Convivencia en Yibuti

La Constitución de Yibuti establece la igualdad ante la ley sin distinción por idioma, origen, raza, sexo o religión. El árabe y el francés son idiomas oficiales, y el islam es la religión del Estado. La libertad de pensamiento, conciencia, religión, culto y opinión se ejerce dentro de la ley. La Constitución también protege la libertad de expresión, asociación y sindicación, sujeta a las formalidades legales; protege la inviolabilidad de las comunicaciones conforme a la ley, y reconoce la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos, sujeta a límites legales. Los extranjeros que residen regularmente reciben protección constitucional para su persona y sus bienes; el hogar y la propiedad también están protegidos por la legislación aplicable. La vida vecinal se organiza en quartiers, arrondissements, comunas y regiones. La ciudad de Yibuti tiene cinco arrondissements. El primero incluye los quartiers 1, 2, 3 y 4; el segundo incluye los quartiers 5, 6, 7, 7 bis, Arhiba y Stade; el tercero incluye Ambouli; el cuarto incluye PK20, Balbala 04 y PK12; y el quinto incluye Balbala 05, Hablayeh y Doraleh. Estas zonas reúnen comercios, administración, viviendas, actividad portuaria e industrial, espacios verdes y zonas militares, por lo que el acceso y las responsabilidades locales pueden variar. El prefecto, los subprefectos y la administración territorial coordinan las funciones públicas. La DAGR organiza los quartiers y trata con estructuras locales, incluidos los Okals, notables y chefs de quartier. Un Okal o notable puede ayudar a mediar en una disputa vecinal cotidiana o dirigir al residente a la autoridad adecuada. Si el asunto no se resuelve localmente, puede pasar al arrondissement o a la prefectura. No se ha documentado un servicio nacional unificado de mediación, por teléfono o internet; la mediación consuetudinaria o informal sigue siendo común. La Policía Nacional, bajo la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN), se ocupa del orden público, la protección de las personas y los bienes y la respuesta a delitos. Protección Civil es el canal pertinente para emergencias de riesgo civil. Si no hay peligro inmediato, un problema vecinal normalmente comienza con un chef de quartier, un Okal o un notable. Un delito, una amenaza grave o un riesgo urgente debe comunicarse directamente a la policía o al servicio de emergencia responsable, sin esperar a una mediación local. La Constitución permite la asociación y la participación cívica, sujetas a formalidades. La DAGR recibe las solicitudes de asociación y expide recibos (récépissés), mientras que el Ministerio del Interior registra y supervisa a las asociaciones. La información disponible no establece públicamente las tasas de inscripción ni los plazos de tramitación. En 2024, el Consejo de Ministros debatió una actualización del marco asociativo, mientras seguía citándose el marco anterior de 1901; por tanto, al constituir una asociación conviene confirmar cuál es la situación jurídica aplicable. Los partidos políticos no pueden identificarse por raza, etnia, sexo, religión, secta, idioma o región. Las concentraciones, procesiones, marchas y manifestaciones en la vía pública requieren autorización expresa conforme a la Ordonnance n°77-013. El texto de la ordenanza establece penas de 15 días a 6 meses de prisión para participantes no autorizados. La información disponible no publica el formulario actual, la autoridad operativa responsable, las tasas ni el plazo de tramitación; quienes organicen un acto deben verificar el procedimiento con la autoridad pertinente antes de anunciarlo. Las normas formales contra la discriminación coexisten en Yibuti con necesidades prácticas de inclusión que afectan a las personas refugiadas, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los migrantes. El tercer Censo General de Población y Vivienda de 2024, conocido como RGPH-3, incluyó a refugiados y solicitantes de asilo, y cartografió quartiers, viviendas e infraestructura comunitaria. Las actividades de inclusión comunitaria y económica apoyan las relaciones pacíficas entre las comunidades refugiadas y las de acogida. En 2026 se registraron unas 32.000 personas desplazadas por la fuerza, incluidas aproximadamente 23.000 personas refugiadas y 8.000 solicitantes de asilo, principalmente de Somalia, Etiopía y Yemen. Alrededor del 85 % vive en Ali Addeh, Holl-Holl y Markazi; el resto vive en zonas urbanas, incluida la ciudad de Yibuti. El acceso a servicios y protección se concentra más en la capital y es menor en las zonas rurales o fronterizas. La ONARS, el ACNUR, los comités comunitarios y las autoridades locales participan en los mecanismos de atención a las comunidades refugiadas y de acogida. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo están incluidas en sistemas nacionales como la educación, la salud y el empleo, pero el proceso práctico y los plazos pueden variar según el lugar y el caso. En las vías de protección por violencia de género, protección infantil y otros riesgos participan también el Ministerio de la Mujer y la Familia, UNICEF, la ONARS, el ACNUR y los comités comunitarios. Alrededor de tres de cada diez niños están expuestos a violencia y la prevalencia nacional de la mutilación genital femenina se cifra en el 70,7 % entre niñas y mujeres. Ante un peligro inmediato, se debe contactar con emergencias o la policía en vez de recurrir a la mediación informal. La convivencia digital se rige por requisitos de privacidad, confidencialidad y tratamiento lícito de datos. El Code Numérique n°19/AN/23/9ème L, fechado el 18 de septiembre de 2025, regula la recogida, conservación, uso y tratamiento de datos personales, y se aplica a las autoridades locales y a las personas en Yibuti. La Loi n°195/AN/25/9ème L, de 14 de diciembre de 2025, creó la Autoridad Nacional de Ciberseguridad (Autorité Nationale de Cybersécurité, ANC), dependiente de la Presidencia y de la DGSN. La ANC se ocupa de la ciberseguridad, la función nacional de respuesta a incidentes informáticos DJ-CERT, la manipulación y desinformación, la protección infantil en línea y la accesibilidad para personas con discapacidad. El Décret n°2023-109 prevé medidas de denuncia y retirada de contenidos ilícitos y riesgos para menores a través de proveedores de internet, la CNC y ANSIE. No se han publicado plazos de respuesta ni tasas para las denuncias. No se ha identificado en Yibuti un servicio nacional estandarizado ni un régimen especial para compartir vivienda y convivir. Las cuestiones de alquiler, propiedad y contratos de vivienda corresponden principalmente al ámbito de la vivienda. Por tanto, la resolución de disputas cotidianas de convivencia depende del acuerdo aplicable, la mediación local y los canales legales o de orden público generales, no de una única institución nacional dedicada a la convivencia. Los trámites de asociaciones, vecindarios, apoyo a personas refugiadas y seguridad digital tampoco tienen tasas o plazos de respuesta uniformes publicados; ante una solicitud o reclamación concreta hace falta confirmación administrativa local.