Relaciones románticas en Sudán del Sur

Las citas y el cortejo en Sudán del Sur no se rigen por un sistema oficial único para todo el país. Las prácticas varían entre comunidades consuetudinarias, estados, zonas urbanas y rurales y lugares afectados por desplazamientos. Las expectativas familiares, de clan, comunitarias y religiosas pueden influir en la elección de pareja, y las relaciones sexuales prematrimoniales o el embarazo pueden conllevar un fuerte estigma. La pobreza, la inseguridad, la presión familiar, las expectativas sobre el precio de la novia y las desigualdades de poder pueden contribuir al matrimonio infantil o forzado. Una relación romántica no constituye automáticamente un matrimonio, y una unión sin matrimonio no genera un conjunto uniforme de derechos nacionales sobre bienes, manutención, custodia o herencia. La Constitución de Transición reconoce el derecho a formar una familia a las personas en edad de contraer matrimonio y exige el consentimiento libre y pleno de ambas personas que pretenden casarse. La Ley de la Infancia de 2008 define como niño a toda persona menor de 18 años. Un perfil jurídico de UNICEF señala que la edad mínima para que las niñas se casen es de 18 años y que no se han registrado excepciones, pero la aplicación es débil y desigual. El matrimonio infantil sigue estando muy extendido: los datos nacionales disponibles indican que alrededor del 51,5 % de las niñas y mujeres se casaron o unieron antes de los 18 años, según la Encuesta Demográfica y de Salud de 2015-2016, con limitaciones por la antigüedad de los datos y las definiciones. Estas cifras no permiten sacar conclusiones sobre una ciudad o comunidad concretas. El matrimonio suele crear vínculos entre las parejas, sus familias, clanes y comunidades. En el matrimonio consuetudinario, el precio de la novia puede consistir en ganado, dinero u otros bienes, pero el monto y el proceso varían según la comunidad; no existe una tarifa nacional ni un calendario uniforme para las ceremonias en Sudán del Sur. En algunos lugares, los tribunales consuetudinarios y las autoridades tradicionales pueden resolver disputas de pareja o familiares. Su función y autoridad práctica varían, y la mediación comunitaria no sustituye el consentimiento, la atención de emergencia, la protección de supervivientes ni una investigación penal. La seguridad y la salud sexual requieren atención independiente. El Código Penal de 2008 considera violación las relaciones sexuales contra la voluntad de una persona o sin su consentimiento, y el consentimiento de una persona menor de 18 años no es válido. La definición legal de violación excluye las relaciones sexuales entre personas casadas, lo que crea una grave laguna de protección. La misma ley penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y las uniones entre personas del mismo sexo no tienen reconocimiento jurídico establecido; las personas LGBTQ+ pueden afrontar elevados riesgos legales y sociales. Las revisiones nacionales disponibles señalan que la violencia de pareja es generalizada, aunque probablemente se denuncia menos de lo que ocurre, y su prevalencia no debe atribuirse a todas las relaciones. Los conflictos, los desplazamientos y las inundaciones pueden aumentar el peligro, y los hombres y niños que sufren violencia pueden encontrar más estigma y obstáculos para acceder a ayuda. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es desigual. Un informe del Ministerio de Salud y la OMS de 2024/25 indica una prevalencia de anticonceptivos modernos del 6,4 %, un uso de cualquier método anticonceptivo del 7,1 % y una necesidad insatisfecha del 29,6 %. La escasez en zonas rurales, el estigma, la información errónea, los conflictos y las interrupciones de los centros limitan el acceso; no se pudo medir de forma fiable la cobertura nacional reciente de servicios adaptados a adolescentes y jóvenes. Trece centros de atención integral en hospitales prestan apoyo, y se informó que 5.148 mujeres y niñas recibieron servicios médicos, psicosociales y jurídicos, pero la disponibilidad varía según el estado, el condado y el lugar de desplazamiento. Una persona que sufra violencia puede acudir como primer punto de atención centrada en la superviviente a un Espacio Amigable para Mujeres y Niñas, un trabajador de casos móvil o comunitario, un centro de salud o un Centro de Atención Integral. Las derivaciones pueden incluir atención médica, como la gestión clínica de casos de violación, apoyo psicosocial, asistencia jurídica, servicios policiales o judiciales, alojamiento y un espacio seguro. La cobertura documentada de los asociados incluye Alto Nilo, Jonglei, Unity y el Área Administrativa del Gran Pibor, pero la red nacional de asociados está incompleta. La confidencialidad, la seguridad y las decisiones de la persona superviviente deben guiar el apoyo. La disolución de un matrimonio o unión no sigue un único procedimiento nacional de derecho de familia. Según el sistema consuetudinario, la religión y el estado, la separación puede tramitarse ante un tribunal consuetudinario o mediante acuerdo sin acudir a un tribunal. Algunas normas consuetudinarias exigen devolver o reembolsar el precio de la novia, lo que puede dificultar la separación. Los derechos de custodia, propiedad, herencia y disolución varían, y las pruebas disponibles no establecen derechos uniformes de pensión alimenticia o propiedad para las parejas no casadas. No existen datos nacionales fiables sobre costos ni plazos de las citas, el asesoramiento, el matrimonio o la separación; los costos de ceremonias, precio de la novia, transporte y servicios dependen de la comunidad, el proveedor, la situación de seguridad y la distancia.