensión utiliza el 2,5 % de los ingresos de referencia por año cotizado, hasta un máximo del 80 % según el marco citado. El seguro privado se contrata directamente con una aseguradora autorizada o a través de un agente o corredor. Las pólizas de salud suelen utilizar un administrador externo y una red de proveedores. La póliza determina la suma asegurada, prima, franquicia, exclusiones, renovación, cancelación, obligaciones de pago y pruebas para reclamar. No existe una norma nacional única que fije todas las primas, derechos de renovación o plazos de reclamación de las pólizas privadas. Las primas dependen del riesgo y varían según el producto, la aseguradora y el riesgo cubierto. El seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos frente a terceros es distinto de la cobertura a todo riesgo opcional. El propietario de un vehículo sin póliza vigente sigue siendo responsable de su propio bolsillo por los daños cubiertos a terceros. El Ministerio de Transporte y la SISC han trabajado para mejorar la emisión de pólizas y la tramitación de reclamaciones. En el futuro, los precios podrían tener en cuenta las infracciones o el historial de accidentes, pero la información disponible no permite dar por supuesta una nueva tarifa nacional. En 2022, las pólizas de vehículos podían emitirse en seis puntos fronterizos y 51 puntos del interior; el acceso actual por región puede cambiar según las sucursales, la seguridad y la infraestructura. A 31 de diciembre de 2024, el mercado incluía 13 aseguradoras y registró una facturación declarada de 570.000 millones de SYP. Salud representaba alrededor del 49,7 % de la cartera declarada, vehículos el 23 % y transporte el 10 %. Una estructura del mercado de 2022 registró una aseguradora estatal, doce aseguradoras privadas —incluidas dos takaful—, una reaseguradora y siete administradores externos. En ese período había 198 puntos de acceso, incluidas sucursales, oficinas y puntos de distribución bancaria, en diez provincias, con mayor concentración en Damasco, Homs, Latakia, Alepo y Tartús. Estas cifras describen condiciones de mercado fechadas y no garantizan la disponibilidad actual. La reclamación suele comenzar con una notificación rápida a la aseguradora, agente o corredor según la póliza. Las pruebas habituales incluyen la póliza, documentos de identidad, informe policial, informes médicos o forenses y pruebas de reparación, pérdida o propiedad, según el caso. La aseguradora o su perito evalúa los daños y decide la liquidación conforme a la póliza y la legislación aplicable. Las pruebas disponibles no establecen un plazo nacional uniforme para atender reclamaciones. Se puede hacer seguimiento de las quejas con la aseguradora y la SISC; las disputas pueden continuar ante los tribunales civiles de seguros de primera instancia y apelación de la provincia pertinente, conforme a la Ley 5/2017. Un plazo general citado para reclamaciones de seguros es de tres años desde que se conoce el hecho o riesgo asegurado, pero debe comprobarse su aplicación al caso concreto. En caso de lesiones corporales o fallecimiento causados por un vehículo no identificado, el صندوق تعويض متضرري حوادث السير مجهولة المسبب (Fondo de Compensación para Afectados por Accidentes de Tráfico con Causante Desconocido) puede proporcionar un mecanismo funcional de indemnización bajo la SISC. Normalmente se requieren pruebas policiales, médicas o forenses y de identidad. No consta que el fondo ofrezca indemnización general por daños a vehículos o bienes. En 2026 se estaban preparando una nueva ley de seguros, requisitos de licencia, normas de solvencia de capital y reformas relacionadas; la investigación proporcionada no confirma que estas propuestas hubieran entrado en vigor en septiembre de 2026.