El Estado en Sudán del Sur

La Constitución Transitoria de 2011, con sus modificaciones, es el marco jurídico supremo de Sudán del Sur. Establece que el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe, y reconoce el inglés y el árabe como idiomas oficiales. Yuba es la capital nacional. El Gobierno Transitorio Revitalizado de Unidad Nacional, llamado habitualmente RTGoNU, opera en el marco del acuerdo de paz desde el 22 de febrero de 2020. La transición sigue siendo frágil porque aún no se aplican plenamente el reparto del poder, la elaboración de la constitución y los acuerdos de seguridad. Sudán del Sur tiene tres niveles de gobierno: nacional, estatal y local. El país cuenta con diez estados y tres zonas administrativas: Abyei, Pibor y Ruweng. Las capitales estatales son Yuba, en Ecuatoria Central; Torit, en Ecuatoria Oriental; Yambio, en Ecuatoria Occidental; Bor, en Jonglei; Bentiu, en Unity; Malakal, en Alto Nilo; Rumbek, en Lakes; Kuajok, en Warrap; Aweil, en Bahr el Ghazal Septentrional; y Wau, en Bahr el Ghazal Occidental. Para modificar los límites estatales se requiere una resolución del Consejo de Estados respaldada por al menos dos tercios de sus miembros. El Consejo de Estados decide los nombres y las capitales estatales por mayoría, previa recomendación de la Asamblea Legislativa estatal correspondiente. A nivel estatal, un gobernador dirige el poder ejecutivo y una Asamblea Legislativa estatal desempeña funciones legislativas. Las zonas administrativas tienen administradores principales. El gobierno local suele seguir la estructura rural de condado, payam y boma, mientras que las zonas urbanas pueden tener consejos de ciudad, municipales o de localidad. Las autoridades locales se encargan de funciones como la prestación de servicios, las tasas e impuestos locales autorizados por ley, el orden público, la participación cívica, la consolidación de la paz y la reconciliación. Las autoridades tradicionales y el derecho consuetudinario tienen reconocimiento constitucional, pero están subordinados a la Constitución y a la ley escrita. Su función práctica suele ser mayor donde la administración formal tiene poca presencia. La administración nacional incluye la Oficina del Presidente, el Consejo de Ministros, la Legislatura Nacional y el Poder Judicial. La Legislatura Nacional está compuesta por la Asamblea Legislativa Nacional y el Consejo de Estados. El Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales apoya la administración jurídica, mientras que el Ministerio de Servicio Público y Desarrollo de Recursos Humanos se ocupa de la política de servicio público, los recursos humanos y la capacidad institucional. La Comisión de Servicio Civil ofrece orientación sobre mérito, contratación, traslados, ascensos y disciplina. Su competencia no abarca la legislatura, el poder judicial, las fuerzas uniformadas ni los servicios estatales y locales. Los servicios gubernamentales incluyen registro civil, nacionalidad, pasaportes, inmigración y servicios relacionados con los ingresos públicos. El portal eServices.gov.ss ofrece una ventanilla única para algunas solicitudes. Según el servicio, el acceso puede requerir un documento de identidad o pasaporte y puede implicar una solicitud en línea, un banco, dinero móvil o el pago con tarjeta. Las tarifas, los plazos de tramitación y la disponibilidad varían según el servicio y la ubicación. La conectividad deficiente, las malas carreteras, el conflicto y la escasez de personal pueden dificultar el acceso físico y digital, especialmente fuera de las principales ciudades. El Ministerio de Finanzas y Planificación gestiona el presupuesto y las funciones de tesorería. La Autoridad de Ingresos de Sudán del Sur administra los impuestos no petroleros, las aduanas y otros ingresos, mientras que el Banco de Sudán del Sur es el banco central. El marco de recursos del ejercicio fiscal 2025/26 fue de SSP 7,007,468,393,945, incluidos ingresos brutos del petróleo de SSP 5,219,273,715,158 antes de las transferencias a Sudán, los estados y comunidades productoras de petróleo, el Ministerio de Petróleo, el servicio de la deuda y las