Empleador en Tuvalu

La legislación laboral de Tuvalu define al empleador como la persona que emplea a otra. Una organización de empleadores es una organización constituida por al menos dos empleadores. El marco principal es la Ley de Relaciones Laborales y de Empleo de 2017, revisada en 2022, que suele aplicarse a empleadores, personas empleadas y lugares de trabajo, incluida la Corona. En la función pública, la Comisión de la Administración Pública (PSC) se ocupa de la contratación, los ascensos, la política de personal, la formación y el cumplimiento, mientras que la Orden Administrativa General (GAO) establece las condiciones, la conducta y la disciplina del servicio público. Las normas de la PSC pueden aplicarse en lugar de las disposiciones ordinarias de la ley sobre disciplina y despido cuando la función pública tiene su propio régimen. El mercado laboral de Tuvalu es pequeño y la administración pública desempeña un papel importante. En 2022, la población en edad de trabajar era de 7.288 personas, la población activa de 3.136 y el número de personas ocupadas de 2.937. Los trabajadores remunerados eran 2.847, incluidos 2.362 trabajadores formales y 485 informales; 90 personas trabajaban sin remuneración. El desempleo afectaba a 199 personas, o el 6,3 %, y la participación laboral era del 43,0 %. La administración pública, la defensa y la seguridad social constituían la categoría ISIC con más personas ocupadas registrada: el 10,6 % de la población de 15 años o más. No se publica localmente una proporción actual de empleadores públicos y privados; una estimación anterior de 2012, según la cual el Gobierno empleaba al 66 % de las personas trabajadoras remuneradas, sirve únicamente como contexto histórico. El empleo privado sigue siendo relativamente pequeño y repartido entre cooperativas, comercios, actividades comerciales y servicios, mientras que el empleo en el extranjero, la navegación y la pesca crean otras relaciones laborales. Si el empleo dura más de tres meses, el empleador debe proporcionar un contrato de servicio por escrito. El contrato debe incluir la información exigida en el Anexo II, llevar las firmas del empleador y de la persona empleada, y ser refrendado por el Secretario de Trabajo. La persona empleada recibe una copia. Si un contrato sujeto a este requisito no se refrenda debidamente, se considera indefinido. El empleador debe dar a la persona empleada la oportunidad de comprender el contrato y de obtener asesoramiento jurídico, sindical o ministerial antes de firmar. Un agente de contratación o de empleo privado necesita autorización escrita del Secretario de Trabajo, y no se puede cobrar a una persona empleada por los servicios del agente. El empleador paga el salario acordado y proporciona un comprobante salarial en cada ciclo de pago. Debe conservar los registros laborales durante seis años y entregarlos a un inspector de trabajo cuando se le soliciten. No puede efectuar deducciones no autorizadas. Por lo general, la jornada laboral normal se limita a ocho horas diarias y 40 semanales, con excepciones razonables. Las personas empleadas tienen al menos 12 horas de descanso diario y 48 horas de descanso semanal. Si la jornada supera las seis horas, debe incluir una pausa no remunerada de una hora para comer y una pausa remunerada de 20 minutos para tomar el té. Quien amamanta puede tomar dos pausas diarias de una hora hasta que el menor cumpla 12 meses. Las vacaciones remuneradas incluyen al menos 12 días tras completar un año, con derecho proporcional después de seis meses; al menos cinco días de baja por enfermedad al año; y hasta tres días de permiso por motivos familiares graves al año. Las bajas por maternidad y adopción duran 12 semanas con al menos el sueldo completo, mientras que el permiso de paternidad dura 10 días con al menos el sueldo completo y debe utilizarse dentro de los cuatro meses. El contrato exacto y las normas aplicables al servicio público pueden ofrecer condiciones adicionales. Los empleadores no deben discriminar en la contratación, la formación, los ascensos, las condiciones laborales ni la terminación por motivos de origen, raza, género, embarazo, responsabilidades familiares, edad, salud, VIH o sida, discapacidad, religión, opinión política, actividad sindical o participación en una reclamación. El acoso sexual está prohibido y los empleadores deben adoptar medidas preventivas razonables. Se exige igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. El trabajo forzoso está prohibido. Por lo general, no se puede emplear a menores de 15 años, salvo en trabajos ligeros permitidos, y el trabajo peligroso está prohibido para menores de 18 años. Los empleadores deben llevar el registro exigido de menores empleados. El empleador debe proporcionar un lugar de trabajo seguro con riesgos limitados para la salud. Esto