El Estado en Togo

La soberanía de Togo pertenece al pueblo y se ejerce a través de representantes electos o mediante referéndum. La Constitución de 2024 describe el país como un Estado de derecho y lo organiza como una entidad unitaria y descentralizada. El Gobierno civil dirige la autoridad pública, mientras que las Fuerzas de Defensa y Seguridad protegen la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. El Presidente de la República es Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové. El Parlamento elige al Presidente de la República en sesión conjunta. El cargo simboliza principalmente la unidad nacional, acredita a los diplomáticos y desempeña otras funciones constitucionales. Cuando las normas constitucionales lo exigen, los decretos llevan también la firma del Presidente del Consejo. Faure Essozimna Gnassingbé ocupa el cargo de Presidente del Consejo desde el 3 de mayo de 2025. Preside el Consejo de Ministros, ejerce el mando de las fuerzas armadas, dirige la política nacional y exterior, supervisa la administración pública y la seguridad interna, vela por la ejecución de las leyes, ejerce la potestad reglamentaria y realiza nombramientos civiles y militares dentro del marco constitucional. También tiene la facultad de conceder indultos. El Gobierno es políticamente responsable ante la Asamblea Nacional. Una moción de censura requiere la firma de al menos dos quintas partes de sus miembros y su aprobación por una mayoría de tres cuartas partes. La Asamblea Nacional también puede disolverse en las condiciones constitucionales. El Parlamento tiene dos cámaras: la Asamblea Nacional y el Senado. Los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos directamente por sufragio universal y secreto para mandatos de seis años. Dos tercios de los senadores son elegidos por representantes de las colectividades territoriales y un tercio es nombrado por el Presidente del Consejo; los senadores también ejercen mandatos de seis años. Los proyectos presupuestarios se presentan por iniciativa del Presidente del Consejo y siguen el procedimiento parlamentario desde la Asamblea Nacional hasta el Senado. Los procedimientos electorales corresponden al tema independiente de elecciones; estas disposiciones institucionales explican cómo funcionan los órganos electos dentro del Estado. El poder judicial es independiente e incluye los órdenes judicial y administrativo. La Corte de Casación es el tribunal ordinario de mayor jerarquía, y el Consejo de Estado es el tribunal administrativo superior. El Tribunal de Conflictos resuelve los conflictos entre ambos órdenes. Entre los órganos especializados figuran los tribunales laborales, comerciales y de menores, así como los tribunales militares de apelación y los tribunales militares. El Consejo Superior de la Magistratura se ocupa de los nombramientos y la disciplina judicial. La Corte Constitucional tiene nueve miembros que ejercen un único mandato no renovable de siete años. Examina la conformidad constitucional, los derechos fundamentales, los reglamentos internos de las instituciones estatales y la regularidad de los procedimientos parlamentarios, senatoriales y de referéndum. Sus decisiones son definitivas. Antes de la promulgación, pueden remitirle una cuestión constitucional el Presidente de la República, el Presidente del Consejo, el presidente de una cámara o un tercio de una cámara. El plazo normal de revisión es de un mes; los asuntos urgentes y electorales suelen tener un plazo de ocho días. Togo tiene cinco regiones, 39 prefecturas, 117 municipios y 393 cantones. Los pueblos y barrios son unidades administrativas adicionales. La Constitución reconoce las regiones y los municipios como colectividades territoriales administradas libremente por consejos elegidos. El Distrito Autónomo del Gran Lomé funciona como nivel administrativo especial de la capital e intermunicipal, pero no es una categoría constitucional adicional de gobierno local. Hay gobernadores para las cinco regiones y el distrito del Gran Lomé. Un prefecto representa al Estado y al Gobierno, supervisa los cantones, pueblos y barrios, y revisa la legalidad de los actos municipales. Los consejos municipales y los alcaldes se ocupan de asuntos como el desarrollo local, el agua, la educación, la salud, el saneamiento y las carreteras. Cada municipio tiene una Oficina del Ciudadano como vía de participación y presentación de quejas. Los trámites locales pueden variar en cuanto a documentos, tasas y plazos; la mairie, la prefectura o el servicio desconcentrado pertinente deben confirmar los requisitos vigentes. Las autoridades tradicionales están reconocidas constitucionalmente como guardianas de las costumbres y las tradiciones. Los jefes tradicionales son designados o instalados de acuerdo con las costumbres locales y las leyes o reglamentos aplicables. El Ministerio de Administración Territorial, Gobernanza Local y Asuntos Consuetudinarios se ocupa de las autoridades