Derecho civil en Sudán

La Ley de Transacciones Civiles de 1984 sustituyó a la Ley de Contratos de Sudán de 1974 y establece el principal marco de derecho privado para los contratos. Entre las leyes relacionadas están la Ley de Liquidación y Registro de Tierras de 1925, modificada en 1985; la Ley de Procedimiento Civil de 1983, modificada en 2009 y 2018; la Ley de Estatuto Personal de los Musulmanes de 1991; la Ley de Pruebas de 1994; la Ley de Alquileres de 1991; y la Ley de Arbitraje de 2016. Conviene comprobar las modificaciones actuales en el Boletín Oficial y en el material del Ministerio de Justicia, porque no se pudo obtener un texto consolidado vigente en páginas oficiales consultables. Los arrendamientos, incluidas sus renovaciones, deben formalizarse por escrito; una resolución oficial del Tribunal Supremo consideró nulo un arrendamiento verbal. Los contratos de construcción deben constar por escrito e identificar su objeto, tipo, cantidad, método de ejecución, plazo de finalización y contraprestación. La jurisprudencia recoge una excepción para algunos contratos continuados celebrados antes de 1984. Los contratos públicos se tramitan a través de إدارة العقود, la Administración de Contratos. Las revisiones suelen abarcar la autoridad de las partes y representantes, la capacidad legal, la vigencia, el precio, los pagos, los anexos, la ley aplicable, la fuerza mayor, las disposiciones sobre disputas, el aviso de rescisión y las obligaciones de ejecución. La subcontratación o cesión requiere consentimiento por escrito. Las directrices gubernamentales indican una garantía de licitación del 2 % del valor del contrato, una garantía de cumplimiento del 10 % normalmente vigente durante la ejecución, una retención habitual del 5 % en construcción y garantías para anticipos; estas cifras no son normas universales para contratos privados. Las transferencias de propiedad de tierras se rigen por el sistema formal de registro establecido en la Ley de Liquidación y Registro de Tierras. El Registro General de Tierras y las oficinas locales de registro utilizan o expiden un certificado de búsqueda, شهادة بحث. Un registrador puede denegar el registro si falta información o documentación, un instrumento no es válido o no se ha seguido el formato requerido. Una anotación judicial de embargo inscrita afecta a las operaciones posteriores hasta que se cancele. Para presentar una hipoteca pueden necesitarse la escritura, el certificado de búsqueda, la autorización de la autoridad de tierras en el formulario 3A para el usufructo o la propiedad beneficiaria y, cuando corresponda, la autorización del comité de disposición de tierras agrícolas. Una decisión del Poder Judicial de 2026 redujo las tasas de registro de tierras, pero el material investigado no especificaba el importe de la nueva tarifa. Los asuntos de estatuto personal se tramitan ante los Tribunales de Estatuto Personal conforme a la Ley de Estatuto Personal de los Musulmanes de 1991. La ley y la jurisprudencia estudiadas se ocupan del matrimonio, el divorcio, las disputas de manutención y las herencias; sus normas no deben generalizarse a todos los residentes de Sudán. Los procedimientos sucesorios emplean términos como ترِكة para el caudal hereditario, إعلام وراثي para la declaración de herederos, إدخال وارث para incorporar a un heredero, إخراج وارث para excluirlo y التخارج para un acuerdo o renuncia respecto al caudal hereditario. El proceso habitual identifica a los herederos y los bienes, verifica el título y el estado de registro de la persona fallecida, resuelve las deudas y los testamentos válidos, obtiene una decisión judicial y luego completa la partición o el registro. No se puede disponer libremente de los bienes hereditarios antes de resolver los derechos y deudas relacionados, y un acuerdo alcanzado antes de la decisión judicial sigue sujeto a aprobación del tribunal. El tribunal puede reservar bienes para pagar deudas. Una resolución de 2007 sobre una reclamación de heredera conyugal en un caso de cuatro esposas existentes exigió acumular las demandas contra la esposa o esposas identificadas y la intervención de los demás herederos. Resoluciones antiguas registraban plazos de 15 años para reclamaciones ordinarias de la sharía y de 33 años para reclamaciones hereditarias o de waqf tras la inacción de una persona con capacidad; no se verificó si esos plazos siguen vigentes después de posibles modificaciones. Una reclamación extracontractual