Derecho civil en Tuvalu

El derecho civil en Tuvalu comprende las relaciones jurídicas entre personas y organizaciones privadas. Incluye capacidad jurídica, registro civil, contratos, arrendamiento residencial, tierra nativa, asuntos familiares, herencias, responsabilidad, demandas civiles y ejecución. La protección al consumidor y el empleo pertenecen principalmente a áreas jurídicas relacionadas, aunque un contrato o una demanda civil puede ser pertinente para una disputa concreta. La Constitución es la norma de mayor rango. Las leyes y normas subsidiarias establecen reglas específicas; el common law y la equity ingleses siguen aplicándose cuando corresponde, adaptados a Tuvalu. La equity aporta principios y recursos que complementan el common law. El derecho consuetudinario también tiene fuerza jurídica en ámbitos como relaciones familiares, tierra nativa, agua, recursos marinos, herencia, adopción, matrimonio, manutención, custodia, transacciones, razonabilidad y estado mental. Su efecto depende del asunto, la isla y la legislación aplicable. El registro civil se rige por la Civil Registration Act 2025. El Registrar General y los Island Registrars gestionan nacimientos, fallecimientos, matrimonios, cambios de nombre y adopciones. El registro de nacimiento es obligatorio. Si han pasado más de 12 meses, se necesita una solicitud de inscripción tardía y una orden de un assessor. Por lo general, las partes de un matrimonio deben tener al menos 18 años; una persona de entre 18 y 20 años suele necesitar consentimiento escrito de su progenitor o tutor, con las excepciones legales correspondientes. Normalmente, el aviso de matrimonio debe presentarse al menos 14 días antes de la ceremonia, exponerse durante 14 días y utilizarse dentro de tres meses. En la ceremonia deben estar presentes al menos dos testigos mayores de 18 años. Para matrimonios extranjeros se requiere el certificado original, pruebas relativas a la legislación extranjera y, cuando haga falta, traducción certificada al inglés. Los contratos pueden ser escritos, orales o surgir de la conducta. No se ha identificado una ley general de contratos en Tuvalu. Por eso siguen siendo centrales el common law y la equity, con leyes específicas para determinadas transacciones. La Sale of Goods Act puede establecer condiciones implícitas sobre titularidad, descripción, idoneidad y calidad comercializable. Entre las disputas civiles habituales figuran deudas impagadas, incumplimientos contractuales y reclamaciones de arrendamiento residencial. La tierra nativa se rige principalmente por la Native Lands Act, el Tuvalu Lands Code y el derecho consuetudinario. Los títulos inscritos suelen estar protegidos, pero la titularidad, los límites, la posesión, el uso y las transferencias pueden depender de mapas catastrales, reglas específicas de cada isla y propiedad consuetudinaria. Por regla general, la tierra nativa no puede transferirse a una persona no nativa, salvo excepciones legales que incluyen a la Crown, un Kaupule o una sociedad cooperativa registrada. En general, un arrendamiento nativo se limita a 21 años y cinco acres, y requiere aprobación e inscripción. Kaitasi significa propiedad comunal; la tierra comunal está controlada por el consejo pertinente. Los antiguos Land Courts y Land Court Appeal Panel se abolieron a partir del 3 de junio de 2022. Hay que confirmar con el registro judicial quién tiene actualmente jurisdicción sobre terrenos, ya que algunas descripciones antiguas en línea están desactualizadas. Los procedimientos familiares abarcan divorcio, custodia, tutela, visitas, manutención y división o transferencia de bienes. El Magistrate’s Court conoce de procedimientos matrimoniales si existe el vínculo legal requerido con Tuvalu. El divorcio se basa en la ruptura definitiva del matrimonio; entre los ejemplos figuran adulterio, abandono, crueldad, incapacidad mental o continuación irrazonable. Una reconciliación puede dar lugar a un aplazamiento generalmente de al menos tres meses, salvo que se aplique una excepción. La prioridad en decisiones de custodia es el bienestar del menor. Las órdenes de manutención impagadas pueden ejecutarse como deudas civiles. La herencia depende en gran medida de si los bienes son tierras nativas, la isla y las reglas consuetudinarias o de parentesco pertinentes. No se identificó en el material examinado un código general actual de sucesión intestada. Los testamentos sobre tierras nativas se registran mediante el sistema judicial correspondiente. Conforme al Lands Code, un testamento escrito debe estar firmado por el testador y dos testigos que no sean familiares ni beneficiarios. El High Court tiene jurisdicción sobre sucesiones y administración; las cuestiones sucesorias de personas no nativas requieren asesoramiento jurídico específico. La responsabilidad civil se basa principalmente en los ilícitos del common law y la equity. La negligencia suele requerir deber, incumplimiento, causalidad y daño. Otras reclamaciones pueden referirse a difamación, molestias, daños a bienes o acciones contra el Gobierno conforme a la Crown Proceedings Act. La Constitución prevé una indemnización pronta y adecuada si se priva a una persona de bienes; el tribunal competente determina la reclamación. Los Magistrates’ Courts funcionan en todo Tuvalu y pueden emitir citaciones, recibir pruebas, ordenar documentos, conceder recursos y facilitar acuerdos o reconciliación, dentro de los límites legales. La Small Claims Act cubre reclamaciones personales de hasta $1,000 por bienes, deudas o daños y ofrece un procedimiento menos formal. El High Court tiene jurisdicción civil originaria ilimitada, incluidos asuntos matrimoniales, de custodia, sucesión y administración, pero su jurisdicción sobre tierras está limitada cuando la Native Lands Act atribuye competencia a otra instancia. Las apelaciones del High Court se presentan ante el Court of Appeal. El arbitraje y otras formas de resolución de disputas pueden ser alternativas a un juicio completo. Los secretarios judiciales, el Sheriff y los bailiffs tramitan notificaciones y ejecuciones. Las sentencias pueden ejecutarse mediante procedimientos civiles, embargo, encarcelamiento por desacato y, en los casos pertinentes, pagos con cargo a salarios. Por lo general, las sentencias por deudas o daños del High Court devengan un interés anual del 5 % desde la fecha de la sentencia, conforme a las reglas aplicables. Las sentencias extranjeras pueden ejecutarse en virtud de la Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act. La Office of the People’s Lawyer ofrece asesoramiento jurídico, representación y resolución alternativa de disputas. Sus servicios civiles abarcan disputas privadas, asuntos familiares y de tierras, y asesoramiento urgente. La primera consulta es gratuita. Un ciudadano tuvaluano puede tener derecho a la exención de tasas si sus ingresos anuales son inferiores a $4,000 y sus bienes no relacionados con tierras son inferiores a $1,000. Las tarifas publicadas incluyen $20 por hora para asesoramiento general y asuntos del High Court, $10 por hora para el Magistrates’ Court y algunos tribunales, y multiplicadores superiores para personas no ciudadanas y algunas organizaciones. Las tasas judiciales publicadas para citaciones civiles del Magistrates’ Court van de $0.50 a $6.00 para reclamaciones de hasta $1,000, con una tasa aparte para medidas no monetarias; hay que confirmar con el registro si se han actualizado. La duración varía según las sesiones judiciales, notificaciones, viajes y circunstancias del caso.