Convivencia en Sudán del Sur

Sudán del Sur tiene un sistema descentralizado con niveles nacional, estatal y local. En las zonas rurales, la cadena local suele pasar por las autoridades del condado (County), el payam y el boma; los asuntos urbanos pueden corresponder a un consejo de ciudad (City Council), municipal o de localidad (Town Council). Conforme a la Ley de Gobierno Local de 2009 (Local Government Act 2009), las autoridades locales apoyan el orden público, la educación cívica, el diálogo comunitario, el desarrollo social y económico, la integración de la perspectiva de género y un entorno seguro y saludable. También pueden imponer impuestos o tasas locales autorizados por ley. Las autoridades tradicionales están reconocidas constitucionalmente y a menudo ayudan a gestionar los asuntos comunitarios. El derecho consuetudinario consiste en reglas y prácticas establecidas localmente que se utilizan en la gobernanza o en tribunales consuetudinarios. Puede apoyar la resolución local de disputas, pero está sujeto a la Constitución, la legislación y los derechos humanos fundamentales. Los jefes, las personas mayores y los comités locales suelen colaborar con representantes del condado, mujeres y jóvenes para supervisar acuerdos, organizar diálogos y apoyar la reconciliación. La gestión de conflictos es una parte central de la convivencia cotidiana. Entre las disputas habituales están las relacionadas con tierras, agua, pastos, agricultura y pastoreo, incursiones para robar ganado, desplazamientos, ataques de represalia y movilización de jóvenes armados. Se utilizan ampliamente el diálogo comunitario, la mediación, los sistemas de alerta temprana, los comités conjuntos, los acuerdos de paz locales y la reconciliación. Los delitos graves requieren recurrir a la policía y al sistema judicial formales. No existe un plazo nacional uniforme ni un resultado garantizado para la mediación; una respuesta puede producirse rápidamente a nivel comunitario o prolongarse durante meses. Sudán del Sur es multiétnico, multilingüe y multirreligioso. Las comunidades sursudanesas, las personas refugiadas, solicitantes de asilo, retornadas y desplazadas internas, así como las comunidades de acogida, pueden interactuar por medio de las autoridades locales, líderes comunitarios, socios humanitarios y organizaciones de la sociedad civil. Las mujeres y las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad pueden tener un acceso desigual a las decisiones y a la protección. La violencia de género, el matrimonio infantil, el matrimonio forzado, las prácticas patriarcales y los conflictos entre prácticas consuetudinarias y protecciones de los derechos humanos siguen siendo riesgos graves. Las personas pueden participar mediante la gobernanza local, la educación cívica, las consultas constitucionales y electorales, las organizaciones comunitarias, los grupos religiosos, los grupos de mujeres y jóvenes, los grupos de personas con discapacidad, representantes de los mercados y representantes de las comunidades desplazadas. Los clubes de paz, los intercambios deportivos y culturales, las Charlas Ciudadanas (Citizens’ Talks), la mediación dirigida por mujeres y los embajadores juveniles de paz ofrecen vías adicionales. El acceso práctico depende de la seguridad, el transporte, la alfabetización, las normas de género y la capacidad de la institución local. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) pueden apoyar estas actividades, pero no sustituyen a las autoridades sursudanesas. La Constitución protege la reunión y asociación pacíficas, la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación, la circulación y residencia, la religión, y las lenguas y costumbres étnicas y culturales. También protege la no discriminación y el acceso a los registros oficiales, incluidos los electrónicos. Las personas tienen el deber de respetar los derechos y libertades de los demás, cooperar con el orden público y proteger el medio ambiente y los recursos naturales. En la práctica, los conflictos, la censura, el bloqueo de sitios web, las amenazas, las restricciones de seguridad y la debilidad institucional pueden limitar estos derechos. Los espacios públicos compartidos incluyen mercados, puntos de agua, escuelas, iglesias, mezquitas, instalaciones deportivas, carreteras y centros de comercio. Los puntos de agua pueden facilitar el contacto entre las comunidades de acogida y las desplazadas o refugiadas, el mantenimiento conjunto y la gestión de disputas menores, pero el acceso y la seguridad dependen de los recursos y las relaciones locales. Sudán del Sur no tiene un servicio nacional de espacios públicos con normas uniformes. Tampoco cuenta con un sistema nacional establecido equivalente a la vivienda compartida formal; los acuerdos de alojamiento en hogares de acogida, los asentamientos de personas refugiadas o desplazadas internas, los centros de tránsito y los acuerdos sobre tierras comunitarias se gestionan caso por caso. La convivencia digital se apoya principalmente en llamadas móviles, SMS y plataformas sociales. El acceso sigue siendo desigual: en 2024, Sudán del Sur tenía alrededor de 760.000 suscripciones activas de banda ancha móvil y cobertura de al menos 3G para aproximadamente el 18 % de la población. El costo del tiempo de aire, la cobertura de red y las restricciones de seguridad afectan el uso, por lo que los canales digitales no sustituyen los mecanismos comunitarios presenciales. Tampoco existen costos, pasos de registro ni plazos de respuesta estandarizados a nivel nacional para la participación, el diálogo o la mediación consuetudinaria; pueden cobrarse tasas cuando la legislación local lo autoriza, mientras que muchos servicios de protección y convivencia dependen de proyectos o financiación humanitaria.