Derecho laboral en Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago tiene un único marco nacional de derecho laboral para Trinidad y Tobago; no se identificó una normativa laboral territorial separada para Tobago. El marco combina leyes con normas del derecho consuetudinario, es decir, principios contractuales desarrollados mediante decisiones judiciales. Varias leyes también obligan al Estado, pero su cobertura depende de cada norma. La Ley de Relaciones Industriales (IRA) establece el marco principal para las relaciones industriales, la negociación colectiva y las disputas laborales. El Ministerio de Trabajo, su División de Conciliación, Asesoramiento y Defensa (CAAD), la Unidad de Inspección Laboral (LIU), la Autoridad y Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la Junta de Registro, Reconocimiento y Certificación (RRCB), el Tribunal Industrial, la Comisión de Igualdad de Oportunidades (EOC) y la Junta del Seguro Nacional (NIB) desempeñan funciones distintas. Un contrato de trabajo puede ser oral o escrito. Las fuentes investigadas no establecen un requisito legal general de formalizarlo por escrito, pero el Comité Consultivo de Relaciones Industriales recomienda encarecidamente las condiciones escritas. El contrato debería identificar a las partes, el lugar de trabajo, el puesto, el horario y los descansos, las vacaciones, el período de prueba, el salario, las reglas de ausencia y el procedimiento de modificación. Los contratos de trabajadores domésticos deberían indicar por escrito las funciones, el horario y los descansos. El trabajo de duración determinada, ocasional y estacional, así como la contratación independiente, puede quedar fuera de partes de la Ley de Reducción de Plantilla y Prestaciones por Despido (RSBA), por lo que la relación jurídica real es relevante. Para los trabajadores cubiertos por la Orden sobre Salarios Mínimos pertinente, el límite ordinario es de ocho horas al día y 40 horas a la semana, sin contar los descansos. Una semana laboral de cuatro días puede llegar a diez horas diarias. Debe hacerse una pausa para comer de al menos 45 minutos después de no más de 4,5 horas de trabajo, y un descanso adicional de al menos 15 minutos después de otras tres horas. Los trabajadores por turnos reciben una pausa remunerada de al menos 20 minutos después de no más de 4,5 horas y al menos diez minutos después de otras tres horas. Tras dos horas extra, el trabajador recibe una pausa remunerada de 15 minutos y luego una de 20 minutos por cada dos horas adicionales. Este régimen especial se aplica a trabajadores que ganan hasta 1,5 veces el salario mínimo nacional, un límite derivado de TT$30,75 por hora. El salario mínimo nacional es de TT$20,50 por hora desde el 1 de enero de 2024. Equivale a TT$164 por una jornada de ocho horas, TT$820 por una semana de 40 horas y aproximadamente TT$3.553,33 al mes. Las propinas, cargos por servicio y comisiones no forman parte de esa tarifa nacional. Desde el 1 de noviembre de 2024 se aplica un salario mínimo del sector público de TT$22,50 por hora, que no debe confundirse con el salario mínimo nacional. Las horas extra en un día normal o dentro de una semana de 40 horas se pagan a 1,5 veces el salario durante las primeras cuatro horas, al doble durante las cuatro siguientes y al triple después. En días no habituales, domingos o festivos, la tarifa es el doble durante las primeras ocho horas y el triple después; el trabajo dominical considerado normal sigue la estructura de 1,5, 2 y 3 veces. Los derechos a vacaciones y licencia por enfermedad no son uniformes para todos los trabajadores. La información del Ministerio identifica determinadas categorías legales, mientras que los trabajadores domésticos reciben dos semanas de vacaciones y 14 días de licencia por enfermedad al año. La Ley de Protección de la Maternidad concede 14 semanas de licencia. Para tener derecho generalmente a remuneración se requieren al menos 12 meses de servicio continuo o 150 días trabajados durante los 12 meses anteriores en el caso de un trabajador con salario diario. Normalmente, la empleada presenta un aviso escrito al menos ocho semanas antes de la fecha prevista del parto, un certificado médico y un aviso de la fecha prevista para volver. La licencia puede comenzar seis semanas antes de la fecha prevista o más tarde. Por lo general, se paga un mes con salario completo y luego dos meses con la mitad del salario, con coordinación de NIB y cualquier complemento del empleador que corresponda. Puede concederse una prórroga médica de hasta 12 semanas, formada por seis semanas con medio salario y seis sin remuneración. Una prórroga no médica puede durar hasta cuatro semanas sin remuneración con diez días laborables de aviso. La información del Ministerio no identifica un derecho legal general a licencia de paternidad. Una disputa por terminación relacionada con el embarazo puede considerarse una disputa laboral. La Ley de la Infancia prohíbe el empleo de menores de 16 años, con excepciones limitadas para ciertas actividades familiares o vacacionales. El trabajador de 16 a 18 años necesita el registro especial correspondiente y no puede realizar trabajos peligrosos. La Ley de Igualdad de Oportunidades prohíbe discriminar en el acceso al empleo, las condiciones, ascensos, formación, prestaciones, despidos y otros perjuicios por motivos como raza, etnia, religión, estado civil, discapacidad, sexo y procedencia, incluido el origen geográfico. Por lo general, una queja escrita a la EOC debe presentarse dentro de seis meses. Las directrices sobre acoso sexual figuran en la Política Nacional sobre Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo de 2019, con participación de CAAD; las fuentes investigadas no identificaron una ley independiente sobre acoso sexual que hubiera sido promulgada. