Derecho de inmigración en Santo Tomé y Príncipe

Santo Tomé y Príncipe tiene un régimen nacional de inmigración, administrado principalmente por el SMF bajo el Ministério da Administração Interna. El SMF gestiona entradas y control fronterizo, visados, autorizaciones de entrada, certificados de residencia, reagrupación familiar y expulsión administrativa. También tiene una delegación regional en Príncipe. Para entrar normalmente se exige pasaporte válido por al menos un año, el visado adecuado salvo que haya exención, medios suficientes, ausencia de prohibición de entrada y Certificado Internacional de Vacunación. El proceso eVisaST y e-Cidadão puede exigir un PDF del pasaporte, alojamiento o reserva, billete de regreso o continuación y prueba de unos EUR 100 diarios. La respuesta de eVisa suele emitirse en siete días laborables. La información publicada de eVisa menciona un pasaporte válido tres meses más allá de la estancia prevista, mientras el artículo 11 establece un año de vigencia; consulte esta discrepancia con el SMF antes de solicitarlo. El visado de residencia cubre trabajo por cuenta ajena o propia, reagrupación familiar, estudios, voluntariado, formación profesional, investigación y trabajo altamente cualificado. Normalmente permite dos entradas y una estancia de dos meses para solicitar la residencia. Un visado temporal puede durar hasta 180 días, permite un máximo de tres meses por estancia y, por regla general, debe utilizarse en 90 días; no autoriza a trabajar, salvo actividades culturales permitidas. El visado de tránsito permite hasta cuatro días por tránsito. Los visados suelen expedirse en embajadas y consulados. El visado en frontera es una solución excepcional cuando no se dispone de representación diplomática accesible; un visado o autorización de entrada no garantiza por sí mismo la admisión. Puede haber exenciones de visado para titulares de un certificado de residencia válido, personas amparadas por acuerdos bilaterales o de libre circulación, ciertos viajeros organizados y nacionales contemplados por la Lei n.º 5/2015, incluidos los de estancias breves habituales de países CPLP, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá o combinaciones concretas de pasaporte y visado. Confirme las exenciones vigentes con el SMF antes de viajar. Cónyuges y descendientes de nacionales santotomenses pueden estar exentos si prueban el parentesco. Un certificado de residencia temporal, llamado habitualmente CR, suele exigir visado de residencia válido, presencia efectiva en el país, alojamiento adecuado, ausencia de condena penal pertinente y de prohibición de entrada vigente. Normalmente tiene vigencia de un año y se renueva anualmente. La solicitud de renovación suele presentarse al menos 30 días antes del vencimiento. El solicitante debe seguir demostrando medios suficientes y alojamiento y no tener una condena superior a un año. El SMF suele decidir en 30 días; en casos de mera inacción administrativa, la ley prevé deferimento en las condiciones aplicables. La residencia permanente suele exigir cinco años continuos de residencia temporal, conocimiento del portugués y ninguna condena total superior a un año durante los cinco años anteriores. Es indefinida, pero la tarjeta de residencia debe renovarse cada cinco años. Las ausencias injustificadas pueden afectar el estatus: la residencia temporal puede verse afectada tras seis meses consecutivos o ocho meses en total; la permanente, tras 24 meses consecutivos o 30 meses en tres años. Los cambios de estatus o domicilio deben notificarse en 60 días. El empleo dependiente suele requerir contrato laboral y dictamen favorable del Ministério do Trabalho, que normalmente dispone de 30 días. La ley da preferencia a nacionales santotomenses y residentes legales; los trabajadores deben recibir igual remuneración por igual trabajo. El trabajo por cuenta propia puede requerir una empresa o actividad inscrita ante la autoridad tributaria y el INSS, además de inscripción profesional cuando corresponda. Un contrato de trabajo puede durar hasta tres años. Los visados turísticos, de visitante, negocios y estudiante generalmente no autorizan empleo, aunque en algunos casos una persona que entró legalmente puede obtener certificado de residencia sin visado de residencia. Los estudiantes y voluntarios deben presentar prueba de matrícula o acuerdo con una organización reconocida, medios suficientes y alojamiento adecuado. El certificado de residencia por estudios o voluntariado suele tener vigencia de un año y ser renovable; un programa de menos de un año puede recibir un certificado limitado a su duración. La falta de progreso académico puede impedir la renovación o llevar a la revocación. Los estudiantes solo pueden trabajar fuera de los periodos lectivos y con autorización previa y contrato laboral. La reagrupación familiar suele exigir que el patrocinador tenga certificado de residencia válido por al menos un año, alojamiento adecuado y medios suficientes. Pueden reunir los requisitos el cónyuge, hijos