Derecho penal en San Vicente y las Granadinas

El Código Penal, cap. 171, el Código de Procedimiento Penal, cap. 125, y la Orden Constitucional de 1979 forman el marco jurídico central. Entre las leyes especiales figuran la Ley de Productos del Delito, la Ley de Delitos de Tráfico de Drogas, la Ley de Armas de Fuego (Enmienda) de 2024, la Ley de Orden Público (Enmienda) de 2024, la Ley del Código Penal (Enmienda) de 2024 y las reformas de 2024 sobre delitos sexuales. La Ley de Ciberdelincuencia de 2016 y la Ley de Transacciones Electrónicas de 2015 constituyen la base formal de los casos de ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas. Para determinar por completo un delito y su sanción es necesario consultar el texto vigente de la ley pertinente; las denominaciones generales no determinan el cargo ni la pena aplicables. La Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas, incluido su Departamento de Investigación Criminal, investiga denuncias, reúne pruebas, prepara expedientes y ejecuta citaciones, órdenes de comparecencia y órdenes de detención legales. La Fiscalía General y el Servicio Nacional de Fiscalía, conocidos habitualmente como ODPP-NPS, revisan los expedientes policiales, asesoran sobre la acusación, preparan acusaciones formales, realizan sesiones informativas para testigos y tramitan apelaciones penales. ODPP-NPS no investiga casos, determina la culpabilidad ni impone penas; esas decisiones corresponden al tribunal. Un caso puede comenzar con una denuncia policial y una investigación. Los asuntos sumarios, los procedimientos preliminares y las solicitudes de libertad bajo fianza o prisión preventiva suelen tramitarse ante un Tribunal de Magistrados. Los asuntos sujetos a acusación formal y los procesos de Assizes se tramitan ante el Tribunal Superior del Tribunal Supremo del Caribe Oriental. El Tribunal de Apelación conoce las apelaciones penales. El Tribunal de Familia se ocupa de asuntos de menores y de ciertos delitos sexuales en fase sumaria o preliminar. El acceso a los tribunales se concentra en Kingstown, con sedes de distrito y de las Granadinas, incluidas Bequia, Union Island y Canouan. El horario general de los tribunales es de 9:00 a 16:00, y el de las oficinas suele ser de 8:00 a 16:15. A una persona detenida se le debe informar el motivo cuanto antes y, a más tardar, dentro de las 24 horas, conforme a la protección constitucional indicada. Puede comunicarse en privado con un abogado. La protección comprende la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes. La policía puede registrar o entrar en un inmueble con consentimiento, orden judicial u otra facultad legal. Una detención ilegal puede dar lugar a una reclamación de indemnización. En una audiencia justa celebrada dentro de un plazo razonable, la persona acusada tiene derecho a la presunción de inocencia, a recibir información suficiente sobre el cargo, a contar con tiempo y medios adecuados para preparar su defensa, a tener representación o defenderse por sí misma, a interrogar testigos y presentar los suyos, y a un intérprete gratuito cuando sea necesario. La ley no permite obligar a una persona a declarar, imponer una pena máxima más severa que la vigente cuando ocurrió el acto ni someterla a un nuevo juicio después de un indulto. Puede obtenerse una copia del expediente judicial pagando la tarifa correspondiente. Aquí no se ha verificado un acceso general a asistencia jurídica gratuita ni un calendario de costos. Las posibles sanciones dependen del delito y de la ley aplicable. Pueden incluir prisión, multas y órdenes de servicio comunitario o similares a la libertad vigilada cuando la ley lo permita. La pena de muerte sigue prevista legalmente, sujeta a límites constitucionales y legales. La directriz procesal del Tribunal Supremo del Caribe Oriental de 2024 sobre la imposición de penas por asesinato se refiere a personas adultas condenadas tras un juicio y exige un umbral excepcional, la consideración de atenuantes y una evaluación psiquiátrica; no establece una pena general para todos los delitos. ODPP-NPS presta apoyo a testigos, y la policía les informa sobre los cargos penales. Un informe presupuestario oficial indica que existe un mecanismo de protección de testigos desde enero de 2023. No se ha confirmado una tarifa legal general de indemnización a víctimas. Las indemnizaciones por daños y las demandas privadas corresponden al derecho civil, no al proceso penal, aunque un incidente penal puede tener consecuencias penales y civiles independientes. Los materiales disponibles sobre justicia juvenil requieren verificación cuidadosa antes de basarse en un procedimiento concreto. Describen un modelo para menores de 18 años que incluye evaluación, un Comité de Justicia Juvenil, medidas alternativas, representación jurídica, intervención del Tribunal de Familia y detención como último recurso. El modelo indica que, en general, los menores de 12 años no son penalmente responsables y que para los menores de 12 a menos de 14 años puede ser necesario demostrar que tenían suficiente capacidad de comprensión. También menciona un certificado del Director del Ministerio Público dentro de los 14 días. Las fuentes públicas identifican una Ley de Justicia Juvenil, pero antes de aplicar estas reglas a un menor en particular debe comprobarse su entrada en vigor y el texto operativo. Los delitos o infracciones de tráfico pueden derivarse de la Ley de Vehículos de Motor y Tráfico Vial, cap. 483. Algunos ejemplos son utilizar un vehículo sin seguro, llevar pasajeros en exceso, tener cristales demasiado tintados e incumplir las normas de iluminación. Poner música alta o utilizar un altavoz en un lugar público sin permiso escrito del comisionado de Policía constituye un delito conforme al artículo 31. La sanción aplicable debe verificarse en la legislación vigente, no inferirse de un resumen orientativo. Las investigaciones de ciberdelincuencia se rigen por la Ley de Ciberdelincuencia y la Ley de Transacciones Electrónicas, pero el delito exacto, la facultad de registro y los requisitos de prueba electrónica dependen de la conducta y del texto legal vigente.