se refiere a daños sin vínculo contractual. El artículo 138 de la Ley de Transacciones Civiles de 1984 ha sido citado por el Tribunal Supremo, y una autoridad oficial indica que un acto perjudicial puede dar lugar a indemnización, incluso por una omisión estatal o administrativa dañina. La causalidad, las pruebas y la valoración de daños dependen de cada caso. Los tribunales ordinarios pueden conocer de reclamaciones de indemnización basadas en actividades administrativas cuando el demandante no impugna la propia decisión administrativa. Las demandas civiles se tramitan ante el tribunal competente de conformidad con la Ley de Procedimiento Civil. El Poder Judicial cuenta con el Tribunal Supremo, tribunales de apelación, tribunales civiles generales, tribunales parciales o de juez, y tribunales urbanos o rurales. Se describe una estructura judicial con un tribunal de apelación, 25 tribunales generales o parciales y siete tribunales urbanos o rurales, pero esas cifras no se han establecido como el total nacional. Los tribunales civiles generales conocen de apelaciones contra decisiones de segunda instancia de tribunales parciales o de juez, mientras que los tribunales de apelación conocen de decisiones de primera instancia de los tribunales civiles generales y de los tribunales parciales o de juez de primera instancia. La casación ante el Tribunal Supremo está sujeta a plazos legales y requisitos de garantía, pero no se verificó un plazo universal vigente. La citación y la notificación siguen, en general, la Ley de Procedimiento Civil. No se realizan notificaciones ordinarias entre la puesta y la salida del sol sin autorización judicial, y para notificar a miembros de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad existe un procedimiento especial a través del comandante de la unidad. Los documentos oficiales extranjeros requieren formalidades en el país de origen y autenticación o reconocimiento sudaneses; su incumplimiento puede impedir su admisión. Los formularios de presentación y los servicios electrónicos varían según el tribunal. El portal de Servicios de Litigación del Poder Judicial está disponible para litigantes, representantes y abogados, aunque no se verificaron todas sus funciones. El tribunal de ejecución se encarga de hacer cumplir las resoluciones. Conforme al artículo 232 de la Ley de Procedimiento Civil, existen acuerdos de pago y, en circunstancias pertinentes, la detención. El artículo 248(2)(b) protege las herramientas, máquinas y artículos necesarios para el oficio o profesión del deudor cuando el tribunal considera que son necesarios; una resolución del Tribunal Supremo aplicó esta protección a una empresa como persona jurídica y no solo a una persona física. Una solicitud de insolvencia o indigencia no suspende automáticamente la ejecución. Una sentencia firme suele ser vinculante durante la ejecución, mientras que las impugnaciones de fondo corresponden a la apelación o revisión. Una objeción de un tercero requiere pruebas de su propiedad. La Ley de Venta de Hipotecas establece un procedimiento especial de ejecución bancaria sobre bienes pignorados, distinto del litigio hipotecario civil ordinario. La ejecución contra el Gobierno o entidades estatales implica notificación al Ministerio de Justicia y participación de los departamentos jurídicos conforme al artículo 213, con posibilidad de cumplimiento voluntario o asesoramiento antes de medidas coercitivas. Las tasas judiciales se rigen por el baremo de la Ley de Procedimiento Civil, pero no se obtuvieron los importes vigentes. El Ministerio de Justicia también enumera un baremo de tasas para la notarización de contratos sin que se haya verificado un importe actual. La Administración de Asistencia Jurídica puede prestar ayuda gratuita tras una solicitud escrita a su responsable, una investigación, pruebas de que la persona no puede contratar abogado y un asunto aparentemente fundado. La asistencia abarca tribunales civiles, penales y de la sharía. Según la política ministerial indicada, pueden acceder refugiados y extranjeros, y se da prioridad a mujeres y niños. Si no existe una oficina provincial de asistencia jurídica, el acceso puede requerir la designación coordinada de abogados. La protección al consumidor, el derecho laboral y el derecho penal son materias independientes y solo forman parte del análisis civil cuando es necesario resolver una cuestión de responsabilidad, ejecución o límites entre jurisdicciones.