menores o legalmente incapacitados, adoptados reconocidos, padres de primer grado dependientes y hermanos menores bajo tutela. También puede admitirse una união de facto estable, duradera y demostrada. Decide el Director del SMF. El certificado del familiar suele tener la misma vigencia que el del patrocinador; si este tiene residencia permanente, el certificado familiar puede expedirse por dos años. Las autoridades pueden investigar matrimonios o uniones simulados y deben oír a la persona antes de revocar. En las circunstancias previstas por la ley, la impugnación judicial tiene efecto suspensivo. Los extranjeros y apátridas presentes legalmente suelen tener los mismos derechos y deberes que los ciudadanos, excepto derechos políticos, puestos de autoridad pública y otros reservados por ley. Pueden circular y elegir residencia, sin perjuicio de restricciones individuales por seguridad u orden público. Pueden acceder a los tribunales y, ante una denegación de entrada, solicitar intérprete, médico, abogado y representación consular u otra. Deben respetar la ley, informar sobre residencia y estatus, acreditar medios cuando se les exija y cumplir órdenes legales. En general, la actividad política está restringida, con excepciones sujetas a reciprocidad. La Constitución reconoce el asilo a extranjeros perseguidos o gravemente amenazados por su compromiso con los derechos democráticos, y Santo Tomé y Príncipe es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Según las pruebas disponibles, el país no cuenta actualmente con un procedimiento nacional de asilo y apelación plenamente desarrollado. ACNUR desempeña una función regional de protección y puede evaluar casos de llegada. El artículo 71 de la Lei n.º 5/2008 permite conceder residencia por interés nacional o razones humanitarias sin los requisitos habituales. Debe verificarse el estatus de Santo Tomé y Príncipe respecto de la Convención de la OUA sobre Refugiados en el registro de tratados, porque los registros disponibles discrepan. La nacionalidad se rige principalmente por la Lei n.º 7/2022. La nacionalidad originaria puede adquirirse por filiación, nacimiento en Santo Tomé y Príncipe de padres extranjeros residentes, apatridia o nacionalidad desconocida, y descendencia de un abuelo santotomense. También pueden reunir los requisitos el matrimonio con un nacional santotomense durante más de cinco años bajo comunhão de bens adquiridos, o una união de facto reconocida judicialmente de más de tres años. La naturalización suele exigir mayoría de edad, al menos cinco años de residencia legal, portugués o una lengua nacional, ausencia de condena firme de prisión de tres años o más, ausencia de riesgo terrorista y medios de sustento seguros. El trámite puede requerir certificados de antecedentes penales del país de origen y de Santo Tomé y Príncipe, pruebas de residencia, certificados del SMF y del Ministerio Público, registros tributarios y de servicios, copia de la tarjeta de residencia y prueba lingüística. Una vía de inversión o donación introducida en 2025 incluye controles de diligencia debida y contra el blanqueo; confirme con UCID o RNID los importes mínimos y requisitos operativos vigentes. La denegación de entrada debe indicar motivos fácticos y jurídicos e informar sobre recursos y plazos disponibles. La persona puede contactar con un consulado, persona de confianza, intérprete, médico o abogado. Las decisiones administrativas del Director del SMF suelen poder recurrirse ante el ministro responsable en 48 horas si la persona está detenida, o en 15 días en los demás casos. La expulsión administrativa se aplica a no residentes por supuestos como entrada ilegal o exceso de estancia; el Director del SMF suele decidir en 20 días y la revisión judicial no suspende automáticamente la expulsión. Puede autorizarse salida voluntaria por 10 a 20 días. Un tribunal puede ordenar expulsión por amenazas al orden nacional o público, intervención política o delitos graves. No se puede enviar a una persona a un Estado donde corra riesgo de persecución política, religiosa o racial. La prohibición de entrada puede durar al menos cinco años y la expulsión del titular de un certificado de residencia exige actuación judicial. Las multas por exceso de estancia conforme a la Lei n.º 5/2008 aumentan según su duración: Dbs 2.000.000 a 4.000.000 hasta 30 días; Dbs 5.000.000 a 8.000.000 por más de 30 y hasta 90 días; Dbs 9.000.000 a 12.000.000 por más de 90 y hasta 180 días; y Dbs 13.000.000 a 19.000.000 por más de 180 días. No solicitar certificado de residencia puede acarrear Dbs 10.000.000 a 50.000.000; la revalidación tardía, Dbs 500.000 diarios; y no comunicar cambios de estatus o domicilio, Dbs 2.000.000. Las tasas de visados y residencia se fijan mediante órdenes financieras o del SMF; la información tarifaria disponible del SMF no ofrece una tabla migratoria completa y vigente. No considere actuales las cifras históricas de material del SMF. En general, los gastos de expulsión se cobran a la persona afectada.