Derecho civil en las Islas Salomón

Los materiales jurídicos vigentes no confirman que las Islas Salomón tengan un código civil único y exhaustivo. Las reclamaciones civiles se rigen por la Constitution of Solomon Islands 1978, leyes y legislación subsidiaria, leyes británicas de aplicación general que seguían vigentes el 1 de enero de 1961, el common law y la equidad, y el derecho consuetudinario. El common law se desarrolla mediante decisiones judiciales, mientras que la equidad aporta principios adicionales de justicia y reparación. El Schedule 3 de la Constitución aplica el common law y la equidad salvo que la Constitución o una ley modifiquen el resultado, la norma no sea adecuada para las Islas Salomón o entre en conflicto con el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario forma parte del derecho, sujeto a la Constitución y las leyes. El ámbito incluye contratos y acuerdos, garantías reales sobre bienes muebles, negligencia y otros daños civiles, tierras y arrendamientos, relaciones familiares, adopción, tutela, manutención, órdenes de protección, testamentos, sucesiones, herencias y ejecución de sentencias. La Secured Transactions Act 2008 sustituyó el antiguo sistema Bill of Sales y permite crear y registrar garantías reales sobre bienes muebles. El arbitraje está disponible conforme a la Arbitration Act, bajo supervisión y ejecución del High Court; las normas procesales también contemplan la mediación. Las tierras requieren un análisis separado. Las tierras registradas se gestionan a través del Registrar of Titles y el registro de tierras, mediante instrumentos como transferencias, arrendamientos, gravámenes, servidumbres, anotaciones cautelares y derechos de paso. Las tierras consuetudinarias se rigen por la propiedad y el uso consuetudinarios conforme a la Land and Titles Act y la Customary Land Records Act. En general, una persona que no sea de las Islas Salomón no puede tener un derecho sobre tierras consuetudinarias, salvo excepciones legales, como ciertos casos de matrimonio y herencia. Un arrendamiento futuro de más de 21 años no tiene efecto, y para una operación de arrendamiento se exige el registro. Algunos actos también pueden requerir el consentimiento del arrendador o del titular del gravamen. El registro, los levantamientos topográficos, las valoraciones, los impuestos de timbre y los servicios profesionales tienen costes separados; los plazos del registro o de la adjudicación de tierras dependen del asunto. El High Court tiene jurisdicción civil sobre asuntos jurídicos, excepto los consuetudinarios. El Court of Appeal conoce las apelaciones civiles procedentes del High Court y otros recursos previstos por la ley. El Magistrates' Court se ocupa, entre otros asuntos, de reclamaciones contractuales y extracontractuales, disputas entre arrendadores e inquilinos, medidas cautelares, tutela, custodia e interpleader. Su jurisdicción monetaria civil varía según el nivel: las demandas personales ordinarias suelen llegar a SBD 20.000, un Principal Magistrate puede conocer hasta SBD 50.000 y el límite puede alcanzar SBD 100.000 si las partes están de acuerdo. Los Local Courts conocen asuntos locales y consuetudinarios, en particular disputas sobre tierras consuetudinarias. Una apelación sobre tierras consuetudinarias suele pasar del Local Court al Customary Land Appeal Court dentro de los tres meses y, después, al High Court dentro de los tres meses solo por un error de derecho o procedimiento. Las Civil Procedure Rules 2007 están vigentes desde el 1 de marzo de 2008. Regulan las reclamaciones, las partes, la notificación, la divulgación, las pruebas, la mediación, las sentencias en rebeldía, las medidas cautelares, las solicitudes de arbitraje, las apelaciones y la ejecución. Por lo general, una citación debe notificarse personalmente. Una persona puede acudir al registro o al secretario judicial, contratar asesoría jurídica privada o pedir ayuda a Public Solicitor's Office. Esta oficina proporciona asesoramiento o representación y asistencia jurídica gratuita a personas en situación económica desfavorecida, según factores como la situación financiera, el tipo de problema, la edad, la discapacidad y las necesidades de comunicación. Organiza semanalmente en Honiara consultas sobre asuntos civiles, familiares y de tierras, y cuenta con oficinas provinciales o circuitos judiciales. La asistencia no supone representación automática en todos los casos. Los asuntos familiares pueden seguir vías formales o consuetudinarias. La Islanders' Marriage Act reconoce los matrimonios religiosos, los registrados por un District Registrar y los consuetudinarios, mientras que un matrimonio consuetudinario no registrado puede disolverse o separarse conforme al derecho consuetudinario. El Magistrates' Court puede tratar asuntos de filiación, separación, manutención, custodia y órdenes relacionadas. Conforme a la Family Protection Act 2014, un Magistrates' Court puede dictar órdenes civiles de protección, y una persona autorizada en funciones judiciales puede dictar una orden provisional. La policía puede emitir un aviso de seguridad de 21 días, renovable una vez por un máximo adicional de 21 días. Los casos de protección infantil implican a la Social Welfare Division y al High Court o Magistrates' Court; un niño es una persona menor de 18 años, y una orden provisional de cuidado o protección puede durar hasta tres meses desde su fecha. Las sucesiones se rigen por la Wills, Probate and Administration Act. El proceso puede implicar un testamento o codicilo, la homologación testamentaria, cartas de administración, un representante personal, el Public Trustee y el Registrar General's Office. La ley aborda la sucesión intestada, la sucesión de bienes muebles e inmuebles, los hijos adoptados y no matrimoniales, y la provisión familiar para cónyuges e hijos. La sucesión de tierras consuetudinarias sigue el uso consuetudinario vigente y no se rige automáticamente por las normas de los títulos registrados. El Registrar General's Office registra nacimientos, matrimonios y defunciones y permite consultar los registros sucesorios pertinentes. Su oficina de Honiara abre de 8:00 a 16:30, y puede ser necesario obtener los formularios directamente. La responsabilidad civil suele basarse en daños extracontractuales del common law, como negligencia, allanamiento, conversión, molestias, difamación e indemnización por daños. La Motor Vehicles (Third-Party Insurance) Act exige un seguro de responsabilidad civil de terceros a través de una aseguradora autorizada, pero las normas de seguros no eliminan automáticamente una reclamación civil privada. Las reclamaciones por lesiones personales, dinero y bienes pueden presentarse ante la Civil Unit de Public Solicitor's Office. Los plazos de prescripción dependen de la reclamación y de la ley concreta; no hay un plazo único que se aplique a todas las acciones civiles. La ejecución de sentencias puede implicar al Sheriff, agentes judiciales y secretarios judiciales. Las medidas disponibles incluyen órdenes de pago, redirección de deudas o ingresos, órdenes de gravamen, incautación y venta de bienes personales o inmuebles, audiencias de examen, posesión de tierras y ejecución de órdenes no monetarias. Un Magistrates' Court puede ordenar pagos a plazos y, si se demuestran las condiciones legales, hasta seis semanas de prisión por negarse a pagar o no hacerlo pese a tener medios. Por lo general, solo considera la incautación de bienes inmuebles después de que los bienes personales hayan resultado insuficientes. Los fallos extranjeros pueden registrarse conforme a la Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act y las Civil Procedure Rules. Las tasas judiciales, honorarios jurídicos, costes de mediación o arbitraje y gastos de ejecución varían según el procedimiento. Algunos ejemplos de tasas públicas publicadas son SBD 5 por certificación y SBD 20 por declaración legal; conviene comprobar las tarifas judiciales, de tierras y de registro vigentes para cada operación.