Convivencia cotidiana en Surinam

Surinam tiene diez distritos con condiciones diferentes en la zona costera y urbana, los distritos rurales y el Interior. Por eso, la convivencia cotidiana se articula mediante una combinación de legislación nacional, instituciones distritales, iniciativas comunitarias y costumbres locales. La Constitución protege la igualdad y la no discriminación, así como la libertad de religión, expresión, asociación, reunión y manifestación. Los Districtsraad pueden emitir reglamentos distritales dentro de los límites nacionales; estos se publican en periódicos locales, en el Diario Oficial o para su consulta en el Districtscommissariaat. El Korps Politie Suriname, conocido habitualmente como KPS, se ocupa de la seguridad pública y puede recurrir a la Policía Comunitaria o al Buurtmanagement para la prevención en los barrios. Un buurtmanager es un agente de policía con las competencias del KPS que trabaja con las comunidades locales para identificar problemas e involucrar a las autoridades pertinentes. El programa se reactivó en 2022 en lugares como Sunny Point, Flora, Lelydorp, Kwatta, Livorno, Latour, Nieuwe Haven, Centrum Paramaribo, Nieuwe Grond, Meerzorg, Moengo, Albina, Sophia’s Lust y Uitvlucht. La información disponible no establece una cobertura nacional ni tiempos de respuesta. El número de emergencia de la policía es 115. Surinam es un país multiétnico y multirreligioso. El neerlandés es el idioma oficial, mientras que el sranan tongo se usa ampliamente como lengua franca. También se hablan saramacano, aucano, sarnami, javanés, mandarín y otros idiomas. El Bureau Religieuze Aangelegenheden apoya la cooperación entre comunidades religiosas, y el Directoraat Cultuur promueve la diversidad cultural, la aceptación y el contacto intercultural. La Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, conocida como VIDS, es un interlocutor estatal en asuntos relacionados con los derechos y los intereses indígenas. En el Interior, la autoridad tradicional sigue teniendo importancia práctica: Granman y Kapitein pueden servir de contacto dentro de los pueblos o entre estos y el gobierno, aunque su alcance legal no es uniforme. Los conflictos se tramitan por distintas vías según el problema. Los delitos, las amenazas o los problemas de orden público que requieren atención inmediata corresponden al KPS. La violencia contra menores y el acoso escolar pueden denunciarse ante Kindertelefoon, en el 123. Las víctimas de violencia doméstica o de delitos pueden acudir al Bureau Slachtofferzorg, en Keizerstraat; en 2025 se informó de una aplicación disponible las 24 horas que utiliza el número 8413003. La Policía Comunitaria es preventiva y no dicta sentencias judiciales ni decisiones de mediación vinculantes. En disputas por ruido o eventos, un Districtscommissaris puede revisar un permiso, mientras que un kort geding civil puede ofrecer protección judicial urgente. Una decisión judicial de 2019 concluyó que el marco examinado no establecía límites legales generales al ruido y rechazó una condición del permiso que permitía 110 dB, ordenando una medida cautelar respaldada por una multa coercitiva. Los costos y los plazos varían según el procedimiento, y el acceso a la protección no es igual en todas partes. Los eventos públicos y las actividades potencialmente molestas pueden requerir autorización del Districtscommissaris conforme a las normas sobre openbare vermakelijkheid o a la Hinderwet. La policía puede intervenir en asuntos de orden público, seguridad, tráfico y protección de las personas y los bienes. La investigación disponible no establece un código nacional único sobre espacios públicos y ruido en Surinam. Los Districts- y ressortsraden, los Districtscommissarissen, las audiencias públicas, los planes regionales de proyectos, los planes de desarrollo de los pueblos y el Burgermeldpunt ofrecen vías de participación ciudadana. Un plan de proyectos de Paramaribo de 2021 se elaboró tras celebrar audiencias públicas y destacó expresamente la participación ciudadana. El efecto jurídico formal deriva de una decisión de una autoridad estatal competente; la autoridad tradicional es principalmente representativa o consultiva, aunque puede tener influencia práctica a nivel local. El Plan nacional de políticas para las personas con discapacidad 2025–2030 tiene como objetivo la participación sin discriminación y la accesibilidad de la infraestructura, el deporte, la recreación y los eventos. La aplicación y el acceso dependen de la institución y del lugar. Según la investigación disponible, no existe un código nacional específico de convivencia para la vivienda compartida, un sistema de defensoría del pueblo para los barrios, un servicio general de mediación ni un código de civismo digital. Por tanto, la vivienda compartida no cuenta con una vía específica para resolver cuestiones de convivencia; las normas de vivienda son un tema relacionado. La convivencia digital se desarrolla mediante la Estrategia Digital Nacional 2023–2030, la administración electrónica, los servicios de CBB, la e-ID y el Burgermeldpunt. La estrategia da prioridad a la infraestructura digital, el acceso asequible a internet, la identidad digital, el acceso a los servicios del gobierno, el aprendizaje híbrido y la sensibilización digital y sobre ciberseguridad. Su estimación de referencia de 2023 situaba el uso diario de internet en aproximadamente el 50 % y el acceso a internet en aproximadamente el 60 %. La brecha digital sigue siendo especialmente relevante en el Interior y entre las comunidades indígenas y tribales. La protección de datos y la privacidad se señalaron como necesidades legislativas adicionales. El acceso a los servicios mediante unidades de CBB, el mostrador electrónico o la e-ID depende del servicio concreto, incluidos su costo y sus plazos.