Familia en Zimbabue

Los hogares de Zimbabue tienen un promedio de 3,9 personas, y el 39,3 % está encabezado por mujeres. Las configuraciones familiares incluyen hogares con progenitores biológicos, familias extensas, hogares encabezados por personas mayores o niños y cuidados proporcionados por parientes. La Encuesta Demográfica y de Salud de Zimbabue 2023–24 halló que el 24,6 % de los menores de 18 años no vive con un progenitor biológico; la proporción es del 17,1 % en zonas urbanas y del 28,3 % en rurales. Otro 9,6 % ha perdido al menos a uno de sus progenitores. En los hogares con un huérfano o un niño que no vive con un progenitor biológico, lo más habitual es que el niño viva con un familiar. La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2019 registró que el 58,9 % de esos niños vivía en hogares encabezados por un familiar y el 38,7 % en hogares cuyo cabeza era otro pariente. El cuidado por parientes significa que los familiares se ocupan de las necesidades cotidianas del niño; por lo general, se prefiere el cuidado familiar si permite protegerlo. El artículo 25 de la Constitución exige que el Estado proteja y promueva a la familia y proporcione atención y asistencia a madres, padres y otros familiares con niños. El artículo 26 protege el consentimiento libre y pleno para contraer matrimonio, la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges y los intereses de los niños y cónyuges cuando termina un matrimonio o fallece un cónyuge. La Constitución concede a los adultos de 18 años o más el derecho a fundar una familia sin coacción; el artículo 78 no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 80 concede a las mujeres iguales derechos de custodia y tutela. Los menores de 18 años tienen derechos constitucionales a un nombre y apellido, inscripción oportuna del nacimiento, cuidado familiar o alternativo adecuado, protección, educación, atención sanitaria, nutrición y refugio. El interés superior del niño tiene prioridad y el Tribunal Superior es su tutor supremo. Las personas mayores de 70 años pueden reclamar asistencia familiar y estatal, mientras que las personas con discapacidad tienen derechos a la vida familiar, protección, tratamiento y apoyo. La Ley de Matrimonios de 2022 está vigente desde el 16 de septiembre de 2022. El matrimonio civil es monógamo. El matrimonio consuetudinario puede ser polígamo o potencialmente polígamo, y una persona no puede tener simultáneamente un matrimonio de derecho general y otro consuetudinario. Los matrimonios registrados reciben el mismo reconocimiento legal. Según la vía, puede oficiar un matrimonio un magistrado, ministro religioso o jefe tradicional. Ambos contrayentes deben dar su consentimiento libre y pleno. Están prohibidos el matrimonio infantil, el compromiso matrimonial y la promesa de matrimonio de cualquier menor de 18 años; el incumplimiento puede conllevar una pena máxima de cinco años de prisión. El matrimonio consuetudinario se celebra en el distrito correspondiente, con dos testigos familiares y una indagación sobre lobola o roora, el pago matrimonial consuetudinario. Una unión consuetudinaria no registrada debería registrarse en un plazo de tres meses; no registrarla no elimina sus efectos sobre la condición, tutela, custodia o derechos sucesorios de los hijos. Una unión civil es una relación doméstica entre un hombre y una mujer solteros de 18 años o más. No es un matrimonio, aunque la ley puede regularla cuando termina. El registro de matrimonios sigue siendo limitado. Entre las mujeres de 15 a 49 años que estaban en una unión, el 9,4 % declaró un matrimonio registrado: el 15,7 % en zonas urbanas y el 4,3 % en rurales. La edad mediana del primer matrimonio fue de 19,4 años para las mujeres y 24,9 años para los hombres de 25 a 49 años. Cerca del 10 % de las mujeres declaró tener una o más coesposas, frente al 13 % en zonas rurales y al 5 % en urbanas. La tarifa de registro vigente debe confirmarse en la oficina correspondiente porque la investigación disponible no proporciona una cantidad actual; un perfil antiguo de registro civil incluye una tarifa formal, pero no establece la tarifa vigente. La crianza y la planificación familiar también forman parte de la vida familiar. La tasa global de fecundidad es de 3,9 hijos por mujer: 3,1 en zonas urbanas y 4,6 en rurales. La edad mediana al primer parto entre mujeres de 25 a 49 años es de 20,1 años. Entre las mujeres de 15 a 19 años, el 23 % ha estado embarazada y el 17 % ha tenido un nacido vivo. El 9 % de las mujeres casadas tiene una necesidad insatisfecha de planificación familiar, y el 4 % declara haber sufrido presión para quedar embarazada. El Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud proporciona el marco público pertinente de planificación familiar. La inscripción de nacimientos es obligatoria conforme a la Ley de Registro de Nacimientos y Defunciones. El nacimiento debería