El Estado de Vanuatu

La Constitución es la ley suprema de Vanuatu. El bislama es la lengua nacional, mientras que el bislama, el inglés y el francés son idiomas oficiales. La Constitución protege derechos y libertades, incluidos la igualdad, la religión, la expresión y el idioma, sujetos a la Constitución y a otras leyes. El kastom es una referencia reconocida en la vida pública, y el Consejo Nacional de Jefes Malvatumauri asesora en materia de costumbres, tradiciones, cultura, idiomas y paz social. El nakamal y otras instituciones consuetudinarias pueden ofrecer orden local o vías de resolución de disputas, pero su efecto jurídico depende de la Constitución, la legislación y la jurisdicción pertinente; en general, no sustituyen a los tribunales estatales. El Presidente es el Jefe de Estado y representa la unidad nacional. Un colegio electoral integrado por el Parlamento y los presidentes de los consejos de gobierno provinciales elige al Presidente. El poder ejecutivo corresponde al Primer Ministro y al Consejo de Ministros. El Parlamento elige al Primer Ministro y los ministros se eligen entre sus miembros. El gabinete no puede tener más de una cuarta parte de los miembros del Parlamento. El Parlamento tiene 52 miembros, promulga leyes, aprueba impuestos y gasto público, y fiscaliza al gobierno. Una moción de censura aprobada puede dar lugar a un cambio de gobierno conforme a la Constitución. Vanuatu está dividido en las provincias de Torba, Sanma, Penama, Malampa, Shefa y Tafea. Los consejos de gobierno provinciales administran los asuntos locales, el desarrollo y los servicios, con un Secretario General como máximo responsable ejecutivo de la provincia. Los consejos de área constituyen otro nivel local. Port Vila, Luganville y Lenakel tienen consejos municipales responsables de las tierras estatales urbanas, la planificación, los límites y los reglamentos municipales. El Departamento de Autoridades Locales del Ministerio del Interior apoya, coordina y supervisa las provincias y los consejos de área conforme a la Ley de Descentralización. El Departamento de Asuntos Urbanos y Planificación apoya a los municipios y la planificación urbana. El nivel responsable depende del servicio, la isla, la provincia o el municipio, y la distancia puede afectar el acceso. Los ministerios, departamentos y organismos gubernamentales nacionales administran los servicios públicos. La Oficina del Primer Ministro coordina el gobierno, mientras que, según la Ley de Servicio Público de 1998, los Directores Generales rinden cuentas al gobierno, al Parlamento y al público. La Comisión de Servicio Público supervisa la contratación, la integridad del personal y la prestación de un servicio público ético, justo y de calidad. Los formularios, registros, oficinas locales y procedimientos específicos varían entre organismos, y el acceso práctico puede depender del idioma, el transporte y la capacidad de la oficina responsable. El Ministerio de Finanzas y Gestión Económica prepara el presupuesto y gestiona los ingresos, la estabilidad fiscal, la deuda y la gestión de las finanzas públicas. El Parlamento aprueba las asignaciones presupuestarias, los impuestos y el gasto público. La estimación de ingresos recurrentes para 2026 es de VT 46,8 mil millones, y los libros del presupuesto de 2026 se publican en tres volúmenes. El gasto sigue el proceso de aprobación del presupuesto, asignación, gasto ministerial, contabilidad e informes. Los órganos constitucionales, ministerios y departamentos informan sobre el gasto, mientras que los proyectos financiados por donantes pueden requerir auditorías separadas. El Defensor del Pueblo es constitucionalmente independiente e investiga quejas y faltas de conducta relacionadas con organismos públicos, autoridades locales, dirigentes y empresas públicas. Las quejas son gratuitas y pueden incluir infracciones de derechos lingüísticos. El Auditor General y la Oficina Nacional de Auditoría examinan las cuentas públicas, la legalidad, el cumplimiento de las asignaciones y los activos públicos, e informan al Parlamento y al gobierno. Los comités parlamentarios ofrecen un control adicional. La capacidad de auditoría actual se centra especialmente en las cuentas consolidadas de todo el gobierno, en lugar de auditar por separado a cada ministerio. La Ley de Derecho a la Información de 2016, en vigor desde 2017 y modificada en 2019, obliga a los organismos gubernamentales a publicar información y tramitar solicitudes. Cualquier persona puede solicitar información; no se exige ciudadanía ni residencia. El trámite suele tardar unos 30 días y puede prorrogarse hasta 14 días. Una denegación puede someterse a revisión o apelación conforme al procedimiento aplicable. La Unidad de Derecho a la Información y el Comité Directivo del Derecho a la Información dependen del Departamento de Política Estratégica, Planificación y Coordinación de Ayuda. Entre las excepciones se incluyen ciertos registros consuetudinarios, privados y de medios públicos. El Parlamento también publica sus sesiones mediante Hansard. La Fuerza de Policía de Vanuatu mantiene la paz y el orden, protege la vida y los bienes, hace cumplir la ley y lleva ante los tribunales a presuntos infractores. Su Unidad Marítima realiza tareas de policía y vigilancia marítimas. La Fuerza Móvil de Vanuatu apoya principalmente la ley y el orden, ofrece una defensa inicial limitada ante amenazas externas y presta asistencia en caso de desastre, búsqueda y rescate y al Servicio de Bomberos. La Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, en la Oficina del Primer Ministro, coordina la política estratégica de seguridad, las evaluaciones de inteligencia y el trabajo interinstitucional. Los números de emergencia son 1111 o 111 para la policía, 113 para bomberos, 114 para asistencia marítima y 115 para servicios de Promedical. Los tribunales, comisarías, oficinas públicas, organismos provinciales, municipios y canales consuetudinarios tienen distintas vías de acceso, formularios, costos y plazos.