tradicionales, la administración territorial, la descentralización, el registro civil, los asuntos religiosos, las asociaciones y los partidos políticos. Las autoridades tradicionales pueden apoyar la mediación y ocuparse de cuestiones de identidad y comunidad, pero no sustituyen la legislación ni a los tribunales formales. Las finanzas públicas combinan sistemas nacionales y locales. La ley de finanzas de 2026 fija los gastos e ingresos totales en 2.751,5 mil millones de FCFA, un aumento del 14,8 % respecto de 2025. Entre sus prioridades declaradas asigna 669 mil millones de FCFA a la inclusión y el capital humano, 407 mil millones a la transformación económica y 324 mil millones al fortalecimiento del Estado. La ley de finanzas rectificativa de 2025 ascendió a 2.436 mil millones de FCFA. Togo utiliza un presupuesto por programas alineado con las prácticas de finanzas públicas de la UEMOA. Los gobiernos locales utilizan los ingresos y competencias que les asigna la ley y pueden recibir apoyo del FACT, el mecanismo nacional de financiación de gobiernos locales establecido por el Decreto n.º 2019-130/PR. El PAFC apoya la financiación municipal y se prevé extenderlo a los 117 municipios. La Corte de Cuentas audita de forma independiente al Estado, los gobiernos locales y las empresas públicas. Puede examinar documentos y lugares, revisar la disciplina presupuestaria, realizar auditorías y asesorar al Parlamento y al Gobierno. Las Cortes Regionales de Cuentas actúan como tribunales de primera instancia en materia de finanzas públicas locales y cuentan con cinco sedes regionales. Sus informes y las declaraciones generales de conformidad son fuentes prácticas de supervisión financiera pública. La Agencia Nacional de Identificación (ANID) funciona bajo la Presidencia de la República, con supervisión técnica de los ministerios responsables de la economía digital y la seguridad. Mantiene la base nacional de datos biométricos y el registro social. Los ciudadanos togoleses y las personas residentes en Togo pueden obtener un número de identificación único (NIU) y una credencial electrónica de identidad. El registro suele ser gratuito. El proceso habitual consiste en un prerregistro en línea, la asistencia a un centro de inscripción, la recopilación de datos biométricos y demográficos, y la emisión del NIU o de un justificante de identidad, normalmente en un plazo de 24 a 48 horas. Es posible corregir y actualizar los datos, y su protección se rige por la Ley n.º 2019-014. El portal service-public.gouv.tg permite crear cuentas ciudadanas y empresariales, presentar solicitudes en línea, pagar con dinero móvil o tarjeta, seguir el estado de los trámites y almacenar documentos. Solo pueden completarse en línea los trámites que ya se han digitalizado; los demás siguen requiriendo acudir a la autoridad competente. El acceso está disponible desde Togo y desde el extranjero, pero la cobertura y las tasas varían según el trámite. La Constitución protege la libertad de expresión, información, prensa, radio, televisión y comunicación digital dentro de los límites legales. La HARC, Alta Autoridad para la Regulación de la Comunicación Escrita, Audiovisual y Digital, regula las normas de los medios, el pluralismo, las frecuencias y las obligaciones de las plataformas en línea. La ARCEP regula las comunicaciones electrónicas y los servicios postales, incluidos los operadores, las frecuencias, la numeración, la protección del consumidor y la certificación. El portal de servicios públicos y el Diario Oficial proporcionan información oficial. El ministerio responsable de la administración territorial se ocupa del registro institucional de partidos y asociaciones; las cuestiones electorales siguen siendo competencia del tema independiente de elecciones. El Presidente del Consejo es el comandante supremo de las fuerzas armadas y de seguridad. El Ministerio de Defensa Nacional es responsable de la integridad territorial, la seguridad interna y las operaciones en el extranjero. El Ministerio de Seguridad y Protección Civil se ocupa de la protección de las personas y los bienes, la policía, la coordinación con la gendarmería, el orden público, las fronteras, las armas y explosivos, y la protección frente a desastres. La gendarmería forma parte de las fuerzas armadas. La situación de seguridad en las regiones del norte requiere especial atención debido al terrorismo y al extremismo violento. La policía, la gendarmería, los servicios de protección civil y el prefecto son los principales puntos de contacto para recibir asistencia de seguridad. La libertad y la seguridad personal están protegidas constitucionalmente; la detención debe tener fundamento legal y la detención policial solo puede durar el tiempo estrictamente necesario. Un estado de emergencia, sitio o crisis puede durar inicialmente hasta tres meses; cualquier prórroga más allá de tres meses requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.