notificarse en un plazo de 42 días. El padre o la madre, la persona responsable del lugar de nacimiento, el personal sanitario, un jefe de aldea, un testigo adulto u otra persona que cuide al niño pueden facilitar la información. El Departamento del Registrador General del Ministerio del Interior es responsable; la inscripción se tramita en una oficina del registro civil o, en algunos casos, en un hospital o centro de salud. La encuesta de 2023–24 halló que el 56,6 % de los menores de cinco años tenía un nacimiento registrado: el 42,8 % tenía certificado de nacimiento y el 13,7 % estaba inscrito sin certificado. La inscripción alcanzó el 64,8 % en zonas urbanas y el 52,2 % en rurales. Un perfil antiguo de registro civil señala que no se cobraba por la inscripción o el certificado y que podía haber exenciones, pero se deben confirmar los cargos vigentes. El certificado de nacimiento puede ser necesario para documentos de identidad, viajes, educación, voto, herencia y asistencia social. También es obligatorio registrar las defunciones. Por lo general, la notificación debe realizarse en un plazo de 30 días. Puede comunicarla un familiar adulto, la persona responsable del lugar de fallecimiento, un jefe de aldea, jefe tradicional, concejal u otro informante autorizado. En zonas rurales, un líder tradicional puede notificar las defunciones naturales. El Departamento del Registrador General emite el acta, que puede ser necesaria para asuntos de herencia, administración de sucesiones, propiedad y seguros. El perfil de registro civil disponible indica que no se cobraba, pero sus tarifas corresponden a 2016–17 y no deben considerarse vigentes. Los padres y tutores son responsables del cuidado, control, salud, educación y refugio conforme a la Ley de la Infancia y la Ley de Enmienda de la Infancia de 2023. El abandono, los abusos, la desatención, el trabajo infantil peligroso, la falta de cuidados y la ausencia de apoyo relacionado con la discapacidad pueden dar lugar a medidas de protección infantil. El Departamento de Desarrollo Social del Ministerio de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social coordina los servicios mediante el Sistema Nacional de Gestión de Casos. Los funcionarios de protección infantil, servicios de libertad vigilada, comités de protección infantil, trabajadores comunitarios de cuidado infantil, iniciativas para padres y servicios sensibles al VIH y la discapacidad pueden ayudar a las familias. Los servicios de identificación, documentación, búsqueda y reunificación pueden ayudar a restablecer un cuidado familiar seguro. La adopción suele ser inadecuada cuando el niño tiene vínculos familiares cercanos viables; la tutela puede proteger mejor su relación con los parientes. El acogimiento familiar es una alternativa temporal durante una crisis en la familia de origen. La persona solicitante presenta la solicitud en la Oficina Distrital de Desarrollo Social y pasa por una evaluación social, presenta tres referencias, completa la verificación policial y queda inscrita en el Registro de Acogimiento Familiar. Un funcionario de protección infantil presenta el caso ante el tribunal. La orden de acogimiento puede durar hasta tres años y se revisa después. Las tarifas se tramitan mediante la Oficina Distrital de Desarrollo Social, pero la investigación disponible no indica el monto vigente. La adopción transfiere permanentemente derechos y deberes parentales. En general, la orientación ministerial exige que el adoptante tenga al menos 25 años, sea al menos 21 años mayor que el niño, ciudadano de Zimbabue, se someta a un examen médico y cuente con el consentimiento de los progenitores, tutores y cónyuge afectados cuando sea necesario. Según la orientación indicada, un solicitante varón sin pareja no puede adoptar a una menor. El Tribunal Superior tiene la autoridad pertinente, pero la investigación disponible no determina las tarifas ni el plazo de tramitación vigentes. Un pariente, una persona que ya tenga el cuidado o la custodia, o un funcionario de libertad vigilada puede solicitar la tutela ante el Tribunal de la Infancia cuando el tutor natural esté ausente o no pueda proteger al niño. El tribunal se centra en el bienestar y el interés superior del niño. Por lo general, la notificación se realiza con entre 7 y 30 días de antelación; el Tribunal Superior puede revisar la orden en virtud de su función de tutor supremo. Las mujeres tienen los mismos derechos constitucionales de custodia y tutela. Algunos hogares vulnerables pueden reunir los requisitos para programas de protección social. La Transferencia Social de Efectivo Armonizada se ejecuta mediante ZimLAC y el Atlas de Pobreza en determinados distritos con altos niveles de pobreza. Se dirige a hogares vulnerables que pueden incluir un miembro con enfermedad crónica, un cabeza de hogar mayor, un niño cabeza de hogar, una persona con discapacidad o un elevado índice