Deudas en Surinam

Una deuda surge cuando una persona, empresa o gobierno debe dinero u otra prestación a un acreedor. En Surinam, el Sistema Central de Información Crediticia de la Centrale Bank van Suriname, conocido como CCBS, registra los historiales de pago positivos y negativos de préstamos de consumo, vehículos, compras a plazos, tarjetas de crédito, descubiertos, hipotecas, cuentas corrientes y empresarios individuales otorgados por seis instituciones designadas. El CCBS es un registro, no un servicio de asesoramiento sobre deudas. Una persona prestataria puede pedir acceso a sus datos a través del CCBS o de una entidad de crédito afiliada, con su consentimiento, y debe impugnar la información inexacta por el canal correspondiente. Las dificultades de pago deben hablarse con el acreedor cuanto antes. El acreedor y la persona prestataria pueden negociar un plan de pagos o una reestructuración, pero la junta directiva de la entidad crediticia debe aprobarla y la entidad debe documentar la capacidad de pago de la persona. Un préstamo clasificado como moroso solo puede volver a considerarse al corriente tras al menos tres meses de pagos si las cuotas son mensuales, o seis meses si el calendario es distinto. Un acuerdo de reestructuración no puede establecer una moratoria de pago de seis meses. Las categorías de riesgo crediticio utilizadas por la Centrale Bank van Suriname son Performing, Special Mention, Substandard, Doubtful y Loss; con 365 días de atraso, las directrices aplicables asignan la categoría de incobrable. Si un acreedor obtiene un título ejecutivo, un deurwaarder —agente judicial autorizado a ejecutar cobros— puede emitir un requerimiento de pago. Para embargar bienes muebles o inmuebles en ejecución, por lo general deben transcurrir al menos dos días desde el requerimiento. En los casos apropiados también puede recurrirse al embargo en manos de terceros. Las controversias sobre la ejecución pueden llevarse ante el kantonrechter. Los honorarios de un agente judicial, notario o tribunal dependen del caso, y no se ha verificado una tarifa nacional única de asistencia a deudores. El acreedor también puede presentar una demanda o solicitar la quiebra. Por lo general, las reclamaciones monetarias prescriben a los cinco años desde el día siguiente a su vencimiento, sin perjuicio de reglas especiales y de la interrupción de la prescripción. Para las empresas o sucesiones que no pueden atender sus deudas vencidas, faillissement es la quiebra conforme a la Faillissementswet. El deudor, uno o más acreedores o el Openbaar Ministerie por interés público pueden solicitarla al kantonrechter. El criterio legal es que el deudor haya dejado de pagar. Declarada la quiebra, un curator administra la masa de la quiebra, verifica los créditos de los acreedores y distribuye los bienes disponibles. Por lo general, el deudor puede oponerse a la declaración de quiebra en un plazo de ocho días. Surséance van betaling es una suspensión temporal de pagos para un deudor que prevé no poder pagar sus deudas vencidas. El kantonrechter puede concederla provisionalmente de inmediato, mientras un bewindvoerder supervisa la administración; el tribunal puede revocarla si la recuperación deja de ser realista o perjudica a los acreedores. Las fuentes nacionales revisadas no confirman un procedimiento general independiente de asesoramiento público sobre deudas o de cancelación de deudas de consumo en Surinam. La deuda gubernamental sigue un sistema público separado. El Bureau voor de Staatsschuld, también llamado Suriname Debt Management Office o SDMO, gestiona el registro central de deuda, la estrategia, los préstamos, el servicio de la deuda y las publicaciones, e informa mensualmente al Fondo Monetario Internacional, la Centrale Bank van Suriname y el Ministerio de Finanzas y Planificación. Los límites legales de deuda pública son el 15% del PIB para la deuda interna, el 45% para la externa y el 60% en total; la deuda bruta incluye las obligaciones pendientes, la deuda contratada y no desembolsada, los intereses y costes, y las garantías ejecutadas. Una enmienda de 2025 permitió legalmente nuevos préstamos temporales después de que en julio de 2025 se registrara un exceso del límite. En junio de 2026, la deuda pública declarada ascendía a USD 4.65 mil millones o SRD 175.28 mil millones, equivalente al 119.6% del PIB según la medición de 2024 de ABS. La deuda interna era de USD 0.76 mil millones o SRD 28.49 mil millones, y la externa, de USD 3.9 mil millones o SRD 146.79 mil millones. Los tipos de cambio y la definición del PIB pueden cambiar sustancialmente el porcentaje. El presupuesto de 2026 preveía un servicio de la deuda de unos SRD 14.9 mil millones o USD 401 millones, sin incluir los préstamos previstos, equivalente a cerca del 37% de los ingresos estatales y el 31% de los gastos. La deuda pública de Surinam se reestructuró entre 2022 y 2026. La carga de deuda se redujo de unos USD 2.7 mil millones antes de la reestructuración a unos USD 1.6 mil millones después, con alrededor de USD 582 millones de alivio entre 2022 y 2024. Las perspectivas dependen mucho de los ingresos petroleros: un escenario con petróleo proyecta que la deuda caiga por debajo del 60% del PIB desde 2028, mientras que en el escenario sin petróleo el servicio de la deuda sigue siendo insostenible. La deuda con proveedores corresponde a facturas pendientes por bienes o servicios ya entregados; se incluye en la deuda pública interna desde diciembre de 2021. Los préstamos públicos, las garantías, los bonos del Estado, los títulos del Tesoro, los préstamos privados y los anticipos bancarios se gestionan a través del Ministerio de Finanzas y Planificación, mientras que la Rekenkamer audita los documentos de deuda pública. Ante una deuda en Surinam, conviene hacer una lista de cada acreedor, importe, vencimiento, interés, atraso y garantía; pedir los datos de crédito; contactar a los acreedores con una propuesta de pago realista; y obtener asistencia jurídica de Bureau Rechtszorg u otro proveedor cualificado si se amenaza con iniciar una ejecución, quiebra o suspensión de pagos. Una empresa debe evaluar faillissement y surséance van betaling por separado de las negociaciones informales de una persona. La Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten, administrada a través de NOB, ofrece un mecanismo funcional de garantía para ciertos préstamos empresariales, pero no es una solución general para las deudas de consumo.