infraestructuras. El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos. La Cuenta Única del Tesoro y el cobro electrónico de impuestos pretenden mejorar la recaudación y el control, pero la tensión fiscal afecta la liquidez, los salarios, la administración y los servicios. El déficit del ejercicio fiscal 2025 se situó, según informes, en el 6,7 % del PIB, y en enero de 2026 los atrasos salariales de la función pública llegaban aproximadamente a entre 8 y 13 meses. El Tribunal Supremo es el tribunal de mayor rango y custodio de la Constitución. Ejerce control judicial y emite decisiones definitivas y vinculantes. Hay salas de apelación en Yuba, Wau y Rumbek. Los tribunales superiores prestan servicio a los estados y las zonas administrativas, y los tribunales de condado constituyen un cuarto nivel legal. Un tribunal de condado puede imponer hasta siete años de prisión o una multa de SSP 5,000 dentro de su jurisdicción. La cobertura formal de los condados sigue siendo incompleta por falta de personal y recursos. Los tribunales consuetudinarios y móviles facilitan en la práctica el acceso en zonas remotas o afectadas por conflictos, pero su autoridad y sus procedimientos difieren de los tribunales formales. Varios órganos de supervisión controlan los fondos públicos y la conducta oficial. La Cámara Nacional de Auditoría, o NAC, es la institución suprema de auditoría independiente y puede auditar gobiernos nacionales, estatales y de condado, ministerios, comisiones, asambleas, el Banco de Sudán del Sur, proyectos de donantes y universidades. La Comisión Anticorrupción investiga la corrupción y las malas prácticas administrativas, y gestiona las declaraciones de activos y pasivos. La Comisión de Información es un organismo independiente responsable de las funciones de acceso a la información. Los organismos de derechos humanos y los comités legislativos de cuentas públicas ofrecen supervisión adicional. La capacidad de hacer cumplir sus decisiones sigue siendo limitada, por lo que un mandato formal no garantiza una reparación efectiva. La Constitución protege la libertad de expresión, reunión, asociación y acceso a la información. La Ley de la Autoridad de Medios de 2013 regula el marco de los medios, y la Ley de Derecho de Acceso a la Información de 2013 establece una base jurídica para solicitar información pública. La Autoridad Nacional de Comunicaciones, o NCA, regula las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, los servicios postales y de mensajería, y la radiodifusión. La Comisión de Socorro y Rehabilitación, conocida como RRC, es el principal interlocutor para el registro, la coordinación y la supervisión de las organizaciones no gubernamentales. Los portales gubernamentales, la Corporación de Radiodifusión de Sudán del Sur, la radio comunitaria y las organizaciones de la sociedad civil son canales de información habituales. En la práctica, la censura, la intimidación, las denuncias de detenciones arbitrarias y la autocensura pueden restringir el espacio cívico. La estructura constitucional de seguridad incluye el Consejo de Seguridad Nacional y los comités estatales y de condado. Entre las fuerzas formales figuran las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur, el Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur, el Servicio de Seguridad Nacional, el Servicio Penitenciario, el Servicio de Vida Silvestre y el Cuerpo de Bomberos. El Servicio de Seguridad Nacional tiene competencia constitucional sobre la seguridad interna y externa, bajo supervisión directa presidencial, y debe respetar el Estado de derecho y los derechos humanos. La integración de las fuerzas prevista en el acuerdo de paz se ha retrasado. Las autoridades tradicionales, los líderes comunitarios y los grupos armados de jóvenes o de autodefensa étnica pueden desempeñar informalmente funciones de seguridad, pero no tienen el mismo estatus legal que las fuerzas estatales y su control territorial varía. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, o UNMISS, es un actor externo de protección civil y apoyo a la paz con mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, no un órgano del Estado sursudanés.