Derecho civil en el Reino Unido

En el Reino Unido, el derecho civil suele significar el derecho no penal y el procedimiento ante los tribunales civiles. No significa que todo el país siga un único código civil de estilo continental. Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen sistemas de justicia civil separados. Escocia puede utilizar términos como ilícito civil (delict), mientras que en Inglaterra y Gales se utiliza habitualmente tort, y también difieren los nombres de los tribunales y los procedimientos. Las controversias contractuales se refieren a promesas que la ley reconoce como vinculantes. Entre las preguntas habituales están qué se acordó, si se incumplió alguna cláusula, qué pérdida se produjo y qué reparación es adecuada. Los ilícitos civiles ajenos al contrato pueden generar responsabilidad por los daños. Algunos ejemplos son la negligencia, los daños a la propiedad, las molestias, la difamación y la interferencia con determinados derechos protegidos, aunque las reglas concretas varían. Las controversias sobre propiedad y vivienda pueden referirse a la titularidad, los límites, los arrendamientos, la ocupación, las reparaciones o la posesión. Los asuntos familiares y sucesorios también son civiles, pero suelen utilizar tribunales y procedimientos especializados. Normalmente, quien presenta una demanda civil solicita una reparación, como dinero, el cumplimiento de una obligación, la recuperación de una propiedad o una orden judicial que exija poner fin a una conducta. Un tribunal puede denegar una reparación que no esté respaldada, sea desproporcionada o se haya solicitado demasiado tarde. Por lo general, la persona que presenta una demanda civil debe demostrar el caso conforme al estándar civil de prueba. Ambas partes pueden tener que revelar documentos, presentar pruebas testimoniales y seguir las instrucciones procesales. La negociación, la mediación, los sistemas de reclamaciones y otros métodos de acuerdo pueden ahorrar tiempo, costes y estrés. Un acuerdo también puede producir soluciones prácticas que un tribunal no podría ordenar. El litigio civil puede implicar tasas, costas jurídicas, retrasos, problemas de ejecución e incertidumbre. La evaluación inicial debería considerar las pruebas, los plazos, la capacidad de la otra parte para cumplir una orden y si merece la pena continuar con la controversia.