Inversiones en Turkmenistán

Turkmenistán reconoce inversiones en depósitos bancarios, acciones, bonos, letras, certificados transferibles de depósitos bancarios, derivados, bienes muebles e inmuebles, propiedad intelectual, conocimientos técnicos, derechos sobre tierras o recursos naturales y otros derechos patrimoniales. La inversión puede perseguir beneficios, ingresos o un efecto social. Pueden invertir ciudadanos turcomanos, entidades jurídicas turcomanas, Estados extranjeros, personas físicas y entidades jurídicas extranjeras, así como personas apátridas, conforme a las normas aplicables. A los ciudadanos turcomanos que residen permanentemente en el extranjero se les considera inversores extranjeros según la Ley de Inversiones Extranjeras. Por lo general, la inversión extranjera directa requiere al menos el 10 % del capital social o autorizado, o capital invertido en los activos fijos de una sucursal. Las formas más consolidadas son una empresa conjunta con personas o entidades locales, una empresa de propiedad totalmente extranjera, una sucursal o una oficina de representación, la adquisición de una empresa existente, inversiones inmobiliarias que reúnan los requisitos, préstamos extranjeros y la participación en licitaciones o subastas de inversión o en la privatización de participaciones estatales. Los proyectos suelen requerir un estudio de viabilidad o plan de negocio, así como documentos de diseño y costos. Un examen estatal obligatorio puede abarcar la seguridad sísmica, la seguridad contra incendios y explosiones, los efectos ambientales, los requisitos sanitarios y la planificación urbana. A continuación se realiza el registro del proyecto y el registro separado de la empresa o sucursal, además de las licencias y aprobaciones, la declaración del importe y origen de la inversión, la contabilidad y los informes estadísticos que correspondan. No se ha encontrado un plazo nacional general de tramitación; se indica que el registro en una zona económica libre no tiene costo, sujeto a sus condiciones. Los valores pueden emitirse y negociarse en una bolsa organizada o extrabursátilmente. Las operaciones bursátiles se realizan a través de participantes profesionales o miembros de la bolsa; una operación extrabursátil puede efectuarse directamente entre el inversor o mediante un intermediario. La operación entra en vigor tras la liquidación y compensación. Las ofertas públicas requieren un folleto, y los valores siguen un proceso que comprende la decisión del emisor, el registro en el Registro Estatal Unificado de Valores, la colocación, el informe final de emisión y la divulgación de información. El Ministerio de Finanzas y Economía es la autoridad competente del mercado de valores. Corredores, operadores, gestores de carteras, entidades de compensación, depositarios, custodios, registradores y organizaciones bursátiles necesitan la autorización profesional correspondiente, y el personal que tramita operaciones requiere certificados de cualificación. El dinero de clientes debe mantenerse en una cuenta bancaria especial separada, y sus valores y activos deben registrarse por separado. Las instituciones y fondos de inversión son legalmente posibles. Un fondo de inversión es una sociedad anónima abierta que reinvierte fondos en valores diversificados u otros activos. El material oficial revisado no acredita la existencia de un producto de cartera minorista normalizado y de acceso masivo, una lista pública vigente de intermediarios autorizados, cotizaciones en tiempo real fiables, una tabla de tarifas minoristas ni liquidez de mercado verificada. Tampoco ofrece pruebas oficiales directas de una vía amplia para corredores en línea, fondos cotizados minoristas o activos digitales. Entre los sectores prioritarios oficiales figuran el petróleo y el gas, los productos químicos, los textiles, la agricultura, el transporte y la logística, las comunicaciones, la infraestructura social y las pequeñas y medianas empresas orientadas a la exportación o a sustituir importaciones. El portal oficial de proyectos presenta principalmente grandes proyectos de economía real, no carteras de valores. Los inversores reciben trato nacional, por lo general pueden elegir el tamaño y la estructura del capital salvo que exista una restricción legal, y pueden reinvertir los ingresos. Una vez pagados los impuestos y demás pagos obligatorios, pueden transferirse al extranjero beneficios, dividendos, intereses, ingresos de liquidación y fondos recibidos legalmente, con sujeción a la legislación cambiaria y al procedimiento correspondiente. La ley permite cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera. El marco aplicable contempla protección jurídica e intelectual y compensación a valor de mercado en moneda extranjera en caso de expropiación. Los litigios pueden resolverse mediante negociación, ante el Tribunal de Arbitraje de Turkmenistán o ante otro foro de arbitraje acordado. Los inversores deben cumplir la legislación, los compromisos del proyecto, los permisos, las licencias, las normas, las reglas antimonopolio y las obligaciones contables y de presentación de informes. Las actividades o territorios pueden estar restringidos por razones constitucionales, de defensa o de seguridad; la transferencia de bienes de inversión puede estar limitada por normas civiles, cambiarias y aduaneras. El cambio de divisas se realiza a través de entidades de crédito o puntos de cambio autorizados. Turkmenistán utiliza tipos de cambio oficiales y de mercado; salvo que se aplique otra norma, la desviación respecto del tipo oficial, incluida la comisión, suele limitarse al 1 %. Las transferencias de no residentes siguen sujetas a contratos de divisas y requisitos de procedimiento. El tratamiento fiscal y los incentivos dependen del Código Tributario y de la estructura de inversión. Las importaciones admisibles aportadas como parte de una inversión pueden beneficiarse de exenciones aduaneras, aunque todavía pueden aplicarse gastos de despacho aduanero. Una zona económica libre puede eximir del pago de ciertas tarifas de registro, consulares, cambiarias, de licencia y de certificación, así como de determinadas deducciones adicionales de beneficios extrapresupuestarias, bajo las condiciones establecidas. No se encontraron importes verificados públicamente para comisiones de valores, bolsa, compensación, custodia, registro o servicios bancarios, ni un monto mínimo nacional de inversión o un periodo de tenencia estándar. Los principales riesgos son los controles cambiarios y retrasos en las transferencias, la diferencia entre los tipos oficial y de mercado, cambios regulatorios o de política, la dependencia de aprobaciones y licencias, la concentración en sectores prioritarios del Estado, el incumplimiento del emisor o la contraparte, la liquidez limitada, la dificultad para determinar precios y las lagunas de información. No se identificó una garantía general para depósitos o pérdidas en valores. La aplicación de la protección del inversor depende del regulador y los tribunales; las sanciones, las obligaciones contra el blanqueo de capitales y las restricciones sobre derechos de tierras o bienes inmuebles pueden afectar a una operación. Antes de comprometer capital, confirme la institución responsable, la licencia vigente, las tarifas, los mecanismos de liquidación, el procedimiento de transferencia y las opciones de salida.