Familia en Turkmenistán

El matrimonio exige el consentimiento libre y mutuo de ambos cónyuges y se registra en el ZAGS, la oficina de registro civil. La edad mínima ordinaria es de 18 años; los órganos de tutela y curatela pueden reducirla excepcionalmente hasta un año como máximo. Entre las prohibiciones matrimoniales figuran que exista un matrimonio registrado, el parentesco en línea directa, la relación entre hermanos y una relación de adopción. El ZAGS registra nacimientos, matrimonios, divorcios, adopciones, paternidad, cambios de nombre y defunciones. En general, los padres deben registrar el nacimiento en el plazo de un mes, y se informa que está registrado el 99,9 % de los menores de cinco años. Una ayuda por nacimiento y una prestación mensual para el cuidado infantil hasta los tres años facilitan el acceso al registro y a la atención temprana; el importe comunicado para la ayuda por nacimiento en 2024 fue de 306 TMT, pero no se ha verificado una tarifa completa vigente para 2026. Los padres tienen los mismos derechos y deberes de criar y desarrollar a sus hijos, proporcionarles educación general y tener en cuenta su interés superior y sus opiniones. No se permiten los castigos corporales, la humillación, la intimidación ni los tratos crueles o degradantes. El niño conserva el derecho a la vida familiar, los cuidados parentales y el contacto con ambos padres y sus familiares cercanos después de una separación o cuando uno de los padres vive en el extranjero. Los padres pueden acordar la residencia y el contacto del niño; de lo contrario, decide un tribunal teniendo en cuenta el interés superior, las relaciones, los hermanos y las condiciones de cuidado y desarrollo. El divorcio ante el ZAGS está disponible de mutuo acuerdo cuando no hay hijos menores en común ni hijos adultos dependientes y tampoco existen disputas sobre bienes o manutención; el trámite administrativo dura al menos dos meses y puede prolongarse hasta tres. Los tribunales tramitan los divorcios con hijos en común, desacuerdos, disputas sobre bienes o manutención, representación legal o denegación del ZAGS; también pueden resolver al mismo tiempo la residencia, la manutención y los bienes. Los padres mantienen a los hijos menores, a los hijos adultos dependientes que no pueden trabajar y a los estudiantes a tiempo completo hasta los 23 años. Las proporciones mensuales orientativas son una cuarta parte de los ingresos por un hijo, un tercio por dos y la mitad por tres o más; pueden fijarse importes concretos si los ingresos son irregulares. Los hijos también tienen el deber formal de mantener a los padres que no pueden trabajar; pueden existir obligaciones más amplias entre hermanos, abuelos y nietos, padres de acogida, padrastros y madrastras e hijos. La tutela se aplica a menores de siete años y a personas declaradas legalmente incapaces; la curatela, por lo general, a partir de los siete y hasta los 18 años, y a personas con capacidad jurídica limitada. Los niños sin cuidado parental deben ser acogidos primero en una familia mediante adopción, tutela o curatela; la atención en instituciones se considera después. En 2023 había alrededor de 6.000 niños en centros residenciales, muchos de ellos con discapacidad; aproximadamente el 87 % de los niños en atención residencial tenía discapacidad. A finales de 2023 había 26.522 niños con discapacidad y más de la mitad de los niños de 3 a 17 años con discapacidad no asistía a una institución educativa. Los servicios de apoyo familiar y atención temprana son prioridades políticas, pero el acceso depende de la región y de la capacidad disponible. La protección familiar involucra a distintos organismos, no a una única autoridad central de protección infantil: entre ellos, los órganos de tutela y curatela, la Comisión para Menores, la comisión médico-pedagógica, los ministerios y los häkim locales. En 2024 había 45 especialistas en trabajo social en 18 etrap; los servicios comunitarios solo cubrían parte del país y a una minoría de las personas vulnerables con necesidades complejas. Las normas de igualdad protegen la igualdad de derechos en el matrimonio y la vida familiar y prohíben la violencia física y psicológica en la familia, pero el Código Penal vigente no incluye un delito específico denominado violencia doméstica. La protección depende, por tanto, de disposiciones penales generales, medidas de derecho de familia y posibles restricciones o retirada de la patria potestad. No hay pruebas directas de una red nacional especializada de refugios para víctimas de violencia doméstica. Las encuestas disponibles indican que el 5,4 % de las mujeres de 18 a 59 años sufrió violencia de pareja durante el año anterior y que el 69 % de los niños de 1 a 14 años sufrió castigos físicos o agresiones psicológicas. Los cuidados se asocian sobre todo a las madres: el 89 % señaló a la madre como principal apoyo para la educación, frente al 41 % que señaló al padre, y solo el 14,8 % de los niños tenía padres que ayudaban con el aprendizaje. Los procedimientos son nacionales, pero su aplicación suele involucrar estructuras de los etrap, los velayat y los häkim locales. No existe una tabla única y fiable para 2026 con las tasas de registro, tribunales, actos notariales, adopción y servicios sociales; conviene confirmar el importe actual con la oficina responsable antes de presentar documentos.