Delincuencia en Turkmenistán

El Código Penal se revisó el 17 de abril de 2022 y entró en vigor el 1 de enero de 2023. Abarca delitos contra la propiedad, fraude, trata, violación, delitos sexuales contra menores, lesiones relacionadas con la violencia doméstica y diversos delitos informáticos. Los delitos contra la propiedad se contemplan en los artículos 247–258; el fraude, en el artículo 249; la trata, en el artículo 128; la violación, en el artículo 132; y determinados actos sexuales con menores de 16 años, en los artículos 141–142. Las penas dependen de la conducta, la edad de la víctima, las consecuencias y las circunstancias agravantes. Las penas por trata pueden ir de cuatro a diez años, y aumentar a entre quince y veinticinco años en los casos más graves. Las penas por violación pueden oscilar entre tres y diez años y aumentar si concurren circunstancias agravantes. Las estadísticas nacionales fiables y actuales sobre delincuencia son escasas. Un indicador del Banco Mundial y la UNODC registró aproximadamente un homicidio intencional por cada 100.000 habitantes en 2023, mientras que la información de viaje disponible describe un bajo nivel de delincuencia callejera. Estas cifras no muestran la distribución completa de delitos o víctimas. Es probable que haya infradenuncia cuando las víctimas temen el estigma, el contacto con las autoridades o las represalias. Una encuesta respaldada por el UNFPA y publicada en 2022 encontró que el 12 % de las mujeres había sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja al menos una vez y que el 16 % había sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. La violencia doméstica se aborda mediante delitos de lesiones, pero la aplicación de la ley y el apoyo a las víctimas varían. La trata es una preocupación práctica importante dentro de Turkmenistán y a través de sus fronteras. Los riesgos incluyen la recolección forzada de algodón, el trabajo público, el trabajo agrícola o de servicios no remunerado, el servicio doméstico, la delincuencia forzada y la explotación tras falsas ofertas de trabajo o matrimonio en redes sociales o plataformas de mensajería. Se pueden retener documentos. Se ha informado de la vulnerabilidad de ciudadanos turcomanos en Turquía, Rusia, Polonia, Kazajistán, India, Oriente Medio, Asia Central y Europa; las zonas rurales presentan una exposición particular, mientras que Asjabad tiene riesgos adicionales vinculados al servicio doméstico y a la construcción. La Ley contra la Trata de 2016, modificada el 12 de abril de 2025, establece un marco formal de protección en el que participan la Baş prokuratura, el MVD, el Milli howpsuzlyk ministrligi y las autoridades fronterizas y migratorias, así como una comisión interinstitucional. La persona puede solicitar la condición de víctima por sí misma o mediante un representante. Las autoridades deben decidir sobre la solicitud en un plazo de dos semanas. La protección no depende de la nacionalidad, la conducta de la persona, su consentimiento, su cooperación con la policía ni su voluntad de testificar. Quien haya sido identificado provisionalmente como víctima puede recibir protección mientras se evalúa el caso. El paquete mínimo legal es gratuito y puede incluir alojamiento, alimentos, atención médica, psicológica y jurídica urgente, y apoyo material. Un centro especializado debe recibir a la persona en un plazo de 24 horas; el alojamiento puede durar hasta 30 días y prolongarse hasta que concluya el proceso. Los niños deben alojarse por separado de los adultos y conservar el acceso a la escuela y el contacto familiar. Las víctimas extranjeras o apátridas pueden recibir gratuitamente un intérprete y residencia temporal, y no deben ser deportadas durante el proceso penal. La aplicación práctica está fragmentada: los informes de 2024 registraron que, por quinto año consecutivo, no hubo investigaciones, procesamientos ni condenas por trata ni identificación estatal de víctimas, mientras que la sociedad civil prestó apoyo a 37 víctimas explotadas en el extranjero. En una emergencia se puede llamar a la policía al 02 desde una línea fija o al 002 desde un móvil. Un agente de guardia debe aceptar denuncias de delitos las 24 horas. Una llamada anónima puede quedar registrada, pero no basta por sí sola para iniciar una investigación; normalmente se necesita una denuncia formal ante la policía o la fiscalía. Solicite un atestado policial o un número de registro. Quien denuncia un delito puede utilizar su propio idioma y pedir un intérprete, recibir información sobre las acusaciones y las diligencias, presentar observaciones y solicitar que se incorporen pruebas, obtener copias de documentos pertinentes, contratar un abogado privado y reclamar una indemnización. La policía no asigna automáticamente un abogado. Se pueden presentar quejas sobre las actuaciones de investigación y el Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos es otra vía de reclamación, aunque la revisión independiente y las soluciones prácticas son limitadas. Tras una agresión sexual, solicite atención médica lo antes posible. Un hospital o un servicio de ambulancias puede avisar a la policía, pero la víctima también puede presentar una denuncia formal. Cuando sea posible, conserve la ropa y otras pruebas y evite lavarse antes del examen forense. La línea confidencial de asesoramiento indicada por el FCDO, +993 12 229389, ofrece apoyo general, jurídico y psicológico; puede ser necesario recibir asistencia en turcomano o ruso, ya que la ayuda en inglés es limitada. Las investigaciones pueden ser lentas. Por lo general, se espera que los procedimientos por delitos sexuales duren hasta dos meses, con posibles prórrogas; los periodos de detención y una eventual prisión preventiva posterior dependen del caso y de las decisiones de la fiscalía. Los delitos digitales incluyen el acceso no autorizado a sistemas, la divulgación forzada de información, el borrado o manipulación de datos, las interrupciones de sistemas, el malware, la información falsa, los recursos ilegales de internet, la manipulación de tarjetas SIM o IMEI y el fraude en línea. Los artículos 373–383 y el artículo 249 abordan varios de estos actos; la Ley de Internet prohíbe el phishing o los sitios web engañosos, el malware, el acceso no autorizado y la elusión del proveedor de internet. El acceso a internet está estrictamente controlado, muchas plataformas están bloqueadas y la privacidad en línea es limitada. No se ha documentado una línea pública fiable para ciberdelitos ni un canal nacional de asistencia a usuarios, por lo que conviene conservar mensajes, registros de cuentas y pruebas de pago y denunciar las sospechas de fraude a la policía o la fiscalía. Las precauciones habituales reducen la exposición: lleve pasaporte o documento de identidad y una copia de cualquier invitación, use taxis autorizados, evite viajar de noche fuera de las ciudades, vigile sus objetos de valor y no fotografíe a la policía, al ejército ni instalaciones gubernamentales, embajadas o aeropuertos sin permiso. La posesión o el consumo de drogas pueden acarrear largas penas de prisión en condiciones básicas. El uso de VPN es ilegal y estas se bloquean habitualmente; algunos contenidos en línea considerados hostiles al sistema político o las tradiciones pueden tratarse como delitos. Si el contacto con la policía o los servicios de seguridad se vuelve coercitivo, anote la hora y el lugar cuando sea seguro, solicite un intérprete y un abogado y contacte con el Defensor del Pueblo o un servicio consular cuando esté disponible.