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional obliga a los empleadores a proteger la seguridad, la salud y el bienestar, en la medida razonablemente practicable, en establecimientos industriales públicos y privados. Deben realizar una evaluación anual de riesgos. Los lugares de trabajo con 25 o más empleados deben contar con un Comité de Seguridad y Salud; el Inspector Jefe puede exigirlo en un lugar más pequeño. El trabajador puede negarse a realizar tareas que supongan un peligro grave o inmediato, impliquen una máquina o un lugar de trabajo peligroso o infrinjan la ley. Un inspector investiga y decide en 24 horas; la decisión puede revisarla el Inspector Jefe y apelarse ante el Tribunal Industrial. Durante una negativa que cumpla los requisitos, se considera que el trabajador está trabajando y conserva el derecho al salario. Se prohíben el despido, las medidas disciplinarias o la intimidación en represalia. La Ley de Sindicatos permite registrar un sindicato con al menos siete miembros. La RRCB decide sobre unidades de negociación, certificación y el Sindicato Mayoritario Reconocido (RMU), que es el sindicato certificado para una unidad de negociación. Una unidad puede tener un solo RMU. El RMU certificado y el empleador deben negociar de buena fe; los trabajadores conservan el derecho a afiliarse o no a un sindicato y no deben sufrir perjuicio por su afiliación o por ejercer derechos legales. Un convenio colectivo registrado obliga a las partes y puede hacerse cumplir directamente ante el Tribunal Industrial; sus condiciones también pueden pasar a formar parte de los contratos individuales. Las medidas de conflicto laboral están restringidas o prohibidas en servicios esenciales y ámbitos como la Administración Pública, las prisiones, los servicios de bomberos, la docencia y el Banco Central. Una disputa laboral puede referirse a despido, despido indirecto, no renovación, suspensión, denegación de empleo o reincorporación, restitución del puesto, condiciones laborales o un convenio colectivo. El empleador, un RMU o, si no hay RMU, un sindicato que represente a un trabajador afiliado en regla puede informar de la disputa al ministro, normalmente en un plazo de seis meses desde el hecho. CAAD suele intentar la conciliación en 14 días. Un memorando de acuerdo puede registrarse en el Tribunal Industrial; una disputa no resuelta puede remitirse al tribunal tras su certificación. El Tribunal tiene divisiones de servicios generales y esenciales y puede recurrir a la gestión de casos o a la conciliación judicial. Los trabajadores suelen actuar a través de su sindicato, pero existen excepciones mediante procedimientos legales para cuestiones de salario mínimo, protección por maternidad y seguridad ocupacional. CAAD también asesora a trabajadores no sindicalizados. Las disputas generales por despido se rigen por la IRA, el contrato de trabajo, cualquier convenio colectivo y los principios del derecho consuetudinario. Una audiencia justa y la justicia natural orientan la evaluación, pero el resultado depende de los hechos y del contrato o convenio aplicable. La reducción de plantilla, es decir, una reducción de puestos, sigue un proceso especial de RSBA cuando afecta a cinco o más trabajadores. Antes de notificar, el empleador debe consultar y entregar información escrita a los trabajadores, al RMU y al ministro, incluidos nombres, categorías, antigüedad, salarios, motivos, fechas y criterios de selección. El preaviso mínimo normal es de 45 días; un imprevisto puede justificar solo un plazo razonable. El RMU dispone de siete días para responder y el empleador debe facilitar la información solicitada dentro de tres días. La indemnización suele ser de dos semanas de salario por año de servicio desde uno hasta menos de cinco años, y de tres semanas adicionales por año desde el quinto año, sujeto a las mejores condiciones de un convenio colectivo registrado. Se pagan aparte las vacaciones acumuladas no utilizadas. El impago de la indemnización después de 30 días puede dar lugar a un procedimiento ante el Tribunal Industrial. El trabajador puede acudir a la LIU con el contrato, los comprobantes de nómina y la correspondencia pertinente para que se realice una evaluación e investigación confidenciales. CAAD ofrece servicios sin cita previa, telefónicos, de mediación y conciliación. El Tribunal Industrial tiene sedes en Puerto España y el sur; en Tobago hay acceso a los servicios de CAAD en Scarborough y a una oficina secundaria de OSHA. La EOC no tiene oficina en Tobago, pero realiza actividades de extensión. Las fuentes oficiales no indican una tarifa general para estos servicios legales; las cuotas sindicales y el asesoramiento jurídico privado pueden generar costes aparte. La duración de los procesos varía según el caso y no debe suponerse un calendario fijo.