Convivencia en Somalia

En Somalia no existe un único sistema nacional para las relaciones vecinales, la vivienda compartida, el acceso al espacio público o la mediación de conflictos. Las administraciones federales y regionales, incluida la Administración Regional de Benadir, las autoridades locales, los consejos de distrito, los ancianos tradicionales, los actores religiosos, los tribunales y los servicios de resolución alternativa de conflictos tienen responsabilidades y procedimientos distintos. Las condiciones de seguridad, la distancia, el desplazamiento, la pertenencia a un clan o una minoría, el género y la discapacidad pueden afectar el acceso a los servicios y la participación. La vida comunitaria suele organizarse en aldeas o barrios, consejos de aldea, comités de educación comunitaria, grupos de mujeres, grupos de jóvenes y comités de gestión del agua o la tierra. Una encuesta de hogares del Banco Mundial de 2023 informó de un promedio de 5,1 instituciones comunitarias por aldea o barrio; se indicó que los consejos de aldea, los comités de educación comunitaria, los grupos de mujeres y los grupos de jóvenes estaban presentes en más del 60 % de las zonas encuestadas, mientras que los comités de agua y tierra aparecían en aproximadamente la mitad. El acceso suele comenzar a través de la comunidad, el barrio o la aldea y luego puede involucrar una oficina de distrito, un anciano, un líder religioso o una autoridad local. Las tasas y los plazos suelen depender de la localidad o del proyecto, en lugar de estar normalizados a nivel nacional. La Constitución aprobada por el Parlamento el 4 de marzo de 2026 y firmada el 8 de marzo de 2026 establece el Estado de derecho, la igualdad, la justicia social y el federalismo. En la práctica, pueden solaparse la legislación federal y estatal formal, las normas de distrito, las reglas sobre tierras y planificación urbana, los requisitos de seguridad, los principios basados en la Sharía, el Xeer y las normas comunitarias. Su fuerza jurídica varía: un acuerdo consuetudinario o una recomendación religiosa no tiene automáticamente el mismo rango que una decisión judicial o una normativa formal. Las mujeres y las niñas, los jóvenes, las personas desplazadas internas, las minorías, las personas con discapacidad, las comunidades rurales, las comunidades urbanas de bajos ingresos y las personas mayores afrontan problemas específicos de inclusión y protección. Las instituciones comunitarias, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de mujeres y jóvenes, los comités de gestión de campamentos y los diálogos con ancianos o líderes religiosos pueden apoyar la participación, pero la representación y la protección siguen siendo desiguales. Las tensiones entre las personas desplazadas y las comunidades de acogida, así como los conflictos por la tierra, el agua, los recursos y el acceso, son riesgos recurrentes para la convivencia. En los conflictos por tierras, agua, robos, asuntos familiares o relaciones vecinales, un proceso habitual es la mediación conforme al Xeer, dirigida por un Nabadon u otros ancianos tradicionales. Puede incluir el consenso comunitario, una indemnización o diya. Los actores religiosos, la policía, la fiscalía, los tribunales y los centros de resolución alternativa de conflictos estatales o de los Estados Miembros Federales ofrecen otras opciones. Una investigación del PNUD citada en la ficha informativa concluyó que los ancianos o el Xeer tramitan más del 95 % de los conflictos. En Baidoa, un caso judicial registrado tardó aproximadamente un año y tres meses, frente a unos cuatro meses mediante resolución alternativa de conflictos. El Xeer puede ser más rápido y menos costoso, pero es informal, desigual y puede excluir a las mujeres o a los grupos minoritarios. La violencia grave y la violencia sexual o de género requieren vías formales de protección y justicia, no un acuerdo comunitario. La participación puede canalizarse mediante oficinas de distrito, vías de los Estados Miembros Federales o del Gobierno Federal, asambleas públicas, diálogos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y líderes tradicionales o religiosos. El Proyecto Bulsho apoya diagnósticos comunitarios, foros de colaboración, planificación participativa, movilización de recursos y supervisión. Dowlad-Kaab 2024–2029 se centra en la participación a nivel de distrito, la rendición de cuentas social y la gestión de quejas, mientras que Fariin-Maal es un proyecto piloto de participación ciudadana en Baidoa, no una norma nacional. El crecimiento urbano y el desplazamiento convierten los mercados, las calles, los espacios comunitarios y los servicios públicos en lugares donde se disputan las condiciones de convivencia. La planificación urbana local, la gobernanza de la tierra, la gestión de mercados, los servicios de residuos, las estructuras de agua y saneamiento y la planificación comunitaria condicionan el acceso. ONU-Hábitat ha apoyado estrategias urbanas participativas y planes urbanos en lugares como Baidoa, Xudur y Bossaso. La Ley de Gestión de Tierras Urbanas de Puntlandia aborda el acceso al espacio público, el uso de la tierra y las responsabilidades de distrito o del estado, pero no hay una única norma de espacio público que se aplique en toda Somalia. No se ha documentado en todo el país un mercado formal de pisos compartidos equivalente al modelo común europeo de vivienda compartida. Las principales formas de convivencia son las familias, los parientes, los recintos residenciales, las comunidades de acogida y los emplazamientos de personas desplazadas internas. En contextos de desplazamiento, los administradores de emplazamientos, los comités de gestión de campamentos, los espacios comunitarios y los canales humanitarios de comentarios o quejas se ocupan de muchos asuntos prácticos. La OIM informó de planificación dirigida por las comunidades en más de 2.700 emplazamientos de personas desplazadas internas en 2025–2026, mientras que ACNUR informó de iniciativas de gobernanza inclusiva en 1.600 asentamientos en 2024. Los costes, el acceso y los plazos varían mucho según la localidad, la seguridad y la situación de la vivienda o la tierra. La convivencia digital incluye la participación cívica en línea, el acceso a servicios, la privacidad, las quejas y la seguridad digital. La Ley Nacional de Comunicaciones de 2017, las normas de la Autoridad Nacional de Comunicaciones, los requisitos de registro de tarjetas SIM y clientes, los sistemas nacionales de identidad y los procedimientos de los proveedores afectan al acceso. La Política Digital Inclusiva 2025 del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología aborda el acceso asequible y seguro, las competencias digitales, los grupos marginados y los servicios públicos en línea; la Estrategia de Gobernanza Acelerada 2025–2029 abarca los servicios electrónicos, las competencias digitales y la infraestructura de telecomunicaciones. La Ley de Protección de Datos Públicos y el marco regulatorio emitidos en enero de 2026 sientan las bases para la protección de datos; el registro de responsables y encargados del tratamiento por parte de la Autoridad de Protección de Datos está previsto para mayo de 2026. El proyecto de ley de ciberdelincuencia aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 2025 sigue siendo un proyecto de ley, no una ley promulgada. Fariin-Maal combina la participación en línea y presencial en Baidoa. No existe una autoridad nacional de convivencia digital o moderación, y la privacidad, la vigilancia, la ciberdelincuencia, el acoso y el acceso desigual a internet siguen siendo riesgos prácticos.