de dependencia. La inscripción se realiza a nivel local y de distrito; la investigación disponible no indica los montos de las prestaciones ni las fechas de pago vigentes. El Módulo de Asistencia para la Educación Básica, creado en 2002, puede eximir del pago de matrículas, tasas, exámenes y alojamiento en internados de escuelas especiales. Está dirigido a niños de hogares encabezados por menores, afectados por limitaciones laborales o la orfandad, que hayan dejado la escuela por su costo, vivan o trabajen en la calle o tengan un tutor incapacitado. Las comunidades proponen los casos; la selección anual incluye al Inspector Escolar de Distrito y al Funcionario Distrital de Desarrollo Social, y luego se tramita a nivel provincial. La línea telefónica del Ministerio de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social es 1980. La Ley contra la Violencia Doméstica abarca cónyuges actuales, anteriores o separados, hijos biológicos, adoptados o hijastros, convivientes y parejas íntimas. Un agente de policía, funcionario de bienestar social, empleador, organización religiosa, organización voluntaria privada, familiar, vecino, compañero de trabajo o consejero puede representar o ayudar a la persona denunciante. La solicitud de una orden de protección puede presentarla la persona afectada, un representante o un cuidador en una comisaría, incluso en una sección de violencia doméstica, atención a víctimas o asuntos familiares. El tribunal debería recibir la solicitud en un plazo máximo de 48 horas. Las órdenes pueden exigir que el agresor se mantenga alejado o cese el contacto y pueden disponer refugio, atención médica, dinero de emergencia, necesidades del hogar, gastos escolares, alquiler, custodia temporal y asesoramiento. El incumplimiento de una orden puede conllevar hasta cinco años de prisión. En todas las comisarías operan coordinadores de la Unidad de Atención a Víctimas de la Policía de la República de Zimbabue. Los Centros Integrales del Ministerio de Asuntos de la Mujer constan oficialmente en Harare, Mashonalandia Central, Mashonalandia Occidental, Midlands, Bulawayo, Matabelelandia del Sur y Manicalandia, pero no se ha establecido una cobertura nacional completa. La separación, el divorcio y la manutención se tramitan por varias vías legales. Conforme a la Ley de Causas Matrimoniales, los tribunales pueden decidir sobre divorcio, separación, nulidad, custodia, manutención de hijos o cónyuges y bienes familiares. Consideran ingresos, activos, recursos, necesidades, nivel de vida familiar, educación de los hijos, edad, salud y contribuciones directas o indirectas, incluidas las tareas domésticas y de cuidados. La disolución de una unión civil sigue un mecanismo jurídico similar, conforme a los artículos 7 a 11. Según la Ley de Manutención y la Ley de la Infancia, el Tribunal de la Infancia puede dictar una orden de contribución, mientras que el Tribunal de Manutención puede ordenar pagos periódicos y disponer que se ejecuten mediante deducciones salariales. La investigación disponible no establece las tarifas de presentación ni los plazos vigentes. Tras una muerte, la Ley de Manutención Familiar de Personas Fallecidas puede proteger a personas dependientes que carezcan de apoyo adecuado. Entre ellas pueden figurar un cónyuge superviviente o divorciado con derecho a manutención, un hijo menor, un hijo adulto con discapacidad, un progenitor u otra persona mantenida por la persona fallecida. La solicitud puede presentarse ante el Administrador General de Sucesiones o un Magistrado Provincial. El plazo general es de tres meses desde la emisión de las cartas de administración, o desde la muerte cuando se haya dispensado el requisito de albacea. El Tribunal Superior o un tribunal regional pueden conocer la reclamación. Este procedimiento se refiere a la manutención familiar; las reglas de herencia importan solo en la medida en que afecten al cuidado o la dependencia. Los servicios formales conviven con la aplicación distrital, las prácticas consuetudinarias y las redes familiares extensas. Los tribunales, registros y leyes ofrecen mecanismos formales. El Sistema Nacional de Gestión de Casos, los comités comunitarios y la selección de ayudas escolares proporcionan apoyo administrativo no formal. El cuidado por parientes, las prácticas matrimoniales consuetudinarias y el apoyo de la familia extensa son soluciones informales o comunitarias. El acceso urbano y rural difiere más claramente en el registro de matrimonios y nacimientos, los niños que viven separados de sus progenitores biológicos y el acceso a la protección frente a la violencia doméstica. La investigación disponible no establece normas familiares específicas por ciudad o provincia, así que se deben confirmar con la oficina distrital o provincial correspondiente la capacidad actual de los servicios, las tarifas, los montos de prestaciones y los plazos de tramitación.