incluye identificar y evaluar los peligros, eliminarlos o reducirlos, aislar o controlar los riesgos restantes, proporcionar equipo de protección personal, impartir información y formación, supervisar el trabajo y vigilar y registrar los asuntos de salud y seguridad. La Ley de Relaciones Laborales y de Empleo establece la base operativa de estas obligaciones. Según la investigación disponible, seguía preparándose una ley integral aparte sobre salud y seguridad en el trabajo; por ello, los empleadores deben cumplir los requisitos actuales del Ministerio y de inspección en lugar de suponer que la ley es la única fuente aplicable. Cuando no se aplique legalmente un arreglo de duración determinada, el contrato indefinido es la norma. En casos de incapacidad o conducta, el empleador debería dar una advertencia, ayuda razonable para mejorar y el preaviso exigido. Una falta grave puede justificar el despido inmediato. La terminación ordinaria requiere al menos una semana de preaviso. Una reducción de personal exige que no exista una oportunidad comparable de reasignación, que se cumpla cualquier convenio colectivo aplicable y que se dé al menos cuatro semanas de preaviso. Los empleadores también pueden tener que pagar los gastos de repatriación de una persona empleada que trajeron a Tuvalu, junto con los de su cónyuge e hijos. El salario final, las prestaciones y los permisos no utilizados deben liquidarse dentro de los 14 días posteriores a la terminación. El despido no es legal cuando se basa en características protegidas, una ausencia por enfermedad o lesión, la actividad o no afiliación sindical, una reclamación o procedimiento, o un permiso protegido por maternidad o paternidad. Las personas empleadas y los empleadores tienen libertad de asociación. El empleador no puede impedir, desalentar ni influir en la afiliación sindical. La negociación colectiva debe realizarse de buena fe e incluir el intercambio de información pertinente, salvo que exista un motivo legítimo para no revelarla. Un convenio colectivo debe presentarse ante el Registrador de Organizaciones Industriales dentro de los 28 días; su inscripción lo hace vinculante y exigible. En las conversaciones laborales tripartitas nacionales participan el Gobierno, la Organización Nacional del Sector Privado de Tuvalu (TNPSO) en representación de los empleadores y el Sindicato de Gente de Mar de Tuvalu, también conocido como TOSU, en representación de las personas trabajadoras. Las reclamaciones laborales deben tratarse primero en el lugar de trabajo. Tras un intento interno fallido, se puede presentar una reclamación no frívola al Secretario de Trabajo dentro de los tres meses posteriores a que el asunto haya llegado a conocimiento de la persona. La conciliación puede incluir intercambio de información, cartas, correos electrónicos, conversaciones telefónicas o reuniones. Un acuerdo escrito es definitivo y vinculante; las reclamaciones sin resolver pueden llegar a los tribunales. Las presuntas infracciones pueden remitirse a un inspector de trabajo o al Fiscal General. Las huelgas y los cierres patronales se limitan a reclamaciones relacionadas con un convenio colectivo y deben seguir el procedimiento legal. Los servicios esenciales, incluidos el transporte marítimo, los servicios aéreos y el control del tráfico aéreo, requieren un preaviso de al menos 20 días; por lo general, las demás acciones cubiertas requieren al menos tres días. La Junta de Salario Mínimo formula recomendaciones al menos cada tres años. Está integrada por representantes de las personas empleadas, los empleadores privados, la Comisión de la Administración Pública, Hacienda y el Ministerio responsable; el ministro puede emitir una orden de tasas salariales. En las fuentes oficiales revisadas no se encontró la tasa general actual de salario mínimo, por lo que el empleador debería comprobar la orden más reciente antes de fijar la remuneración. Una norma específica sobre tripulaciones pesqueras exige que las personas tripulantes cualificadas reciban al menos US$500 al mes y prevé gastos de viaje, seguro, salud y seguridad laboral, equipo de protección, alojamiento, comidas y necesidades básicas, sin tratar esas prestaciones como deducciones salariales. Las agencias de contratación de tripulaciones pesqueras deben ser tuvaluanas y estar autorizadas. Los costes del empleador incluyen salarios, permisos legales, medidas de seguridad en el lugar de trabajo, equipos de protección y formación, y a veces repatriación. Las fuentes disponibles no establecen una tasa general de cumplimiento para los empleadores. El Secretario de Trabajo, los inspectores de trabajo, el Registrador, la PSC y otros organismos responsables desempeñan las funciones pertinentes en materia de contratos, inspección, inscripción, contratación, conciliación y servicio público.